El actual modelo de seguridad en México es muy preocupante desde la perspectiva de las garantías fundamentales, señaló el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Poco antes que la Ley de Seguridad Interior se aprobara en lo general en la Cámara de Diputados y que da paso a la legalización de la participación de las fuerzas armadas en tareas anticrimen–, señaló que “es necesario revisar lo que ha funcionado y lo que no de la actual estrategia, y regresar a los militares a los cuarteles en forma gradual”.
También convocó a una discusión abierta y amplia, con la participación no sólo de los políticos, sino de la sociedad en su conjunto, para analizar el papel que desempeñan los militares en esas tácticas y el modelo de seguridad que México necesita.
Dijo, durante la entrevista a La Jornada, que “desde 2006 las violaciones a derechos humanos se multiplicaron, además de que, mientras entre 2004 y 2006 las tasas de homicidios se mantuvieron en el nivel histórico más bajo, de 2006 a la fecha crecieron y hoy son las más altas. Aunque evitó profundizar sobre la nueva ley”.
“Se necesita una reflexión sobre una posible salida de este paradigma (estrategia) y dar más fuerza a las policías en varios niveles, pero también es necesario un enfoque más amplio en la dimensión preventiva. El problema no se resuelve al legislar (elementos) que petrifiquen el statu quo. Lo digo con reserva del contenido (de la ley), pero a nuestra oficina no le parece que, en la forma en que se propuso, se dé impulso para el cambio de paradigma.”
Jarab recomendó que “en lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es mejor fortalecer las policías civiles de todos los niveles, lo que no se hizo en la década reciente, y que se impulsen políticas que aporten a la prevención, no a la represión, como el combate a la pobreza, el desarrollo de la economía y la creación de oportunidades”.
Añadió que se necesita una evaluación de cómo funcionó durante 10 años esta estrategia. Y que quienes quieren continuar con ella o legislar para que continúe, deben explicar por qué están convencidos de que funcionó.
Jarab, dijo que se debe “combatir la impunidad, garantizar que los perpetradores de homicidios, desapariciones, secuestros y otros delitos sean procesados; que cuando hay colusión entre servidores públicos y delincuentes se sancione y procese a esos funcionarios, eso es fortalecer el estado de derecho”.
