Ivonne Acuña Murillo
(04 de diciembre, 2014).- “Por un México en paz con justicia, unidad y desarrollo”, es la leyenda bajo la cual se enlistan los 10 puntos que Enrique Peña Nieto presentó el jueves 27 de noviembre, como parte de un intento más de su administración por frenar la espiral de violencia, injusticia, desigualdad, inequidad y pobreza en la que se ha visto envuelto México.
El priista comenzó su anuncio con una referencia a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, para después admitir la debilidad institucional y falta de seguridad que vive el país. Hizo, como es costumbre en los últimos sexenios, una referencia al pasado en la que los mexicanos han sido capaces de afrontar problemas mayores. Recurso muy socorrido cuando hay poco que decir del futuro, ante un presente caótico. Mencionó, además, su acuerdo con el clamor popular, expresado por los analistas en las columnas y artículos periodísticos, sobre que “México no puede seguir así”.
Retomó igualmente la expresión que ha acompañado las manifestaciones callejeras multitudinarias y con la cual pretende mostrar su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas cuyo paradero no ha podido ser esclarecido por su gobierno, la de “todos somos Ayotzinapa”, pero dejó de lado aquella en la que se pide su renuncia. Omisión que le permitió no justificar ante la población la necesidad de continuar con su mandato ni hacer una autocrítica ante los escasos resultados en materia de seguridad y de justicia.
Se posicionó a sí mismo como “un mexicano más”, solidario con el dolor de quienes han sido víctimas del actual estado de cosas, y antes de que se le reclamara y se le aclarara que él “no es un mexicano más”, sino el supuesto representante de mexicanos y mexicanas, se apresuró a declararse como el responsable de la seguridad de todos los ciudadanos.
Después, detalló los 10 puntos que conforman su propuesta, destacando las iniciativas de ley referidas a la infiltración del crimen organizado en aquellos ayuntamientos que por este motivo podrán ser disueltos desde el gobierno federal; la reforma en materia penal; el combate a la corrupción; las leyes de transparencia y obras públicas.
Destacan también la intención de definir claramente las competencias de cada autoridad en el combate al delito; la formación de las policías estatales (32 en total); la creación de un teléfono único de emergencia en todo el territorio, el 911; la clave única de identidad y un banco de estudios genético; un operativo especial en Tierra Caliente, en especial Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas; hacer efectivo el derecho humano a la justicia, a partir de reformas legales, cuya propuesta será hecha por Sergio López Ayón, del CIDE; a lo anterior se sumarán acciones para fortalecer los derechos humanos en función de leyes generales sobre tortura y desaparición forzada y un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas.
La propuesta de Enrique Peña Nieto presenta pocas novedades, como abrir un debate en torno al derecho humano a la justicia, pero vuelve a temas como las policías únicas a nivel estatal, ya operando en algunos estados; el teléfono de emergencia ya contemplado en la ley; la legislación contra la tortura y desaparición forzada ya existente; y un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que ya debería estar operando; así como el ataque a la corrupción que aparece en todo discurso oficial, aunque cambie la instancia que los llevará a cabo.
En ese sentido, aunque ciertamente se plantea la profundización, homologación y mejor administración de dichas medidas, lo cierto es que la falta de novedad en la propuesta pone de manifiesto los límites que enfrenta. Estas limitaciones llevan a plantear una serie de dudas relacionadas con lo dicho y lo no dicho.
Primero, en términos generales, el discurso del priista en torno a las medidas que permitan al país resolver algunos de los problemas que le aquejan, adolece de los planteamientos que permitirían hacer un gran pacto político-social por la paz, la seguridad y la justicia. Peña Nieto se encuentra preso en la lógica de un sistema político pre alternancia, en el que la figura presidencial podía administrar los principales hilos del poder y ser arbitro en la solución de los grandes conflictos nacionales. Hoy, ese sistema político se ha modificado, al punto que la presidencia no es ya el único centro de poder, ni el presidente tiene la fuerza suficiente para enfrentar los graves problemas que ponen a la población en general, y no sólo a los ciudadanos, que él menciona, al borde de un conflicto de grandes magnitudes.
En función de esto, se podría haber convocado además a diversos grupos de especialistas para que, con su conocimiento y experiencia, analizaran aquello que ya se hizo y no sirvió, y propusieran acciones que han dado buenos resultados en otros países con problemas similares.
