(20 de agosto, 2015).- El blindaje bajo el que se ha encerrado el Ejército mexicano, al negar que los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevisten a militares del 27 batallón de Guerrero, en torno a su actuar en el caso Ayotzinapa, provoca un “mal sabor de boca, una sensación negativa, porque nos han dicho que no tuvo nada que ver, que fueron los policías municipales, y luego el crimen organizado”, refirió para CNN el académico e integrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera.
“Si a la hora de que se les quiere interrogar … te dicen no quiero hablar contigo… eso es un mal sabor de boca, una sensación de suspicacia; ¿porqué no quieren hablar conmigo?, ¿por qué no me quieren decir dónde estaban esa noche?”, expresó el académico.
El hecho de que expertos de la CIDH estén haciendo su propia investigación de los hechos, aseguró Corcuera, demuestra lo emblemático que resulta el caso en el tema específico de la desaparición forzada que vive hoy en día México, y sin embargo, nos seguimos “enterando de evidencias que no fueron dadas a conocer a las familias”. Infiriendo que si esto pasa en un caso tan importante y mediático como el de los 43, qué pasará con los demás casos, “permanecen en absoluta impunidad”.
“Los expertos dicen que no entienden por qué no han podido entrevistar a militares”, expresó el especialista, quien adjudicó a la impunidad imperante en las instituciones mexicanas, el hecho de no poder obligar a las autoridades castrenses decir la verdad sobre su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por último, mencionó que el tema de la desaparición forzada es vergonzoso en entidades donde “no es delito desaparecer personas”, siendo éste un tipo penal que se encuentra más a nivel federal y no en las dependencias estatales.
