La reacción en Los Pinos ha llegado demasiado tarde. De poco o tal vez de nada servirá el juicio para los Duarte, para los Moreira, para Borge, para Medina, para quienes han afectado el devenir de las entidades en donde han gobernado, y es opinión generalizada la imposibilidad de lograr Peña Nieto repunte en el respaldo y la confianza ciudadana. Desde hace dos años se habló y fuerte del parteaguas surgido en la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Se hicieron los señalamientos necesarios para ubicar el grado de importancia de llevar a cabo una investigación seria y ofrecer así una respuesta a todas las interrogantes surgidas antes, en el momento y después de la mentada “verdad histórica”. Conocedores de los conflictos dentro del gabinete del mexiquense advierten una expresión: “lo hicimos y lo podemos tronar”. Empezó así la politización de un tema del cual por más intentos hechos no logran sacudirse el estigma sobre el cual empezó a derrumbarse el actual gobierno. Dos grandes preguntas siguen sin respuesta: ¿qué ocultan, a quien protegen?
Entre muchas críticas impusieron las reformas, los dos primeros años del mandato de Enrique Peña Nieto, si bien recibían una fuerte descarga de críticas, todas ellas con un alto porcentaje de razonamientos suficientes, iban logrando abrirse paso. Después del caso Ayotzinapa, nada fue igual. Se han presentado en cadena una serie de acontecimientos cuyo registro puntual ha desgastado al gobierno federal. Las consideraciones sobre el enriquecimiento en un abrir y cerrar de ojos de funcionarios adscritos a dependencias de segundo nivel, desde los cuales forjaron las nuevas “cajas chicas” del equipo. El incumplimiento de cancelar los incrementos a las gasolinas, los cambios en los medidores de energía eléctrica con abusos nunca antes vistos en las lecturas y en los cobros, las persecuciones de Hacienda y la reforma fiscal fomentadora del cierre de cientos de comercios medianos y pequeños.
Llegó la “casa blanca” y las otras mansiones adquiridas en los momentos más críticos para la economía tanto nacional como la familiar; el anuncio de los desempleos; la pérdida de los registro para comparar la pobreza generada; el aumento en las tasas de desempleo; las propiedades como la de Miami, es decir las ubicadas en el extranjero; el vaivén de las calificadoras de crédito; la devaluación del peso; el endeudamiento en niveles nunca antes visto; la disminución de las reservas internacionales motivo de orgullo en los dos primeros años de gobierno por sus “registros históricos”; los yerros de enfrentar a la sociedad, de dividirla en las propuestas para matrimonio y adopciones de parejas del mismo sexo; el lío de la mariguana; las interrogantes aún abiertas sobre el escape y la recaptura de Joaquín Guzmán Loera El Chapo; la improductividad en el campo provocadora de importación sin límite de alimentos; la ganga con la cual han ofertado las llamadas Rondas petroleras.
Cada punto, cada paso, ha contribuido a partir de hace dos años, del momento en el cual se presentó un escenario en el cual las víctimas eran jóvenes, como en 1968, al desprestigio y al derrumbe de la presidencia. Las cifras revelan la inseguridad existente, el fracaso al enfrentar a las grandes mafias, el de lograr no sigan siendo víctimas de la delincuencia tanto los ciudadanos como sus patrimonios. Guardar silencio sobre expedientes abiertos en contra de ex gobernadores señalados por prácticas abusivas tanto en lo económico como en lo social y no solo por mexicanos sino por gobiernos extranjeros, ha tenido un alto costo. Existe una indignación latente, presente, puesta al conocimiento público con las marchas, las manifestaciones, en pancartas y en relatos de quienes se han visto afectados. El conflicto magisterial también ha arrojado, aún con esos visos de una seudo solución a la cual no le dan ni un ápice de credibilidad, una gran carga de adjetivos basados en la corrupción reinante.
Con ese peso encima resulta totalmente explicable perdiera el PRI tantas gubernaturas en los comicios del 5 de junio. Y, las estrategias no se ve logren avanzar para lograr una posición por lo menos digna en las del próximo año en donde de nueva cuenta aparecen tres entidades en las cuales la corrupción y los malos manejos han reinado. Estado de México, Coahuila y Nayarit. La forma, la limpieza de estos procesos podría abonar algunos sufragios para el tricolor en las del 2018, pero la duda es muy grande. Salir del boquete no es tarea fácil por más estrategas del extranjero, conocedores probados de triunfos en zonas de grandes conflictos, consejeros con mucha experiencia en enderezar mandatos con desánimos e inconformidades demostradas, contratados. La cercanía con los ciudadanos no es factor para generar confianza sino todo lo contrario.
