El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Hueta dio a conocer que solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reabrir el caso Chalchihuapan para que se inicie una correcta investigación.
Lo anterior dijo es para que se haga justicia debido a que fue un compromiso que adquirió con la gente de Chalchihuapan.
“El tema Chalchihuapan, a nivel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una vez que haya condiciones para hacerlo, el Poder Ejecutivo del estado va a solicitar su reapertura para que se haga la investigación que debió haberse hecho y vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reabra el caso, no para juzgar a un muerto, que se investigue y se haga justicia”, manifestó.
Fue en julio de 2014 que decenas de pueblos, cerraron carreteras y caminos, en protesta porque el gobierno del estado, encabezado entonces por el panista, Rafael Moreno Valle Rosas, les arrebató a las juntas auxiliares la administración del registro civil.
En el caso de las personas de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, tomaron la carretera federal y también la autopista Puebla–Atlixco, lo que motivó una represión de magnitudes brutales por parte de la Policía Estatal.
Como resultado del enfrentamiento hubo más de 100 heridos, algunos con lesiones permanentes para volver a hablar o a caminar. La principal víctima fue el niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo, quien fue lesionado gravemente en la cabeza por un tanque de gas lacrimógeno disparado por los uniformados, cuya herida le quitó la vida cinco días después.
Ante la situación, seis policías fueron detenidos, los cuales lograron su libertad la noche del 24 de diciembre de 2014 . En 2015, el Poder Ejecutivo, con el entonces procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, fabricó pruebas y culpables, responsabilizando a los vecinos de Chalchihuapan de la agresión al menor, asegurando que lo habían asesinado con un cohetón.
Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhibió al gobierno de Moreno Valle por las falacias de sus supuestas indagatorias y obligó a la administración estatal a reparar los daños y pedir disculpas a Elia Tamayo, la madre del infante.
