Ocultar más de 1.5 millones de pesos le sale caro: inhabilitan a ex administrador del SAT por falsear su declaración patrimonial

La Secretaría Anticorrupción informó que un ex funcionario de la Aduana de Lázaro Cárdenas fue inhabilitado por un año tras ocultar un incremento patrimonial de 1 millón 532 mil 452 pesos que no pudo justificar.

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Ocultar información en las declaraciones patrimoniales sí tiene consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que un ex servidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue inhabilitado por un año luego de comprobarse que falseó su declaración de situación patrimonial para ocultar un incremento de más de 1.5 millones de pesos sin justificación.

La sanción fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tras una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de la dependencia federal, la cual acreditó que el ex funcionario incurrió en una infracción grave al faltar a la veracidad en su información patrimonial.

Ocultó un patrimonio superior a 1.5 millones de pesos

De acuerdo con el comunicado oficial, el sancionado es Jaime N., quien se desempeñó como administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las investigaciones concluyeron que ocultó un incremento patrimonial por 1 millón 532 mil 452 pesos, recursos que, según la autoridad, no fueron explicables ni justificables, motivo por el cual se determinó su inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución y advirtió que, en caso de hacerlo, defenderá la legalidad de la investigación y de la sanción impuesta con la misma firmeza con la que fue integrada.

Llaman a denunciar actos de corrupción

La dependencia reiteró que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el servicio público mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

Asimismo, subrayó que denunciar hechos de corrupción no sólo constituye un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.

“Quien se corrompe debe enfrentar consecuencias”

En su mensaje, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que quienes utilizan un cargo público para obtener beneficios indebidos traicionan la confianza de la ciudadanía, por lo que las investigaciones continuarán con el objetivo de combatir la impunidad.

La dependencia reafirmó que seguirá actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad, transparencia y cero impunidad en el servicio público, impulsando acciones para que las faltas graves cometidas por servidores públicos sean investigadas y sancionadas conforme a la ley.

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