Difícilmente, supongo, don Enrique visualizó así el año en el cual el titular del Poder Ejecutivo se sabe controlador absoluto de los sucesos en el país, tiempo de determinaciones de futuro, momento en el cual saborean todo el poder conferido. Para el mexiquense es todo lo contrario y la toma de algunas decisiones se genera cuando ya se considera demasiado tarde, más aún si se persiste en la farsa, en la mentira, en la simulación como lo han sido los cambios en el gabinete. El de Luis Videgaray, por ejemplo, no ha sido ni siquiera festejado por la clase económicamente poderosa, como tampoco han celebrado la llegada de José Antonio Meade, porque finalmente el recorte anunciado pega para todos lados.
Permanece el rechazo a los escenarios para la televisión y sobresale el clima de miedo sobre el cual desenvuelve sus tareas el primer mandatario. Se advierte aún no ha llegado lo peor y se revive la frase: “si creemos estar mal, podemos estar mucho peor”. Porque faltan los llamados “coletazos” del animal herido y, quienes saben de vanidades advierten la llegada de éstos una vez confirmada una derrota con registro en la historia del país.
CORRUPCIÓN EN COAHUILA Y VERACRUZ
Al igual que sucede en Nuevo León con el ex gobernador Rodrigo Medina, en Coahuila la corrupción se mantiene impune. En el mandato de Rubén Moreira, hermano del impune dirigente del PRI, Humberto Moreira, empresas fantasmas reciben decenas de millones de peso del erario. A pesar de ser exhibidos los mecanismos de despojo del patrimonio de la entidad, nadie investiga ni persigue la permanente comisión de estos delitos por parte de funcionarios del gobierno estatal en colusión con empresarios allegados.
La investigación de un diario capitalino revela a presuntas compañías con domicilios en bodegas, casas inhabitadas y vecindades o viviendas de fraccionamientos populares y edificios de oficinas, donde nadie las conoce, ubicadas tanto en la capital de la República como en las ciudades Monterrey y Saltillo. Se les otorgan millones a través de contratos con adjudicación directa y facturan cifras con más de seis ceros, pero ni siquiera cuentan con portales en Internet, ni teléfonos, ni logotipos de identidad, ni correos electrónicos. Venden de todo, desde consultorías hasta piezas de pollo, huevo, edredones, medicamentos y materiales de curación. Todo ello recuerda la desfachatez con la cual se adquirían pantaletas y baby dolls con cargo a los presupuestos asignados por la federación.
Ahí están los nombres de las empresas, aunque no aparecen en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno de Coahuila: Nuberia Comercial, Murano, Vilansa, Asha Consultores Especializados, Consultorías Bardo, Vilzel Consultoría Integral y Hotelería y Alimentos GRF; Comercializadora Universal Tobosa y Constructora y Comercializadora Sara. Ese es un hilo de la madeja, una en la cual debiera incluirse a don Humberto, el ex líder del PRI y rematador en la estrategia para llevar a EPN a la candidatura por la presidencia, acción vista como la gran protectora de toda la existencia del coahuilense.
Aunque en México predomina el imperio de la impunidad y no se investiga nada, en Estados Unidos se encuentran investigaciones en curso, las cuales dan como resultado el decomiso de diversas propiedades a funcionarios y políticos mexicanos, quienes invirtieron sus “ganancias” en el mercado inmobiliario de ese país, a pesar de demostrarse fueron adquiridas con recursos fiscales de mexicanos. El más reciente caso es del de Herminia Martínez de la Fuente, suegra de Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, quien acordó entregar al Gobierno de Estados Unidos una propiedad ubicada en el condado de Bexar, Texas, valuada en 600 mil dólares.
El acuerdo se desprendió de una investigación de las autoridades federales de Estados Unidos y del condado de Bexar durante un año en contra del ex mandatario de Coahuila y funcionarios de su gobierno, quienes fueron acusados de lavar millones de dólares robados al erario de ese estado. El pasado 13 de septiembre, el Juez de Distrito Oeste de San Antonio, Xavier Rodríguez, firmó a solicitud de los fiscales que los términos del acuerdo fueran sellados. En este tema la pregunta surge al conocer la procedencia de los recursos con los cuales fueron adquiridas propiedades tanto en este caso como en el del ex tesorero, en virtud de ser parte del erario por lo tanto debiera reintegrarse cualquier suma al gobierno y particularmente al coahuilense, no quedarse los EU con esos fondos o ¿ya es costumbre?