Segundo, la acción de no llamar a la conformación de un pacto nacional guarda una cierta voluntad por centralizar el poder, en cuanto al recuerdo nostálgico de un México que ya no existe, ante la fractura de un sistema político que se desintegra en diversos centros de poder y un grupo gobernante que ya no impone sino que negocia con los poderes fácticos emporados en los sexenios panistas.
Tercero, resalta la ausencia de las y los jóvenes en el discurso peñista; no ahora, sino desde que se plantearon los objetivos del Pacto por México, acto político con el que inicia el actual sexenio. Obviamente, el priista no iba a mencionar a cada sector de la población, pero las y los jóvenes merecen no sólo una referencia especial sino políticas públicas dirigidas a su desarrollo y protección, al ser quienes en mayor medida sufren los efectos de la violencia criminal que se ha desatado en México cuando son “levantados” por el narco y obligados a trabajar en la producción de droga o como sicarios, cuando son ejecutados, desaparecidos o asesinados; cuando las niñas y jóvenes son reclutadas o secuestradas y obligadas a prostituirse; cuando son asesinados en fuegos cruzados y son luego contabilizados como “efectos colaterales” o como delincuentes sin importar su edad o modo de vida.
Cuarto, aunque hizo referencia a su obligación de proteger a quien se manifiesta de manera pacífica, omitió tratar el tema de las y los jóvenes que son criminalizados por las policías de los diversos niveles de gobierno y son recluidos en penales de alta seguridad como criminales peligrosos, a diferencia de los verdaderos provocadores: los llamados anarquistas, quienes a diferencia de los primeros, no son arrestados o reciben un trato diferenciado y son dejados en libertad pagando pequeñas multas.
Quinto, en su anuncio del ataque a la corrupción no enfatizó medidas dirigidas a terminar con este problema y con la infiltración de la delincuencia organizada a los más altos niveles de gobierno, estatal o federal, y se conformó con anunciar la posibilidad de disolver a los gobiernos municipales que, como el de Iguala, se coludan con criminales. En este caso, resalta que no haya hecho la misma advertencia a los gobiernos estatales, que en algunos casos, como el de Michoacán, han sido acusados de nexos con grupos de narcotraficantes. Esta omisión podría explicarse si se piensa que Peña Nieto, dada su debilidad, necesita del apoyo de los gobernadores, en su mayoría priistas.
Sexto, a simple vista parece positivo su anuncio de crear nuevos centros de industrialización en zonas marginadas como el Istmo de Tehuantepec, el Puerto Chiapas y el Puerto Lázaro Cárdenas, focalizando en esta región la creación de nuevos empleos cuando no es la única parte del país que adolece de empleos insuficientes para la población, por lo que en todo caso debería ser presentado sólo como una etapa en un nuevo proceso de industrialización y desarrollo.
Séptimo, poner especial atención a la lucha contra el crimen en la región de Tierra Caliente y en Tamaulipas, inevitablemente lleva a preguntarse por lo que pasará en otras zonas del país que ya viven con la acción criminal del narco, o que en su defecto serán vistas por éste como lugares no cubiertos por la seguridad gubernamental, para establecer sus bases de operación: el famoso efecto cucaracha. De tal suerte que el gobierno federal apaga un fuego para generar otro donde la maleza también está seca.
Octavo, aunque el caso Ayotzinapa fue el eje que vertebró su discurso, no ofreció una solución concreta a los familiares de los desaparecidos ni a los justos reclamos de una sociedad movilizada.
Noveno, el priista se atrinchera en un discurso -cuándo no en espacios cerrados donde no llegan las protestas callejeras- que sólo recoge parcialmente la realidad que viven millones de personas en este país, ya por comodidad o por plantear sólo aquello en lo que quiere o puede incidir.
Décimo, finalmente su propuesta es reactiva y responde discursivamente al clamor de una sociedad que está harta de que su gobierno no resuelva los graves problemas que la aquejan, como una forma de apaciguar los ánimos, pero que no ofrece un plan integral que ataque de raíz la corrupción (política y social), la falta de justicia, las bases financieras de la delincuencia organizada, la colusión por parte de políticos y empresarios con las redes criminales, la pobreza y la desigualdad que se convierten en caldo de cultivo del reclutamiento forzado y la violencia, etcétera. En resumen, el decálogo presidencial carece de una visión de estadista que haga una lectura más amplia del momento histórico.
