Sergio Castro Bibriesca / @SergioBibriesca
(3 de agosto, 2014).- En el apartado titulado “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, del Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, en el inciso 5.4.4 “Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria”, se habla del Programa Frontera Sur; se menciona que “busca avanzar hacia una frontera más ordenada y más humana”.
Sin embargo, para diferentes organizaciones civiles que trabajan temas migratorios, como la Comisión Mesoamericana de Juristas (CMJ), el Programa Frontera Sur “contempla medidas que refuerzan tanto los controles policiacos como la visión de seguridad nacional, control y criminalización de las personas migrantes, poniéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo en su tránsito por el país”.
Además de que el Programa Frontera Sur obliga a los migrantes en tránsito a buscar rutas alternas que pueden ser riesgosas, para José Antonio Guevara, titular de la CMJ, el derecho a la libertad personal, “que es un derecho que todas las personas tenemos por ser personas, se encuentra en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos a los que México suscribe, no es respetado”; además, menciona Guevara, está la “libertad de tránsito, y no solamente puede referirse a los migrantes, sino de los mexicanos”.
Guevara menciona que la autoridad migratoria no puede solicitarle a ningún mexicano un documento que acredite su legal estancia en el país. Al no poder realizarlo con los mexicanos, el presidente de la CMJ se cuestiona el porqué sí lo hacen con los migrantes en tránsito… “por criterios discriminatorios”; por ejemplo, el color de la piel, “como si hubiera un color de piel único en el país”, el idioma, la forma en la que visten o por el estereotipo que tengan los policías migratorios.
En días pasados, caravanas de policías federales mexicanos y empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) comenzaron a bajar de “La Bestia” a migrantes que ya estaban a bordo de los vagones y los ha enviado a centros de detención migratoria. Frontera Sur, contempla la instalación de retenes en las carreteras para revisar la documentación de los pasajeros de buses interestatales.
En un comunicado de prensa, la CMJ “considera que una medida contundente de respeto a los derechos humanos por parte del Programa debiera ser la eliminación de la detención administrativa generalizada de personas migrantes una vez que ingresaron al territorio nacional”. En declaraciones pasadas, Santiago Corcuera, vicepresidente de la misma organización, explicó que “una cosa es la facultad que tiene todo Estado de cuidar sus fronteras y decir quién pasa o no; y otra cosa es cuando ya la persona está en territorio nacional”. Asimismo, José Antonio Guevara explica que con los retenes migratorios en puntos distintos a los de entrada y salida internacional de personas se generan actos de violencia a nacionales y a no nacionales, “y a estos últimos basados en acciones discriminatorias”.
El Programa Frontera Sur, como viene establecido en el Segundo Informe de Peña Nieto, “establecerá́ su operación a partir de cinco líneas de acción: paso formal y ordenado; ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes; protección y acción social a favor de los migrantes; corresponsabilidad regional y coordinación interinstitucional”.
Por lo pronto, la cantidad en el flujo de migrantes ha bajado considerablemente ; en días pasados se detuvieron a 15 indocumentados en un tren que en tiempos no lejanos solía transportar entre 600 y un millar de migrantes, así lo han manifestado funcionarios estadounidenses y mexicanos.
