(08 de septiembre, 2014).- La supuesta batalla anunciada por Enrique Peña Nieto contra el comercio informal, la cual sirviera de pretexto para llevar a cabo la reforma fiscal, parece tener seguimiento con su nuevo decreto, el cual busca forzar hacia una incorporación fiscal.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 58 por ciento de la Población Económicamente Activa se ubica en el sector informal.
La propuesta peñista, nombrada “Crezcamos juntos” consiste en un decreto donde se establecen algunos presuntos beneficios para quienes se inscriban como contribuyentes.
Entre los argumentos de Peña Nieto, el priista mencionó que “pone en riesgo su futuro al no permitirles ahorrar para el retiro, impide tener los beneficios de seguridad social, u obtener un crédito para muebles o adquirir una vivienda”, por lo que la informalidad limita y lastima el bienestar de los trabajadores y sus familias.
Sin embargo, a pesar del discurso oficial, haría falta analizar más a fondo los “beneficios” que dice estar ofreciendo el Ejecutivo, pues también podría implicar una manera de controlar con un enfoque neoliberal a los trabajadores, como ya se ha visto en la reforma laboral, e incluso en a reforma educativa, en el caso de los maestros.
Evidentemente, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, también ha dado la cara a favor de esta iniciativa, argumentando que este programa disminuiría la pobreza.
