(31 de enero, 2015).- Contraría a la versión que el gobierno mexicano envió a la Organización de la Naciones Unidas (ONU), donde presume de avances considerables en el tema de garantías a los derechos humanos, una decena de organizaciones de la sociedad civil mandó a esta instancia internacional un informe paralelo, en donde advierten que las acciones emprendidas desde la administración federal mexicana son poco eficaces para afrontar la crisis que vive la nación en cuanto al respeto de los derechos humanos así como la desaparición forzada.
En este informe enviado por las organizaciones, se hace del conocimiento de la ONU que la administración de Peña no ha implementado políticas certeras para detener la violación a los derechos de la sociedad. Asimismo se estipula la falta de coordinación así como de un plan por parte de las instancias gubernamentales para emprender la búsqueda con vida de las personas desaparecidas.
Del mismo modo se menciona el caso específico de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde se identifica a este acontecimiento como el hecho que refleja el actuar violento del Estado así como la impunidad persistente. “Al igual que en otros casos de desaparición forzada, Ayotzinapa pone en evidencia la carencia de políticas y estrategias para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada en México”, se detalla en el texto.
En contraparte, el informe entregado por el gobierno mexicano da cuenta que México ha desarrollado el marco legal más óptimo para la protección de los derecho humanos que haya tenido en su historia, derivado de un proceso de transformación estructural. De igual manera presenta a la ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas como como una acción efectiva para combatir la problemática.
Este envío de informes se realiza ante la primera ocasión que México será evaluado por el comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, misma que se desarrollará en un contexto donde situaciones de grandes envergaduras, como la desaparición de los 43 normalistas así como la presunta ejecución extrajudicial en Tlatlaya, están presentes y sin resolver.
En la sesión de este comité de la ONU participaran diversos actores para exponer las situaciones que padece México en la materia. En este sentido viajarán a Ginebra, Suiza, 2 padres de los normalistas desaparecidos, así como representantes de distintas organizaciones civiles de México, para explicar la grave situación que atenta contra los derechos individuales en un país donde la cifra de desaparecidos asciende a 23 mil ciudadanos.
Por otro lado, la comitiva oficial estará integrada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo , la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, así como 25 funcionarios más.