Todo parece indicar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, le espera una suerte similar, pues el Sistema de Administración Tributaria tiene una investigación en curso en bancos mexicanos y extranjeros de las cuentas de sus suegros. La Auditoría Fiscal Federal, a través de la Oficina Central de Análisis Técnico Fiscal realiza un estudio de los manejos financieros de Jesús Antonio Macías Yazegey y de María Virginia Yazmín Tubilla, padres de Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte. Además, la Procuraduría General de la República investiga una presunta red de lavado del mandatario estatal en la cual están involucrados funcionarios y familiares. Esta indagatoria es independiente de la iniciada contra el gobernador por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
LIQUIDACIÓN ILEGAL
Como suele suceder por desgracia en nuestro país, todo es cuestión de tiempos y protecciones. Por ejemplo: ahora es el turno de don Enrique Ochoa quien ha prometido logrará triunfos en las entidades cuyas elecciones se llevaran a cabo el próximo año. De ahí nada resulte criticable y que los mecanismos para el despojo de los recursos presupuestales en las últimas administraciones federales se multipliquen y diversifiquen. Entre estas resalta el caso del ex director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien aseguró una liquidación por un millón 200 mil pesos, a pesar de haber laborado en esa empresa sólo dos años y 195 días. EL Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de CFE es claro: si un funcionario se separa “por voluntad propia” las compensaciones sólo aplicarán después de los tres años de servicio. Se retiró solito y además con lo considerado como un “gran premio” por la recaudación lograda a través de cobros excesivos a las tarifas y reordenamiento de kilowatts para clasificar los consumos domésticos.
La CFE autorizó una “autoliquidación” fuera de la norma, concluyeron los abogados Mará Luisa Campos, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y Manuel Fuentes Muñiz, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tras revisar el expediente de la renuncia y la liquidación de Ochoa Reza. Según el jerarca tricolor existe la necesidad de “limpiar la casa” para adquirir autoridad moral y así señalar a los opositores cuando incurran en actos de corrupción. Lo de su liquidación ¿qué es? ¿cómo se clasifica? ¿en cuál renglón o partida encaja? ¿Fue autorización presidencial? En vísperas del primer enjuiciamiento del sexenio: el comal le dice a la olla, oye olla que quemada estás.
MUERTOS Y ENLODADOS
Para las familias es una desgracia registrar entre sus miembros un fallecimiento. Más aún si éste se da en condiciones de violencia. Sin embargo las lágrimas vertidas en los velorios, dentro de los cementerios son pocas comparadas con las llegadas horas, días después. Ante esa incapacidad cientos, miles de veces demostrada de los encargados de investigar y castigar, la tarea inmediata es desacreditar la vida íntima de las víctimas. Así, lo mismo los refieren como homosexuales que dan santo y seña de sus relaciones maritales y extramaritales, según sea el caso. No dudan en ubicarlos dentro de los cárteles de la droga o calificarlos de distribuidores de estupefacientes.
No es un asunto aislado el pronunciamiento del Papa, las oraciones en donde la petición es para frenar la violencia en México, la ejercida en contra de los sacerdotes, porque hasta ahí se extiende el manto de los señalamientos con los cuales se hace más víctima a las víctimas. En la pelea por la iniciativa peñanietista sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se levantó una andanada en contra de los curas. Diferentes grupos se han dado a la tarea de hablar de relaciones homosexuales entre sacerdotes e incluso dan a conocer una lista con 38 nombres. Las autoridades no han actuado en la investigación de la cual se desprendería si existe daño moral, desprestigio, afectaciones directas a las personas enlistadas.
Eso sí, de inmediato y sobre el plagio del sacerdote José Alfredo López Guillén señalaron la ruta seguida por el prelado y la presencia junto a él de un joven con quien comió un par de tortas y un refresco. La referencia, fue claro, se hizo con otro ánimo y no precisamente el de informar sobre las pesquisas. Una vez encontrado su cadáver ya veremos cual es la siguiente historia tejida ante esa incapacidad para investigar. Este es otro renglón con el cual los jerarcas de la Iglesia Católica reclaman a Peña Nieto los abusos cometidos en su contra. Han dado a conocer la existencia de diez entidades en donde ejercer el sacerdocio es de muerte. Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Puebla, Baja California, Colima, Durango, Chihuahua, Guanajuato, han sido enmarcadas por el secuestro, la tortura y la ejecución permanente de clérigos.
Es así fácilmente demostrable el grado de inseguridad existente. Ninguna profesión, oficio, práctica se salva. La exposición es pareja y si se pertenece a un núcleo determinado o de reconocimiento colectivo se torna en riesgoso. Solamente la actividad política dentro de los partidos en el poder, en el municipal, estatal o federal, permanece resguardada; siempre y cuando la veintena de guaruras se caracterice por la lealtad y los magníficos sueldos.
PIERDE PESO
A la espera del resultado del primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, el dólar libre avanzó ese lunes un centavo frente al cierre del viernes y se vendía hasta en 20.21 pesos en bancos de la Ciudad de México. El menor precio a la compra era de 19.02 pesos. Analistas esperaban una recuperación del peso como consecuencia de un aumento en los precios del petróleo, ante la esperanza de un acuerdo entre los miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para limitar su producción petrolera en una reunión celebrada en Argelia.
En el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México informó: el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 19.7211 pesos. Fijó las tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 90 días en 4.6389 y 4.7575 por ciento, en ese orden, con un alza de 0.0046 y 0.0021 puntos porcentuales, respectivamente. La volatilidad del peso frente al dólar continuará en los próximos días, derivada de eventos internacionales como el debate presidencial en Estados Unidos, advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
