(15 de junio, 2015).- Ninguno de los responsables de la represión en Chalchihuapan, Puebla ha sido sancionado penalmente y sólo tienen fincadas multas que no han sido pagadas a los afectados.
Tras la represión perpetrada a pobladores de Chalchihuapan el 9 de julio del 2014 en la que habitantes de la localidad se enfrentaron con policías estatales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó que habían suficientes elementos para iniciar procedimientos administrativos y penales, sin embargo, esto no ha ocurrido.
Al menos 70 vecinos heridos, 9 mutilaciones y la muerte un niño en fueron el saldo de la represión por el gobierno de Moreno Valle.
El gobierno de Moreno Valle ha mantenido la información bajo reserva y so pretexto de que se encuentra en aún en investigación.
Esto aún cuando luego de las lesiones causadas a 70 vecinos de la comunidad, de las cuales 9 fueron mutilaciones y una de ellas derivó en el fallecimiento del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, aparecieron audios en los que se escucha a Ofelia Flores, subsecretaria de coordinación y operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) hablar con el coordinador de despliegue territorial y el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, ordenando rociar con gas a los manifestantes para lograr el desalojo.
Claramente quedó evidenciado que el gobierno de Moreno Valle a través de Facundo Rosas, Secretario de Seguridad Pública Estatal y sus mandos medios habían consumado la represión de manera indiscriminada hacia pobladores de la localidad de Chalchihuapan.
Ante esto, Raúl Plascencia Villanueva -ombudsman en ese momento- indicó el 11 de septiembre de ese año que Ofelia Flores, Facundo Rosas y el resto de mandos medios eran responsables de las lesiones causadas.
El hermetismo del gobierno poblano en cuanto a la información para conocer avances o saber si las recomendaciones hechas por la CNDH se cumplieron ha bloqueado la impartición de justicia.
El medio Intolerancia denuncia en su publicación de hoy la ruta que ha debido seguir en la demanda de información a través del órgano para transparencia en México, sin embargo, no ha logrado demasiado y es a través de documentos entregados a la CNDH de donde ha podido constatar que no sólo no hay responsabilidades penales fincadas, sino que además la multa que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno poblano considera que Facundo Rosas sólo debe pagar una indemnización de 500 mil pesos a los familiares del niño José Luis.
Aunque la CNDH también recomendó que se ubicara a las víctimas, así como una valoración para la indemnización de cada uno de ellos, esto no se ha realizado y sólo 5 personas de las 70 lesionadas han recibido pago alguno.
En el informe entregado a la CNDH por parte del gobierno poblano no se mencionan nombres de los responsables, únicamente cargos y sanciones a algunos funcionarios.
También se solicitó información a Eleazar Carrillo Camacho, director de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, respecto al fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
A través del oficio del oficio 4069 la CNDH solicita las cantidades de los cheques entregados y el nombre de las víctimas.
Como respuesta, Eleazar Carrillo Camacho, indicó que se habían pagado 5 cheques pero bajo el argumento de la protección de datos personales no se indica el nombre de las víctimas.
De acuerdo con lo informado por la contraloría, sólo se establecieron tres multas a los responsables, una de 125 mil pesos otra por 250 mil pesos y la de 500 mil por el fallecimiento de José Luis.
Para desalojar a los vecinos de la comunidad, aquel 9 de julio del 2014 Facundo Rosas montó un operativo con 426 policías, 32 de ellos equipados con lanzaderas y armas de dispersión.
En la manifestación habían niños, jóvenes, mujeres y ancianos, sin embargo la orden tenía libertad de uso de armas de dispersión. Uno de los muchos lesionados fue José Luis Tlehuatle Tamayo quien tenía 13 año y quien falleció 10 días después a causa de producto de la lesión en la cabeza debido a una lata de gas lacrimógeno lanzada por las autoridades del gobierno de Moreno Valle.
