Con 12 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó en primera instancia una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta, impulsada por legisladores fujimoristas como Ernesto Bustamante, Patricia Juárez y la derechista María del Carmen Alva, deberá pasar ahora al pleno para su ratificación o, en su caso, para ser archivada.
El argumento de los proponentes es claro: acusan a Sheinbaum de “conducta hostil” desde octubre de 2024, cuando asumió la presidencia mexicana y se refirió a Pedro Castillo como el “legítimo presidente del Perú”, desconociendo la sucesión constitucional tras su destitución en 2022.
La respuesta desde la Mañanera del Pueblo
Fue este martes 9 de septiembre, durante su conferencia matutina, cuando la mandataria respondió de manera tajante ante la posibilidad de ser declarada indeseada en territorio peruano:
“No importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”.
La presidenta explicó que recibir al abogado de Castillo en México no fue un gesto de agresión hacia el Estado peruano, sino un acto de solidaridad:
“Recibí aquí al abogado del presidente […] que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado. Y me solidaricé con él, eso hice”.
Sheinbaum recordó que, en caso de que se concrete la moción, México mantendrá el mismo criterio que con Ecuador, país con el que rompió relaciones diplomáticas: la postura oficial no cambiará.
México y su postura frente a Pedro Castillo
El respaldo de México a Pedro Castillo no es nuevo. Desde el inicio de la actual administración, la postura mexicana ha sido la misma: considerar que el exmandatario peruano fue víctima de un quiebre democrático en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y fue arrestado pocas horas después.
Ese episodio marcó un quiebre en la política regional y aún hoy genera roces diplomáticos. La decisión que tome el Congreso peruano en los próximos días podría escalar la tensión con México, aunque la presidenta Sheinbaum dejó claro que, para su gobierno, la solidaridad con Castillo es una convicción política que no se negocia.
