(10 de septiembre, 2015).- La empresa OHL México presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de extorsión en contra de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber y terceras personas físicas, informó el diario Reforma.
Según OHL –empresa que se ha visto en envuelta en un escándalo de corrupción tras la filtración de llamadas telefónicas de sus altos mandos con funcionarios del gobierno del Estado de México, respecto a la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, donde presumiblemente se inflaron los precios del cobro de cuotas- Infraiber es responsable de la filtración de llamadas telefónicas, que OHL asegura son ilícitas y manipuladas, así como de desplegados y comunicados para dañar la imagen de la concesionaria del gobierno mexiquense.
“OHL México reitera que hará uso de los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos con la finalidad de salvaguardar su patrimonio, que en definitiva es el de sus accionistas”, manifestó la empresa mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Reforma publicó que el martes pasado, la PGR retuvo por 48 horas al representante legal de Infraiber, Paulo Díez Gargari, por supuesta posesión de arma de fuego, mismo día en que se difundieron nuevas grabaciones telefónicas donde aparece el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. No obstante, el abogado de Díez Gargiari asegura que la PGR busca que su cliente declare en la investigación sobre intervención de comunicaciones telefónicas en agravio de OHL México.
En las grabaciones se da cuenta de una reunión entre directivos de OHL y Enrique Peña Nieto, donde habrían tratado el tema de Infraiber, empresa contratada por el gobierno mexiquense para instalar un Sistema Independiente de Verificación de Aforos. Un mes después el gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Eruviel Ávila, cancelaría el contrato con Infraiber.
De ahí que Ruiz Esparza asegure que Infraiber comenzó una guerra sucia en contra de OHL y el propio funcionario, a fin de recuperar los contratos cancelados. “Es el origen de todo este conflicto entre dos empresas, que simple y sencillamente es indignante lo que están haciendo, es ilegal lo que están haciendo, es indignante lo que quieren hacer ver y ese sería mi punto de vista. Quieren pintar de rojo lo que no llega ni a rosa. Quieren hacer ver mal lo que es correcto y es legal”, aseguró Ruiz Esparza.
