Por Guillermo Bello
(13 de febrero, 2014).- En el esquema del Estado de Bienestar se procuraba premiar al individuo que había dado una vida de trabajo con un retiro digno y, para ello, se instrumentaban los programas de seguridad social. Bajo la premisa de que seguir las normas de la sociedad permitiría el acceso a un retiro con un monto razonable. Esos programas, sin embargo, fueron reformulados desde los 80s para generar regímenes contributivos. Es decir, se dejó al mercado la tarea de resolver los problemas que él mismo generaba… la famosa “lógica del mercado”.
Cuando los gobiernos latinoamericanos se dieron cuenta del problema y de que se venía una avalancha de ancianos pobres, hicieron algunos ajustes al flamante modelo, pero desde la misma “lógica”.
En nuestro país, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), creado en 2002, coordina la estrategia que a nivel América Latina fue diseñada para enfrentar esta grave situación. Así, desde la década anterior, el gobierno ha creado diversos programas de promoción de empleo para adultos mayores, procurando siempre la “colaboración” con el sector privado o el autoempleo, dando origen a programas como “Abriendo Espacios”, “Servicios Educativos”, “Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre” y “Tercera Llamada”.
Al mismo tiempo, se han expandido programas focalizados de corte asistencialista, como “Oportunidades”, que desde 2006 incorporó a los mayores de 70 años. Sin embargo, todas esas medidas han resultado muy insuficientes, pues además de que cuentan con poca difusión, escasos recursos o funcionan bajo las malas prácticas de la cultura mexicana que todos conocemos, no constituyen una solución de fondo.
No hay mejor ejemplo que el de las personas de la tercera edad que sin encontrar una mejor opción están siendo explotados por los supermercados, los cuales sacan gigantescas ganancias por partida doble como lo dicta la lógica neoliberal: obtienen incentivos fiscales por contratar adultos mayores a la vez que se ahorran uno o dos salarios mínimos por cada trabajador, así como las prestaciones correspondientes.[1]
En los efectos perversamente insospechados que ha tenido la espiral de crisis económicas, que a la vez que llevan a los jóvenes al desempleo sacan a los adultos mayores a buscarlo para sobrevivir y a ofrecer, después de toda una vida de trabajo, su último aliento ya no al mejor postor sino al único. Al grado de llegar a desempeñar actividades que antes eran típicamente destinadas a adolescentes.[2]
Al mismo tiempo, en México se le imponen a la sociedad reformas que favorecen a los sectores del gran capital. Qué pasará entonces con nuestra generación en unas cuantas décadas. ¿Terminaremos relevando a los ancianos que empacan las compras en los supermercados?
[1] Para la OIT no hay vuelta de hoja, se deben expandir los regímenes sociales no contributivos. Los derechos de este tipo de población, incluyendo el derecho a un trabajo decente, se estipularon en la “Ley de los derechos de las personas adultas mayores”, Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2002.
[2] Clasificadas, por cierto, como explotación infantil por la UNICEF.
