Una operación bien estructurada para desmantelar redes de extorsión en el Estado de México terminó con la detención de una figura que nadie veía venir: Yareli “N”, regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, enfrenta prisión preventiva por su presunta participación en secuestro exprés y cobro ilegal de “cuotas” a comerciantes.
Su captura se dio el pasado 21 de julio, como parte de la Operación Liberación, un despliegue estatal contra grupos criminales que usan la violencia para forzar a personas a firmar deudas imposibles, pagar servicios que nunca pidieron o entregar dinero a cambio de seguir con sus actividades. La regidora fue detenida junto con otras siete personas, todas relacionadas con una organización delictiva que habría extendido sus tentáculos desde Michoacán hasta varias zonas mexiquenses.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Yareli “N” no solo tenía un cargo público: también actuaba como enlace operativo de una célula criminal, encargada de presionar, amenazar y retener a víctimas para obligarlas a pagar “lo que deben”. En uno de los casos más recientes, se le acusa de haber participado en la retención de una persona en un hotel de Ixtapan de la Sal, exigiéndole una fuerte suma de dinero para dejarla continuar con su trabajo comercial. La advertencia fue: si no pagaba, ella o su familia serían lastimadas.
Durante la audiencia de imputación, el Ministerio Público presentó pruebas que la vinculan con estos delitos. En tanto se define su situación jurídica, Yareli “N” fue enviada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde permanecerá bajo resguardo hasta su próxima audiencia, fijada para el 26 de julio.
La Operación Liberación no es menor. Se trata de una estrategia que busca devolver la tranquilidad a comerciantes y familias, especialmente en regiones donde el crimen ha aprovechado la necesidad económica para sembrar miedo con préstamos ilegales, intereses impagables y amenazas de violencia.
La Fiscalía reiteró su llamado a denunciar cualquier forma de extorsión. Mientras tanto, el caso de Yareli “N” se vuelve un mensaje contundente: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes ocupan una silla en el cabildo.
La presunción de inocencia se mantiene hasta que un juez dicte sentencia. Pero para muchos, la noticia ya sacudió la confianza ciudadana.
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