(08 de enero, 2014).- Luego de que el día de ayer el Partido Acción Nacional (PAN) enviara una denuncia al Instituto Federal Electoral (IFE) contra el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por “irregularidades” en la difusión del primer Informe de Gobierno del mandatario, el recién nombrado presidente del Consejo General del IFE, Lorenzo Córdova, señaló que no existen leyes secundarias que regulen el uso de propaganda gubernamental.
Uno de los puntos más delicados desde la reforma del 2007, aseguró Córdova, “tiene que ver con las prohibiciones establecidas en el artículo 134, relacionado con las prohibiciones a la propaganda gubernamental, la imparcialidad en el uso de los recursos por parte de los servidores públicos y demás”.
Luego de la Reforma Electoral del 2007 se sigue esperando una Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional, y con independencia de lo que ocurra con la denuncia que se presentó contra Manuel Velasco, el consejero puntualizó que hay un rezago en esta materia, razón por la cual espera que la Reforma Político Electoral del 2013-2014, “traiga como consecuencia la expedición de una Ley que ponga claridad en un tema que, si bien no es novedoso, sí ha generado los peores dolores de cabeza para la autoridad electoral porque todo se ha tenido que construir sobre la base de criterios casuísticos, definiciones del Tribunal Electoral no siempre congruentes, no siempre lineales, en una materia que es muy compleja y que refleja las preocupaciones políticas de nuestros días”.
Lorenzo Córdova decidió no pronunciarse sobre el caso de los presuntos 10 millones de dólares utilizados en la campaña de Manuel Velasco para la difusión de su primer Informe de Gobierno en el estado de Chiapas, “por prudencia”, ya que aseguró que “tarde o temprano el caso se conocerá en el Consejo General [del IFE]”.
Asimismo, destacó que el IFE tiene una potestad investigadora que tendrá que desplegarse en el contexto del procedimiento en el que se enmarca la demanda panista contra el gobernador chiapaneco, con lo cual se decidirá “si hay o no algún tipo de irregularidad, si corresponde o no al final del día dar vista a las autoridades competentes, en este caso al Congreso de Chiapas, porque se ha determinado alguna violación a las normas constitucionales. Esto no sé anticiparlo”, declaró.
“Lo que sí enfatizo es que tenemos un problema en el procesamiento de este tipo de quejas desde hace seis años a la fecha porque existen prohibiciones constitucionales pero no contamos con una legislación secundaria que nos permita un desarrollo claro y puntual en el seguimiento de estas prohibiciones”, finalizó Lorenzo Córdova.
