(16 de octubre, 2013).- Las faltas al debido proceso han sido un tema sensible no sólo en la política interna mexicana, sino en la política exterior que, en este caso, se refiere a penas de muerte a ciudadanos mexicanos en el extranjero que han sido impugnadas sin éxito alguno.
Mientras en el caso de México, la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, logró salir de la cárcel –inocente o no– por faltas al debido proceso, en Estados Unidos son 60 los mexicanos condenados a pena de muerte en situación similar ya que éstos en su momento no se les notificó el derecho a protección consular –violando tratados internacionales–, sin embargo, sus sentencias siguen en marcha y con altas probabilidades de llevarse a cabo.
En el contexto de la conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Pena de Muerte, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades de Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones conforme a derecho internacional, debido a que muchos de los mexicanos sentenciados a muerte en el país vecino gozan de amparo por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
El llamado caso Avena ha sido un conflicto diplomático: ante la detención y sentencia de ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense, éstos no fueron notificados de sus derechos a protección consular, así como el Gobierno mexicano no fue informado sobre las detenciones de los mismos, razón por la cual, en febrero del 2003, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo con carácter vinculante, en el cual establece que el Gobierno de Estados Unidos –entre otras cosas– debería detener la ejecución de los entonces cincuenta y dos reos mexicanos. Un año más tarde, ordenó que los expedientes fueran revisados y reconsiderados judicialmente.
Amnistía Internacional hizo énfasis en que, a pesar de la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Texas se ha negado a acatarla y ha ejecutado ya a dos mexicanos amparados por su sentencia, con el argumento de que “no existe una norma interna en Estados Unidos que obligue a Texas y sus tribunales a aplicar la sentencia de la Corte.
Amnistía señaló que desde que Rick Perry -actual gobernador de Texas- asumió el cargo, se han llevado a cabo 250 ejecuciones de personas en ese estado, entre ellas José Ernesto Medellín en mayo de 2008 y Humberto Leal en julio de 2011.
En días recientes, la senadora panista Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, llamó a agotar todos los canales diplomáticos en este caso para proteger el derecho a la vida de los connacionales, además calificó de indignante la constatación de que el vecino país del norte pasó por alto el artículo 36 de la Convención de Viena en materia consular.
Amnistía Internacional mencionó que, de acuerdo al Departamento de Justicia Criminal de Texas, cerca de la tercera parte de las personas ejecutadas durante el año 2011 eran de origen hispano y casi dos tercios (65%) pertenecían a minorías étnicas.
Con motivo de detener las ejecuciones, Amnistía Internacional presentó un informe sobre la falla de efectividad de la pena de muerte como medida disuasoria contra el crimen, y abrió el debate sobre la necesidad de actuar para poner fin a la impunidad y atender a las víctimas graves de delitos, pero sin usar la pena de muerte.
En caso de no revisarse los casos de los mexicanos en Estados Unidos, las muertes de los connacionales sentenciados podrán continuar, como en el caso de Edgar Tamayo, se tiene prevista su ejecución –sin alguna objeción gubernamental estadounidense– en enero del 2014.
