(2 de julio del 2014).- Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, denunciaron que la administración de Rafael Moreno Valle está apuntando todo su aparato gubernamental, así como una estrategia mediática, con el fin de ejecutar 60 órdenes de aprehensión en contra suya y fincarles responsabilidades por la muerte de un niño y al menos cuatros heridos más durante un enfrentamiento con la policía estatal.
“Nos están fincando responsabilidades de todo tipo, inclusive la muerte del menor”, señalaron pobladores de la junta auxiliar.
De acuerdo a la versión que ha comenzado a difundir el gobierno del estatal sobre la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y, las lesiones que se presentaron a otras cuatro personas, no fueron provocados por las bombas de gas lacrimógeno que granaderos dispararon contra un grupo de manifestantes, sino por los cohetes disparados por los inconformes en un enfrentamiento que tuvo lugar el pasado 9 de julio, sobre la carretera Atlixco-Puebla.
El procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, sentenció que ya tienen identificadas a algunas de las personas que supuestamente provocaron la muerte del menor y las otras personas. Tesis con lo cual, se ha omitido actuar en contra de las autoridades que usaron latas de gas lacrimógeno y balas de goma, presuntamente disparadas al cuerpo.
Ante esta situación, algunos paisanos en Estados Unidos presentaron su renuncia como miembros honorarios del consejo consultivo de la Casa del Migrante Poblano, en Los Ángeles, California, como señal de inconformidad por el caso Chalchihuapan, informó el periódico local Intolerancia Diario.
“Su servidor Carlos Orea y las comunidades que representamos, le hacemos de su conocimiento nuestro total rechazo, a la persecución de la que son victima nuestros hermanos y familias que radican en el estado de Puebla. Hemos seguido muy de cerca estas políticas de represión y miedo que ejerce el gobernador Rafael Moreno Valle en contra de nuestras comunidades, las cuales rechazamos tajantemente”, expusieron en conferencia de prensa.
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Desde el pasado 19 de julio, cuando trascendió la muerte del niño que salía de su escuela cuando fue alcanzado por un proyectil, el gobierno de Puebla elaboró una hipótesis que entonces se antojaba como exclusivamente política: los pobladores, al lanzar un cohetón con el objeto de repeler el avance policiaco, generó una “onda explosiva” que le provocó una fractura de cráneo.
Dentro de esta especulación además, culparon a la diputada federal, Roxana Luna, dirigente de la organización “Los de Abajo”, por convocar a una manifestación en donde se usaron balas de goma y latas de gas lacrimógeno en contra de los manifestantes.
Varios dictámenes médicos y forenses, sin embargo, concluyeron que José Luis Tehuatlie Tamayo no pudo haber sido muerto por un cohete.
Ya que la cabeza del niño, lo que coincide con el testimonio de la madre que lo acompañaba ese día, no presentaba rastros de pólvora ni tampoco quemaduras. De hecho, dijeron, que la herida pudo haber sido provocada por un objeto frío, lanzado con la suficiente fuerza para fracturarle la cabeza.
La administración de Rafael Moreno Valle ha sido objeto de duras críticas desde que el pasado 20 de mayo, promovió una nueva ley que posibilita el uso de balas de gomas y proyectiles de fuego para disolver manifestaciones. Dicha legislación fue conocida como la “Ley Bala”.
Otra de las críticas, es la “vehemencia” con la que ha perseguido a luchadores sociales, defensores de derechos humanos, políticos y activistas que se han opuesto a los proyectos de su gobierno. Algunos de éstos han acusado a su administración, de tratar de limpiar su imagen para postularse como candidato del Partido Acción Nacional, a la presidencia de la República en el 2018.
