(02 julio, 2015) El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y el ex secretario de gobernación Romero López del mismo estado siguen dando de qué hablar y no para bien ya se les adjudican cargos por violar la Ley de Aguas Nacionales.
La acusación no es para menos ya que en el estado de Sonora la ubicación y características geográficas determinan un clima desértico, por lo que el agua es un recurso muy valorado, a pesar de ello el ex funcionario sonorense es investigado por modificar el cauce del río San Miguel y por la construcción de una barda con lo que se presume provocó la semana pasada la inundación en el ejido La Victoria, todo con la finalidad de que a él no le faltase el vital recurso.
En febrero, la Conagua ordenó al Gobernador destruir la presa construida en su rancho familiar, además le impuso una multa de 4 millones de pesos, ya que no contaba con los permisos correspondientes.
En este nuevo caso, unas 70 familias afectadas denunciaron que Romero López levantó el margen del río, así como una barda en un fraccionamiento llamado Riveras del Pitic, perteneciente a las familias Coppel y Bours.
César Alfonso Lagarda, delegado en Sonora de la Comisión Nacional del Agua dijo lo siguiente: “”En el caso del ejido La Victoria estamos verificando dos instalaciones para poder dictaminar si tuvieron que ver con el daño a las viviendas o si están invadiendo cauce federal sin el permiso o si hicieron obras que pueden afectar el flujo libre del agua del río San Miguel”.
Por lo que las afectaciones ya no son sólo la violación de permisos sino que ahora es la privación del recurso y daños ambientales si es que se demuestran alteraciones en los suelos que cambien o modifiquen el flujo del río.
“Tenemos un helicóptero que nos ha ayudado a encontrar irregularidades evidentes. Cuando se encuentra una, el infractor está frito porque la propia Ley de Aguas Nacionales lo hace responsable”, sentenció Lagarda.
