Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no permitirá que ningún proyecto energético se realice a costa de los derechos de las comunidades indígenas, tras ser cuestionada sobre el conflicto entre la empresa TC Energy (antes TransCanada) y la comunidad indígena de Témoris, en Chihuahua, por la instalación de un gasoducto.
El caso, que data de hace más de diez años, mantiene un amparo firme —identificado con el expediente 1064/2017— que ordena la restitución de las tierras a su estado previo a la construcción del ducto y el pago de 200 millones de pesos a la comunidad; sin embargo, la empresa no ha cumplido la sentencia, lo que ha generado inconformidad entre los pobladores.
“La diferencia con el pasado es que ahora no se pueden hacer obras sin escuchar a los pueblos. Si no puede pasar por ahí el ducto, hay que ver por dónde sí puede pasar, pero nunca pasando por encima de una comunidad indígena”, afirmó.
Sheinbaum reconoció la antigüedad del conflicto y explicó que, si bien el país requiere gasoductos para modernizar plantas como la de Tula, que aún utiliza combustóleo altamente contaminante, los proyectos energéticos deben realizarse “con las comunidades, no en su contra”.
La mandataria sostuvo que en estos casos debe prevalecer el diálogo y la búsqueda de acuerdos que beneficien tanto a las comunidades afectadas como a las regiones que requieren acceso a gas natural.
“Cuando hay sentencias, deben revisarse y cumplirse, pero también hay que establecer las condiciones para que se logre una solución justa y viable para todas las partes”, añadió.
El conflicto en Témoris, que involucra tierras de uso común, ha sido considerado por la comunidad como una violación a su autonomía y al derecho a la consulta previa. En su intervención, Sheinbaum reiteró que “jamás se actuará en contra del pueblo” y que los proyectos de interés nacional deben someterse a procesos de consulta y concertación.
Finalmente, la presidenta insistió en que su administración impulsará un modelo de desarrollo energético que respete los derechos humanos y fortalezca la justicia social, garantizando que “el progreso no sea a costa de los pueblos originarios, sino con ellos y para ellos”.
