(06 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El encarcelamiento y persecución de autoridades ejidales y luchadores sociales de los pueblos del Popocatépetl, en Puebla, que se han opuesto al Proyecto Integral Morelos (PIM), se ha facilitado debido a que hace un año, el congreso del estado de Puebla aprobó la Ley de Expropiaciones, que posibilita el despojo abierto de comunidades y pueblos una vez que el Estado “justifique” la realización de alguna obra al denominarla como de “utilidad pública”, siendo el caso más representativo el PIM, motivo por el cual en múltiples ocasiones los jueces han rechazado los amparos de los afectados.
El 21 de febrero de este año, a la comunidad de San Miguel Papaxtla, Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, llegaron las Policías Estatal, Federal y el Ejército, quienes protegían a trabajadores de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la empresa italiana Bonatti S.P.A. encargados de continuar el desarrollo del gasoducto que forma parte del PIM.
Claudio Rosas Grande y su familia, dueños del predio, fueron víctimas de desalojo forzado en aquella ocasión por personas que se dijeron representantes de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla. A Grande le afirmaron que su propiedad había sido expropiada, y que se le daría una notificación, sin embargo ningún documento les fue entregado.
Ésta no fue la primera vez que la familia padeció hostigamiento, a decir por ellos, ya en reiteradas ocasiones habían sido presionados por medio de amenazas e intimidación, por parte de CFE para vender su propiedad, donde se construiría el gasoducto del PIM.
El PIM, consistente en la construcción de dos centrales termoeléctricas en Morelos, un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como infraestructura complementaria. Dicho proyecto fue concesionado a tres empresas españolas, Elecnor y Enagas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas, esto con una inversión total cercana a los mil 600 millones de dólares.
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Los 3 estados que se ven afectados por el PIM, han vivido la imposición y la amenaza. En ninguno de dichos estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios, que sus propiedades se verían afectadas por la construcción de la obra, que inició en mayo de 2011.
La población poblana cercana a los terrenos de construcción del PIM, asegura que ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la CFE, comunicaron los detalles del proyecto. Tampoco se dio a conocer a los organismos estatales y municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de dicha obra implica, principalmente el peligro de la operación de una instalación que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.
Según el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, “la instalación del Gasoducto Morelos hará de Puebla un polo de desarrollo industrial, propiciando la generación de empleos, la economía y el bienestar social en la entidad, y no representa ningún riesgo en su construcción u operación para los habitantes de los quince municipios que atraviesa”.
El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) explica que, “en varias ocasiones se le ha advertido a la CFE y a la Comisión Reguladora de energía (CRE) sobre los riesgos del gasoducto, dentro de los que se encuentran, 23 km del ducto que quedarían dentro de la zona de peligro moderado de flujos volcánicos, 78 km dentro de la zona de peligro menor, por lo que el peligro lo califica de ‘significativo’; 107 km del ducto se encontrarían en zona de peligro moderado en caso de la caída de materiales volcánicos; el ducto pasaría por zona de peligros por derrumbes gigantes, ubicada en el flanco sur del Volcán; de ocurrir implicaría la destrucción del gasoducto y de la población existente; 4. 34 km del ducto cruzarían por zona de peligro mayor por fluidos de lodo y por la zona de peligro moderado en varias comunidades ubicadas al sur del Volcán. Este tipo de afectaciones jamás las consideraron ni CFE, ni las empresas españolas”.
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Asimismo representantes del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México afirman, “existe una gran preocupación sobre los resultados que podría llegar a tener el PIM. No ha sido prudente el tratamiento que se ha dado a las estimaciones del riesgo volcánico, es inconsciente minimizar los peligros que del Volcán Popocatépetl pudiese emanar. Sumado a esto se atraviesan un número considerable de cauces, cuencas y barrancas que representan los segmentos más vulnerables por lo que deben ser cuidadosamente re evaluados”.
Agregan que “hasta el momento ni autoridades ni pobladores saben cuál es el trazo definitivo del gasoducto y en consecuencia, es imposible conocer sus impactos sociales y ambientales, por lo que no se explica cómo puede existir una autorización sin haberse realizado todos y cada uno de los estudios pertinentes en cada una de las comunidades, por donde se pretende pasarlo si este dato aún está en construcción”.
El científico Alfonso Barragán Fonseca afirma “Moreno Valle sin freno, caracterizado por ser el dictadorcillo asesino y mercenario, ha repartido más de 300 concesiones para la explotación del suelo, para desarrollar proyectos de mineras, gaseoductos, termoeléctricas, hidroeléctricos y parques eólicos, todos sobre tierras con dueño, que en los últimos años han sido amenazados o presos”.
La senadora Dolores Padierna destaca “de acuerdo a información de organizaciones civiles y grupos de abogados y familiares, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Poder Judicial de Puebla, no ponen límite a las violaciones a los derechos humanos cometidas por Moreno Valle que actúa al servicio del Poder Ejecutivo”.
“Al contrario, según las organizaciones, tanto el Poder Judicial como la Comisión, actúan al servicio del gobernador y legitiman las violaciones a los derechos humanos en contra de activistas, defensores, autoridades indígenas y cualquier persona que públicamente se atreva a discrepar de él. En Puebla no hay ninguna institución que limite o evite las arbitrariedades cometidas por el gobernador, como lo hace hoy con los activistas que rechazan el PIM”, puntualiza la legisladora.
Barragán Fonseca afirma “el gasoducto de Puebla significa para Moreno Valle dinero, poder y favores del ejecutivo, y por ello practica, de forma ilimitada, la persecución y detenciones de activistas y sociedad civil que se han opuesto al proyecto. Así es como para este gobernador, la libertad, integridad y el acceso a la justicia, son los enemigos de su mandato”.
“Además de el peligro que representa que el gasoducto se construya en zona volcánica, éste expedirá a la atmósfera óxido de nitrógeno y de azufre, el cual al combinarse, regresará a la tierra transformado en una lluvia ácida, lo que provocará contaminación del agua, porque se acidificará y generará sustancias de metales pesados que dañan, de forma permanente, algunos órganos como el hígado y los riñones del humano”, explica Barragán Fonseca.
Moreno Valle ha reiterado que “la obra representará un beneficio directo para la industria ya instalada en Cuautlancingo, Coronango y San Martín Texmelucan, así como en San José Chiapa, por ser el gas natural un combustible más económico y más amigable al medio ambiente”.
Sin embargo, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) considera que “el proyecto no es viable ni procedente y mucho menos amigable, ya que debido al trazo del gasoducto podría, ante una erupción, correr flujos de lava y piroclásticos, además de la caída de material volcánico y derrumbes lo que conlleva a poner en máxima alerta a la población que radica en los municipios de Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Ocoyucan, Atlixco, Nealtican,
Barragán Fonseca afirma “la población poblana en ningún momento podría beneficiarse con el PIM, este proyecto es sólo consecuencia del servilismo del ejecutivo estatal, ante los acuerdos cupulares con la oligarquía internacional”.
Sobre el tema, el mes pasado la Comisión de Energía, de la Cámara de Senadores, acordó solicitar a los titulares de la CFE y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dar respuesta a la brevedad al cuestionario que les será enviado por la Presidencia de la comisión sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales del Proyecto Integral Morelos y del Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.
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