(8 de abril, 2014).- El mexicano Ramiro Hernández Llanas está condenado a la pena de muerte en Texas, para el próximo 9 de abril, sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, pidió a Rick Perry gobernador de aquel estado que la sentencia sea cancelada y cambiada por otra de cárcel.
Mediante una carta enviada al gobernador Perry, el ombudsman nacional explicó que para organizaciones como la que lidera, el bien jurídico más valioso es la vida, que también representa como fundamento de los ordenamientos legislativos que ellos reconocen, respaldan como valor esencial y consideran como máximo interés social, situación por la que es obligación de las naciones salvaguardarla.
Plascencia Villanueva también remitió una misiva a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas, donde recordó que el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia estableció una violación al derecho de notificación y asistencia consular, proveniente del artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en menoscabo de Hernández Llanas, dentro del famoso “Caso Avena”.
El 15 de octubre del 1997, Ramiro Hernández fue detenido acusado del asesinato de Glen Linch, un ex profesor de la Universidad de Babylor y de Winnipeg, el mexicano es señalado por la viuda del fallecido como el autor material, mientras que la defensa argumenta que sufre de problemas mentales.
La CNDH verifica que los connacionales sentenciados en EU reciban asistencia consular y jurídica por parte del a Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), mediante el programa Contra la Pena de Muerte de Mexicanos en el Extranjero, mismo que al momento apoya 63 casos: tres en Malasia y los restantes en la unión norteamericana.
Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, manifestó que el Gobierno Federal sostiene comunicación con el Congreso estadunidense para que se lleve a cabo el debido proceso con el fin de evitar la ejecución.
Desde que la pena capital fue reinstaurada en el país vecino en 1926, 11 mexicanos han sido ejecutados; siendo Ramón Montoya el primero el 23 de mayo de 1993, y Edgar Tamayo el último el miércoles 22 de enero de este año.
