Por Lilia Arellano
(09 de marzo, 2014).- Por fin vio la luz el que se incluyera la consulta popular en la Constitución. Salieron ya las reglas secundarias y en ellas resaltan las prohibiciones, ya que si bien se considera que podrán consultarse “todos los temas de trascendencia nacional”, resulta que hay sus excepciones y que estas son: los derechos humanos –sobre los que tenemos una calificación interna y externa muy baja-; la composición de México como una república representativa, democrática, laica y federal –o sea nada que afecte el modelito actual-; la seguridad nacional -imposición absoluta y, por lo tanto, tácita aceptación de que el gobierno puede abdicar de sus obligaciones de asegurarlas nombrando cuantos cuerpos policiacos con ciudadanos considere necesarios-; el funcionamiento de las fuerzas armadas –ni comentar respecto a los uniformados, su lealtad de los poderes constituidos antes que la que deben a su propio pueblo- y lo mejor: los ingresos y gastos del Estado –esos siguen siendo aprobados por diputados y llevados a la práctica de acuerdo con la voluntad de los Ejecutivos en turno que, como se ha visto, desarman las partidas, las alteran, se sobregiran y no puede ningún ciudadanos levantar la voz, independientemente de que, como la reforma energética altera ingresos y egresos la incluyen en este apartado-.
Si se logra la firma de un millón 600 mil ciudadanos, puede irse a cualquier consulta que no esté enmarcada dentro de las “prohibidas”, de otra suerte sólo puede solicitarla el Ejecutivo federal o si se ponen de acuerdo, el 33 por ciento de los senadores o los diputados. Para su realización, tiene que entregarse un documento en cualquiera de las cámaras y en él se marcará una sola interrogante que no tenga ninguna tendencia juiciosa para que sólo pueda responderse con un si o un no. Al Poder Ejecutivo lo limitan a una sola consulta cada tres años y en el caso de los legisladores, tendrá que pasarse la solicitud al pleno de la cámara de origen y luego enviarla a la otra cámara que será revisora y dará el visto bueno. En ambos casos, las solicitudes terminarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ruta ciudadana marca al INE para que haga las verificaciones de firmas y credenciales que las amparen y las enviará también a la Corte. Es este Instituto, el único facultado para organizar las consultas y dar a conocer los resultados y sólo podrán llevarse a cabo en las jornadas de elecciones federales, es decir cada tres años, y tendrán efecto sólo si la participación incluye al 40 por ciento de los empadronados, es decir unos 30 millones de electores. De esta manera dan carpetazo a un tema que ha causado controversia y que se significaba como un reclamo social para poder participar en decisiones que se consideran trascendentes para la vida presente y futura del país. Con las limitaciones quedó todo lo suficientemente claro y solamente se verán desfilar, si así lo quieren, los temas del corazón o los de la mariguana, o tal vez los permisos para volver a fumar en restaurantes o cafeterías, o el uso gratuito de los baños públicos.
