04 de mayo, 2014).- El pasado miércoles 30 de abril el Gobierno Federal presentó el paquete de iniciativas de legislación secundaria en materia energética turnada directamente por Enrique Peña Nieto; dentro de las mismas, se pretende convertir en menos de dos años a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en “empresas productivas del Estado”, una “nueva figura con carácter empresarial”.
El cambio de régimen jurídico de CFE y Pemex, las obligaría a competir con empresas transnacionales y a pagar cada año al Estado parte de sus ganancias, que para 2016 –denominado “dividendo estatal”- será como mínimo, el 30 por ciento de sus ingresos después de impuestos.
De acuerdo a Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta “sacará las manos” de Pemex y CFE, pues ambas –aún paraestatales- tendrán “más autonomía de gestión en sus recursos” y “transitarán por la mayor transformación en su historia”, en aras de convertirse en empresas productivas del Estado.
“Lo digo con toda responsabilidad como secretario de Hacienda. Ha llegado la hora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público saque las manos de Pemex y la CFE”, declaró Videgaray durante la presentación de las leyes secundarias de la Reforma Energética.
Sin embargo, no sólo Hacienda sacaría las manos de Pemex y CFE, sino que poco a poco, las mismas empresas parecen ser despojadas de su carácter público. Las refinerías y otras instalaciones para el transporte de gasolina y gas no serán ya del dominio público, es decir, dejarán de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Dentro del paquete de iniciativas de 21 leyes secundarias, se establece que Pemex comparta los pocos yacimientos y campos petroleros que le sean asignados para la exploración y explotación mediante el mecanismo de “ronda cero” con empresas nacionales o extranjeras, a través de convenios, contratos o asociaciones estratégicas, vía “nuevos y flexibles esquemas de contratación”, que incluyen la adjudicación directa.
De acuerdo con los documentos entregados al Senado, las iniciativas buscarán “plasmar la nueva vida corporativa y organizacional” tanto de Pemex como de CFE, que aparte de “empresa productiva del Estado”, el Estado se convertirá en el dueño y no administrador de la empresa, con lo cual, éste no participará en las operaciones cotidianas de la empresa y ésta a su vez tomará sus decisiones de manera autónoma con base en lógicas empresariales y de negocios, alejada, señalaron, de presiones políticas y coyunturales.
Para Peña Nieto se trata de un esquema dual, donde ambas empresas dejarán de regirse por la Ley de Entidades Paraestatales y las leyes de Adquisiciones, Obras y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mientras la Ley General de Bienes Nacionales sólo operará en el caso de las propiedades inmuebles de Pemex.
En caso de que Pemex celebrara contratos con transnacionales que surtan efecto o se ejecuten fuera de la jurisdicción nacional, la empresa podría en el caso de que se viera en litigio internacional, someterse a la jurisdicción de tribunales de otros países para dirimir controversias judiciales.
Conforme al artículo 13 de la Ley de Pemex, presentada por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y Luis Videgaray, señala que el consejo de administración de esta empresa podrá establecer las políticas, bases, lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, enajenación, afectación en garantía o el gravamen de las instalaciones industriales tanto de Pemex como de sus empresas productivas, o en su caso, de empresas filiales.
