(09 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Alfredo Cuen Ojeda fue sorprendido por un desconocido, quien de tres balazos lo privó de la vida; diez días después el procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, señaló a Yecenia Armenta Graciano, esposa del fallecido, como la presunta autora intelectual de dicho homicidio.
Su detención ha formado parte de las miles que en este país se dan con violencia para derivar en tortura, de manera arbitraria, puesto que jamás se da a conocer una orden de aprehensión.
Cuando Armenta Graciano manejaba en carretera, policías vestidos de civil detuvieron el automóvil, la bajaron en forma violenta, la ataron, la colgaron cabeza abajo, la golpearon y la violaron. Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos. Fue en ese momento cuando aceptó firmar una confesión que jamás hizo y permitir que le tomaran sus huellas dactilares, como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO.
A la hora de pasar con el médico legista, la revisó pero nunca documentó sus lesiones. Así, fue acusada de planear la ejecución del exdirector de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Armenta cumplió casi cuatro años en prisión desde 2012, sin embargo, finalmente ha sido puesta en libertad.
En abril de 2014, Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas, reiteró que la tortura en México es una práctica generalizada, no por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno.
Así, en su informe el relator especial de Naciones Unidas detalla que, aunque las víctimas de tortura tienen el derecho a la reparación integral del daño, apenas existen casos de víctimas que han sido compensadas, asistidas médica y psicológicamente o rehabilitas, pero por medio de estándares internacionales que nada tienen que ver con una mínima ayuda gubernamental.
El 7 de junio pasado, la decisión de un juez de absolver a Armenta Graciano, madre de dos hijos, y ponerla en libertad, “pone fin a cuatro largos años de injustica”, versó el pronunciamiento de Amnistía Internacional.
“La increíble crueldad de la tortura que sufrió Armenta Graciano es parte de las actividades diarias de las policías mexicanas, quienes rutinariamente presentan evidencias ilegales en investigaciones penales en todo el país. Su puesta en libertad el día de hoy da una luz de esperanza a aquellas personas encarceladas injustamente en México,” dio a conocer Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Cabe señalar que la misma institución que detuvo y acusó de homicidio a Armenta Graciano, también la torturó y pese a que organizaciones nacionales e internacionales demostraron la evidente tortura, se siguió negando que esto fuera cierto y se mantuvo la acusación en su contra.
Aún sin tomar en cuenta una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa insistió en acusar a Armenta Graciano de un delito grave. Ante esto, Amnistía ha enfatizado que, “el hecho que ninguno de los torturadores de Yesenia hayan pisado la cárcel demuestra la falta de independencia de las autoridades en este caso. Los perpetradores de estos actos despreciables deben ser llevados ante la justicia y ella debe recibir reparación por el daño sufrido.”
El lunes pasado, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal dictó la sentencia absolutoria en favor de Armenta Graciano, ya que finalmente se demostró que la confesión de la inculpada fue obtenida bajo coacción, “por lo que carece de todo valor y quedó excluida del material probatorio”, se dio a conocer.
Otras más de las deficiencias encontradas en el caso fue que la investigación se realizó con irregularidades y la integración de la averiguación previa, también tuvo elementos violatorios del debido proceso, explicó la autoridad judicial.
Así mismo se da a conocer que “no se desvirtuó el principio de presunción de inocencia, mismo que opera como derecho de la acusada a no sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada”.
El lunes pasado a las 14:45 de la tarde Armenta Graciano salió del penal acompañada de su abogado y actual esposo, Braulio Germán Leyva Gutiérrez, así abandonó el penal donde estuvo presa por un lapso de casi cuatro años.
“Hasta el momento la víctima de tortura ha decidido no dar declaraciones y está en su derecho, solamente quiere mantenerse alejada de todo el barullo e ir poco a poco acomodándose a su nueva vida de libertad.
Las víctimas de tortura que han permanecido en la cárcel no pueden salir como si nada hubiera sucedido y adaptarse a la cotidianidad, en el mejor de los casos y como debería ser un derecho, las personas deberían recibir un seguimiento médico y psicológico, como parte de la reparación de daños que las autoridades mexicanas han cometido, sin embargo en este país eso no sucede, el caso de Armenta es uno de esos escasos casos que afortunadamente lograron obtener justicia”, argumenta a este medio la abogada y activista Guadalupe González.
Quien agrega que, “lamentablemente esto no finaliza ahí, como si fuera poco el haberle robado años de libertad y lacerado física, moral y psicológicamente, hoy la Procuraduría General de Justicia, el brazo ejecutor del gobierno, da a conocer que tienen la posibilidad de apelar la resolución y lo podrían hacer. Aceptan las consideraciones del juzgador, pero sostienen que pueden hacerlo. Luego de la apelación, será el tribunal de apelación quien resuelva si confirma o modifica esta sentencia absolutoria, es decir, estamos frente a una dependencia a la que no le gusta que le den a conocer sus verdades.
Open Society Justice Initiative es una organización más que se suma a quienes denuncian los ya evidentes actos de tortura y otros tratos crueles que conforman los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado, por este gobierno represor y los dos anteriores, cínicamente vuelven a negarlo, días después de haberse reconocido el caso de tortura cometido en contra de Armenta Graciano y meses después que la ONU condenara por tortura a este país en el caso de Los cuatro de Rosarito, sin dejar de contar los miles de ejecutados extrajudicialmente, torturados y desaparecidos de manera forzosa, negar la realidad no cambia en nada que este país sea el campo de guerra del gobierno donde el enemigo a vencer, la carne de cañón y lo falsos positivos siempre han sido los ciudadanos”, comenta la activista.
Según el subprocurador de Justicia del Estado, Martín Robles Armenta, aseguró que se abrió la carpeta de investigación 18/2015 la cual integra el caso de tortura contra Armenta Graciano; donde se investigan a dos agentes ministeriales, un ministerio público, tres peritos y dos mandos policiales.
Sin embargo, el mismo subprocurador aceptó que ninguno de los servidores públicos han sido retirados de sus cargos, admitió el subprocurador.
