(14 de agosto, 2016).- La directora del programa sobre México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Maureen Meyer, criticó que el número de sentencias por desaparición forzada en nuestro país, sea tan bajo respecto al total de personas reportadas como desaparecidas y agregó que resulta preocupante, que tampoco haya un registro claro de ellas.
“Preocupa que no haya un registro claro de los resultados de estos casos, o sea que no es tan fácil encontrar las sentencias. Como fiscal, abres una averiguación previa, logras consignar, pues también debes poder informar qué resultados hay de esto, porque de eso depende tu calidad de investigar”, sostuvo Meyer.
Agregó que esta situación muestra que hay poco interés de atender la crisis de desaparición forzada, pues si el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, tuviera un compromiso genuino de hacerlo, “tendría que haber más sentencias”; sostuvo que el número tan bajo de sentencias podría tener relación con que muchos de estos casos no se persiguen por el delito de desaparición forzada, sino por secuestro y homicidio, como es el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Cabe señalar que entre 2001 y mayo de 2016, los juzgados federales de nuestro país emitieron 21 sentencias por desaparición forzada; sin embargo, sólo nueve son condenatorias.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló, tras una solicitud de información, que de estas 21 sentencias, dos son absolutorias, una se encuentra bajo la categoría de “acumulación procedente”, en otra se determinó “incompetencia” y el resto se encuentra bajo la definición de “otra”.
De las 21 sentencias que se han emitido, 10 se dieron la actual administración; es decir, entre 2013 y 2016.
El Estado mexicano informó en 2014 al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que entre 2005 y 2009 hubo seis sentencias condenatorias por desaparición forzada.
En 2015, en el marco de la revisión del informe ante el CED en Ginebra, Eliana García, entonces encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que desde 2005, el Poder Judicial de la Federación había obtenido 13 sentencias condenatorias para igual número de funcionarios.
