(13 de febrero, 2015.- Al cuestionar este viernes al empresario Enrique Solana Sentíes, sobre el caso Ayotzinapa y la demanda de los padres de revisar los cuarteles, el empresario contestó, “tengo mucha pena por lo que les pasó, pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la socuedad mexicana, la parte más intima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el ejército”.
Contundente, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) aseguró este viernes que “por ningún motivo permitiremos que se metan a los cuarteles”, en el marco de la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial y las Secretarías de Marina y de la Defensa.
En este contexto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo este viernes un reconocimiento a las Fuerzas Armadas “por su lealtad institucional e invaluable labor de apoyo a la socuedad”; su presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani incluso agradeció a los titulares de las dependencias federales -que se encontraban presentes en el acto- “su disposición y compromiso para celebrar este convenio”.
Tal convenio, indicaron, se trata de una adenda del acuerdo suscrito por las tres partes el pasado 6 de septiembre del 2013 que pretende establecer “mecanismos conjuntos para el fomento de la cultura de protección civil, intercambio de bolsas de trabajo para personal militar en retiro, apoyo de las empresas en las labores de asistencia a la población en casos de desastres y detección de focos rojos en temas de seguridad de las distintas regiones del país, (…) asimismo establecen canales de comunicación abiertos para compartir información relevante, excepto la que se encuentre con el carácter de reservada o confidencial en términos de lo dispuesto por la Ley”.
El pasado 22 de enero, la organización Amnistía Internacional, instó al gobierno mexicano a ampliar sus linas de investigación, entre ellas, el Ejército.
“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, aseguró la organización.
Sin embargo, el llamado de atención al gobierno mexicano para que se investigue al Ejército, ha venido de decenas de organizaciones sociales y centros de derechos humanos, entre ellos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien días atrás insistió en la dilación y la cerrazón del gobierno mexicano en esta demanda específica.
“La dilación porque aun cuando la demanda se expresó desde los primeros días y a pesar de que inicialmente la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se comprometió a buscar canales institucionales para atender esa demanda, hasta la fecha no se ha concretado. Cerrazón, porque cuando los familiares formularon esta demanda frente a los cuarteles a causa de la dilación estatal, la respuesta fue con la fuerza represiva y no con el diálogo”, aseguraron.
