Por: Valentina Pérez Botero
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El 30 de enero las calles de Reforma, en la ciudad de México, se llenaron de lo que fue y continúa siendo la marcha más grande de lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la consigna era: ¡No al maíz transgénico
La preocupación de las organizaciones que se oponen a la liberación comercial del maíz transgénico insisten en los perjuicios que ocasionaría: México es centro de origen y diversificación del país , el grano es cimiento tanto cultural como gastronómico y, además, el principio precautorio –que insta a abstenerse de sembrarlo por no poder corroborar su inocuidad en la salud y en el medio ambiente- debería detener cualquier permiso que autorice su cosecha.
Las empresas agrobioindustriales como Monsanto , solicitaron permisos para la siembra comercial del grano –la última etapa previa a su liberación después de piloto y experimental- desde el año pasado, pero durante semana santa, como lo habían advertido los movimientos sociales que se manifestaron la semana previa al asueto religiosos frente al Alto Comisionado de la Naciones Unidas, fueron solicitados nuevas autorizaciones.
La página de internet de la Secretaría de la Comisión de Bioseguridad de Organismos genéticamente Modificados (Cibiogem) muestra el registro de 15 solicitudes de siembra comercial de maíz y algodón transgénico, inscritas el 26 de marzo de 2013, en los estados norteños de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California Sur y en el occidente de la república en el estado de Michoacán –lo que equivale al 20 por ciento de los estados del país-.
La variedades que pretenden sembrar son semillas resistentes al herbicida glifosato, que también fabrica y comercializa Monsanto, resistente a insectos lepidópteros y coleópteros. Además de las contraindicaciones médicas que destacan los opositores, el negocio de los transgénicos tiene una potente arista económica que implica la dependencia de los campesinos a los insumos suministrados por estas transnacionales.
Con el fin de que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) niegue estos permisos y retire las autorizaciones de siembra experimental y piloto que ya operan en el país, la organización ambientalista Greenpeace lanzó una campaña “EPN: ¿transgénicos sí o no?” con el fin de recolectar firmas –ya llevan 20 mil-, que serán enviadas al ejecutivo, para insistir en ese No a los transgénicos que se ha expresado a lo largo de las intensiones de su intromisión a territorio nacional.
La campaña de Greenpeace hace eco en llamados de otras instituciones como la asociación de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) lanzó un comunicado de prensa en el que hacen “un llamado para que las instancias gubernamentales responsables de proteger el campo, la salud, la economía campesina y la soberanía alimentaria nieguen esos permisos y declaren al territorio mexicano libre de transgénicos.”
