Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
Es fácil pronosticar que la realidad nacional seguirá el rumbo que lleva, no obstante la promulgación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Es necesario insistir que los problemas nacionales se han agravado al paso de los años, no por falta de un marco legal idóneo, sino porque no tiene cura el cáncer que está carcomiendo al sistema político mexicano. Mientras no haya un cambio de régimen, lo único que cabe esperar es una mayor descomposición, en todos los ámbitos de la vida nacional. Así que no hay bases objetivas para pronosticar cambios favorables a raíz de la vigencia del nuevo ordenamiento.
La corrupción existe y ha crecido en el país porque dicho flagelo es el principal motor de las relaciones sociales. Sale sobrando y no tiene sentido la cauda de demagogia que se dice en las cúpulas del poder, sobre que de aquí en adelante el país contará con mecanismos inmejorables para combatir un problema que ha carcomido las raíces del sistema, etcétera. Es preciso reiterar que mientras no haya un cambio de régimen, mientras la derecha siga al frente de las instituciones nacionales, las cosas en el país seguirán igual o peor. Basta echar un vistazo a la historia reciente para constatar que la corrupción sigue más boyante cada nuevo sexenio.
Es muy claro un antes y un después a partir de que la tecnocracia dio el dramático golpe de Estado que le permitió instaurar un régimen basado en el despojo de los bienes nacionales, con la protección y apoyo de las élites oligárquicas, las cuales salieron ampliamente favorecidas con el reparto del botín producto de la corrupción institucionalizada. De ahí la urgencia de que la sociedad tenga plena conciencia de que mientras no se organice y participe activamente en defensa de sus derechos fundamentales, el rumbo del país seguirá marcado por la oligarquía, cada vez más ligada a los grandes intereses trasnacionales.
Es incuestionable que la promulgación de leyes que en el papel se ven idóneas, obedece a la intención perversa de hacerle creer a una sociedad desinformada y despolitizada, que los poderes federales están atentos a las necesidades de la población. Para satisfacerlas, el Ejecutivo y el Legislativo promulgan leyes que mediáticamente parecen la panacea esperada. No es fortuito que la cúpula de la tecnocracia sea experta en presentar todo tipo de iniciativas, pues para eso se preparó en universidades extranjeras, principalmente estadounidenses.
La plutocracia que mueve al mundo, entre sus prioridades destaca la de crear expertos nacionales que hacen el trabajo sucio que facilita el saqueo al que someten a los pueblos de las llamadas economías emergentes. Y lo seguirán haciendo mientras los pueblos no tengan el valor de luchar en defensa de sus derechos elementales, como el de sobrevivir. La creciente corrupción de las élites obedece no sólo al imperativo de acelerar la acumulación indebida de grandes riquezas, sino al de crear desesperanza entre las clases mayoritarias que se ven obligadas a perder su dignidad y aceptar el papel de mendigos que les tiene asignado el Estado al servicio de los grandes grupos de poder.
De ahí la importancia que tiene la entrega de despensas y de limosnas en las campañas electorales, no sólo porque de esa manera se “ayuda” a paliar la dramática pobreza de la población, sino porque se contribuye de una manera muy eficaz a que se pierda un elemental sentido de dignidad y de respeto a sí mismos como ciudadanos. Por eso es vergonzoso que candidatos que se dicen de “izquierda” sigan el ejemplo implantado fundamentalmente por el PRI y que al paso de los años se hizo práctica común de todos los partidos.
Así que sería una ingenuidad, por decirlo de algún modo, esperar que con la nueva ley se pueda lograr una verdadera transparencia en el sistema político mexicano. Tampoco será una realidad un verdadero acceso a la información, medida que sólo será factible en la medida que México construya una democracia participativa, en la que la oligarquía se vea obligada a escuchar la voz de las clases mayoritarias, y respetarlas en su calidad de ciudadanos con iguales derechos que las élites. Por ahora, tal objetivo se mira muy lejano, como lo patentiza el interés de los tecnócratas fundadores del actual régimen en que sus vástagos sigan sus pasos.
