El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos declaró que con base al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el gobierno tiene la obligación de tener estadísticas reales sobre la pobreza por ello el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) deberán entregar en las próximas mediciones datos confiables con lo que se pueda realizar una comparación que derive en programas que combatan la problemática.
Detalló para La Jornada que el cambio metodológico del Inegi fue en el Manual del entrevistador, el cual según las instancia, perfeccionaba la adquisición de información sobre los ingresos familiares, sin embargo, los datos obtenidos no eras comparables con los que se venían recopilando desde el 2008, por lo que la acción fue calificada como irresponsable e irreal.
El Coneval recalcó que era imposible la reducción de pobreza, si en 25 años no ha habido mejoras en el ingreso de las familias, como lo reportó el Inegi.
Asimismo, cabe recordar que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México declaró que las modificaciones a la metodología para medir el ingreso de la familias realizadas por el Inegi implicará una reducción para 2017 en los recursos federales que recibirá la capital, dinero destinado a programas y acciones contra la pobreza, por lo que dicha decisión fue irresponsable; además que se gastarán más recursos para poder realizar la investigación sobre pobreza.
