(31 de julio, 2014).- En los últimos días se ha hablado de un nuevo Fobaproa en el que toda la población mexicana pagará los pasivos laborales por jubilaciones y pensiones de los trabajadores de Pemex y CFE, los cuales ascienden a 1.13 billones de pesos y 507 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con los informes financieros del primer trimestre de este año correspondientes a las paraestatales.
En opinión del académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Roberto Gutiérrez Rodríguez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como los defensores de esta enmienda, “no están ofreciendo información transparente en este rubro, dado que en la exposición de motivos de la reforma promulgada el pasado 20 de diciembre de 2013, se hablaba de la asunción de los pasivos totales de Pemex y ahora sólo se refieren a los laborales.
Tanto el secretario de Hacienda como los diputados de las fracciones parlamentarias de PRI, PVEM y Nueva Alianza hablan exclusivamente de los pasivos laborales, pero se omite la deuda financiera de Pemex, que “está contratada en pesos como en moneda extranjera. La deuda financiera que está reconociendo Pemex asciende a 750 mil millones de pesos”, afirma Gutiérrez Rodríguez, Maestro en Economía por el CIDE y Doctor en el mismo rubro por la UAM.
Ambos pasivos laborales suman alrededor de 1.7 billones de pesos, mismos que corresponden al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) según la información proporcionada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sin embargo, Gutiérrez Rodríguez afirma que si “además del pasivo laboral se incorpora la deuda financiera de largo plazo de Pemex, más la deuda de CFE, estaríamos hablando de un 17.5 por ciento del PIB”.
Lo que representaría una onerosa situación económica para el país, porque “México está en el límite de la capacidad del pago de su deuda, porque ya llegamos al 40 por ciento del PIB. El gobierno mexicano nunca ha tenido la práctica de considerar la deuda futura con la deuda presente y el secretario de Hacienda tuvo la sutileza de referirse sólo al valor actual del pasivo laboral”.
Cada año se debe pagar a Pemex por jubilaciones y pensiones 38 mil millones de pesos para los 75 mil jubilados y pensionados, “si se divide esta cantidad por el número de trabajadores en pasivo, la suma asciende a cerca de 585 mil pesos al año, cuando en promedio ganan 10 salarios mínimos al mes”, un monto menos al que supuestamente se destina a cada jubilado.
Por otro lado Roberto Gutiérrez, hace hincapié en la opacidad con la que actualmente se presentan los estados financieros de estas empresas, que cada tres meses la Secretaría de Hacienda hace públicos en su portal. “Anteriormente aparecía información muy detallada de la deuda de Pemex y CFE, y otras empresas paraestatales, ahora ya no se encuentra esta información detallada. Está agrupada dentro del saldo del sector público”.
Lo que hace pensar que la deuda de ambas paraestatales ascienda a alrededor de 3 billones de pesos, lo que representaría el 17.5 por ciento del PIB. Esto obedece a que los recursos obtenidos por México a través de la deuda externa fueron consecuencia de la solvencia económica de PEMEX y no fueron destinados para aumentar su capacidad productiva sino que se emplearon para otros sectores públicos.
“Entonces cada año el gobierno federal, en compensación, destina recursos para pagar a los jubilados de Pemex. Los 38 mil millones de pesos anuales de los que ahora habla el secretario de Hacienda. Ahora bien, ¿por qué los jubilados de Pemex ganan 585 mil pesos al año y los jubilados que cotizaron al ISSTE ganan en promedio entre 2 o tres salarios mínimos, 4 mil pesos al mes, 50 mil pesos al año. Por qué ganan menos los que totizaron al IMSS o al ISSTe que quienes cotizaron en el sistema pensionario de Pemex?”, cuestiona Gutiérrez Rodríguez para, posteriormente, sentenciar que, “es una diferencia tan abismal que tendría que reconocer el gobierno”
Desde la reforma energética de 2008 impulsada por Felipe Calderón, los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), tuvieron que ser reconocidos como deuda pública. Los PIDIREGAS surgieron ante la desincorporación de las entidades paraestatales ya que se requerían solventar las actividades de infraestructura que éstas realizaban.
Gutiérrez Rodríguez, autor del libro El comercio Intraindustrial Norte Sur, afirma que desde entonces ya se trataba de otro Fobaproa. Al pasar la deuda de Pemex al gobierno federal lo que “sucedió es que el déficit del sector público aumentó en el 2.5 por ciento respecto al PIB. En este 2014, por su parte, el déficit va a llegar por lo menos a 3.7 por ciento del PIB”.
Ahora bien, la apuesta del gobierno federal consiste en pagar este pasivo de Pemex haciéndolo deuda pública para poder cumplir con su plan de desarrollo, el cual supone la reducción del déficit fiscal a cero. Sin embargo, de acuerdo con Roberto Gutiérrez esto no parece posible, “es una ilusión con respecto a ese gasto porque todos los recursos de Pemex, ahora se van a manejar en el Fondo Mexicano del Petróleo. El problema de ese fondo es que se establece en un punto en el que solamente distribuirá recursos una vez de haber pagado gastos que no pueden ser menores al 4.7 por ciento del PIB”.
