Por: Enrique Legorreta
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Trece años después de que la iniciativa de reforma a la Ley de amparo fuera presentada por el poder legislativo al presidente Vicente Fox, y que los gobiernos de Acción Nacional la congelaran, el actual Gobierno Federal dio paso a la publicación de ésta después de que el Senado la aprobara el pasado 20 de marzo, con lo que se reglamentarán los artículos 103 y 107 de la Constitución.
Este recurso de ley permitirá que los Tribunales de la Federación resuelvan las controversias a través de un juicio, ya sea por violación de derechos humanos o porque invadan la autoridad determinada en un proceso legal.
Ante estos hechos, el instrumento jurídico pretende mostrar libertades que han distorsionado su uso y lograr el beneficio a la sociedad que está desprotegida por actos de abuso de autoridad.
Con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jesús Silva Meza, los presidentes de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra y del Senado, Ernesto Cordero, Enrique Peña Nieto firmó el decreto por el cual se activa la ley.
El ex gobernador mexiquense señaló que a partir de esta expedición, se podrá proteger los derechos de las personas que fueron violentadas por acciones de la autoridad, y así no causar más prejuicios sociales.
El documento no considera la mayoría de los escenarios posibles, dejando huecos legales que pueden derivar en un estado de inseguridad legal.
Peña Nieto destacó que la notoriedad de esta ley radica en su aplicación total, pero que su modernización de la norma no garantiza que sea un éxito a la hora de ejecutarse, ya que el marco legal será definitorio en el alcance que se logre para la defensa de quien lo solicite.
Peña Nieto, que sigue en su papel de “reformador de México”, detalló que el respeto a los derechos humanos es el eje fundamental de la Ley de Amparo, y que su gobierno deberá de acatar cualquier resolución que el poder judicial defina en el marco legal.
La ley podría enfrentar problemas en el artículo 129 constitucional, en el sentido de las instituciones financieras así como de las concesiones de bienes de dominio.
Al ser una ley que permite la defensa de los derechos humanos, queda en el aire el éxito de la misma, ya que Peña tiene en su haber varios pendientes en el cumplimiento de esta materia, como el caso de San Salvador Atenco donde la policía abusó de su autoridad, violentando a los manifestantes de la zona con detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura, violación y abuso sexual a 26 mujeres.