El gobierno federal se seguirá quedando con ese 4.7 por ciento de recursos con respecto al PIB, pero dudosamente Pemex obtendrá mayores recursos una vez que entre en competencia con las grandes transnacionales, para las que no se establece el monto mínimo de aportación al Estado mexicano.
Roberto Gutiérrez compara la experiencia de la reforma de 2008, cuando se anunciaron los bonos que podrían ser adquiridos por la ciudadanía, “e iba a ser como si la gente tuviera un pedacito de Pemex. Esos bonos nunca existieron”.
El pago de las empresas petroleras.
La apertura al sector privado en los sectores eléctrico y energético obedece a una competencia por atraer inversión extranjera a México mediante la flexibilidad y laxitud de los cinco modelos de contratos: de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida, de licencias y, por último, el que establece una combinación de los cuatro anteriores; descritos en la iniciativa del Ejecutivo Federal.
“Contratos que va a firmar el gobierno federal, son contratos que les van a asegurar [a las transnacionales] una parte importante de beneficios para que ellos encuentren atractivo venir a México”.
Pero en estas leyes reglamentarias que están por ser promulgadas, no se finca un número máximo de contratos otorgados, como tampoco se asienta el porcentaje mínimo que las empresas extranjeras deberán aportar al gobierno federal.
En tanto que para Pemex se establece un monto mínimo (4.7% del PIB), que “en promedio es el 71.5 por ciento de sus ganancias, las empresas que vienen a México con dificultad van a pagar el 40%”.
En caso de que se lograra cobrar el 40 por ciento a las transnacionales y el 4.7 por ciento del PIB fuera cubierto, entonces el FMP podría destinar recursos para “la educación y para la seguridad nacional, como se contempla. Pero yo creo que son ilusiones, porque va a tener mucho menos dinero”.
En el caso de los contratos en su modalidad de licencias, éstos se rigen bajo los parámetros de concesiones, las cuales fueron prohibidas por Ley desde el mandato de Lázaro Cárdenas y eliminadas por completo a partir del gobierno de López Mateos.
Sin embargo estas licencias operarán tal como ocurre en “la minería donde se pagan muy bajas utilidades, regalías e impuestos al gobierno. Y ahora con esta reforma las empresas mineras van a quedarse con el gas que encuentre en el proceso, automáticamente, sin ningún problema. Ese mismo sistema de concesiones aplica a las licencias”.
Los empleados del sector público han declamado una serie de discursos que al final terminan siendo falsos, tal es el caso del titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien hace un año aseguró que de Pemex “no se venderá ni un tornillo”.
Gutiérrez Rodríguez confronta tal declaración: “Ahora nos enteramos que las leyes secundarias habilitan al gobierno federal para que se vendan instalaciones enteras. Conforme ha ido avanzando el proceso de decantación de la reforma energética, han ido quedando más claras las mentiras que dijeron repetidamente”.
Sin embargo, un porcentaje de la población está conforme con la transformación de las paraestatales, debido a la malversación de fondos y corrupción en su estructura orgánica. Pero Roberto Gutiérrez afirma que éstas medidas –que se aprueban en el Congreso de la Unión– de ninguna manera contribuirán para mejorar su funcionamiento, sino por el contrario, se perderá “el control de los recursos del país”, a través de la apertura a la inversión extranjera.
La concepción de una nueva política energética es necesaria. “La necesitamos tanto para tener recursos en la actualidad como para en el futuro pasar a una dependencia menor de los recursos fósiles y por tanto generar energías limpias”.
Pero todas estas facilidades a la inversión extranjera por parte del gobierno federal “implican una transformación radical del sector energético de México, como del sector eléctrico”.
Se perfila una nueva reforma fiscal
Cuando las deudas de CFE y Pemex se documenten como deuda del gobierno federal, una de las vías para cubrirla será la emisión de bonos tanto en México como en el extranjero con altas tasas de interés “porque si no nadie los compra en el mercado”.
Al pagar esa tasa de interés “lo que sucede es que se reducen los ingresos del gobierno federal, es decir, aumenta su gasto y se convierte en un círculo vicioso esa es la verdadera afectación para nosotros, que vamos a tener que cubrir vía impuestos o tasas de interés más altas los gastos por el servicio de la deuda que ahora se asume”.
Si se logra o no la negociación con los trabajadores de Pemex y CFE para que sus mensualidades pensionarias sean menores, de todos modos es dinero que “tendremos que pagar los mexicanos”.
Por lo que se podría avecinar una nueva reforma fiscal como la aprobada el año pasado a la “que le llamaron hacendaria, sin embargo la reforma que parece sobrevenir sería más radical porque de otra manera no se va a poder pagar la deuda externa, precisamente por deshacerse de Pemex”.
Por lo que la promesa de autonomía financiera para Pemex es “más bien el incremento de la deuda del pueblo, nunca nos van a pagar esto que estamos prestando, en cierto modo para sanearla. En realidad pagamos para que se haga más chica y se abra camino para otras empresas”, concluye el Doctor Roberto Gutiérrez.
