(12 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La impunidad es causa y consecuencia de la tortura en México, en un círculo vicioso que fomenta los crímenes de lesa humanidad, donde uno más de los cómplices es quien realiza un examen forense y por el motivo que sea, encubre los daños físicos que encuentra en el cuerpo”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO el antropólogo forense Rómulo Rafael.
En 2014, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe que denunció las deficiencias en la manera en que los médicos y psicólogos de la PGR llevaban a cabo el Dictamen Especializado, un instrumento elaborado en 2003 con el fin de servir de guía para todos los exámenes forenses, tanto médicos como psicológicos, sobre la tortura y los malos tratos.
En la teoría, el Dictamen Especializado, expone normas internacionales de carácter obligatorio, tales como: el Manual de la ONU para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (conocido como Protocolo de Estambul). Sin embargo, en los hechos, la práctica del documento presenta deficiencias, catalogadas como “graves”, principalmente por las fuertes demoras en resultados.
Como ejemplo de la problemática, AI señala que en 2014 el número de denuncias aumentó más del doble, sin embargo, el número de Dictámenes Especializados llevados a cabo por expertos forenses de la PGR, disminuyó en comparación con años anteriores, cuando debió ir acorde a los casos.
En aquel año, la Procuraduría llevó a cabo 185 de esos dictámenes médico-psicológicos, una cifra “baja”, en comparación con los 206 que se registraron en 2013, aunque solamente 22 de dichos exámenes concluyeron con resultados que confirmaban la tortura, pese a las evidencias.
“Es decir que a la víctima de muerte por tortura o sobreviviente de tortura, le hagan o no justicia, en México es cuestión de suerte. Frente a las autoridades mexicanas no se trata de presentar pruebas, sino que el deseo de tener una respuesta justa se te cumpla. El Dictamen Especializado es solamente una manera de ‘aceptar’ una de las tantas normas internacionales para ‘quedar bien’ frente a los organismos que han exhibido a este país en innumerables ocasiones por solapar la impunidad de sus mismas autoridades.
Aceptar no significa tomar en cuenta y ejercer. En principio porque de ese alto número de denuncias, siempre se está hablando de elementos de seguridad, quienes lastimaron en forma mortal o grave a una víctima. Si la PGR fuera ejerciendo en forma adecuada el dictamen, habría más de 200 aceptaciones de culpabilidad de policías, Ejército, Marina. El gobierno no puede con un solo caso, no puede desproteger a su brazo armado, la impunidad es la regla de oro de las Fuerzas Armadas y de seguridad, porque es la manera en que el gobierno sigue torturando y ejecutando”, afirma el especialista.
En agosto de 2015, la PGR informó a AI que había pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, en algunos de los casos habían hasta 40 denuncias (es decir 40 víctimas en un solo hecho de tortura). La PGR declaró que, cada año, sus expertos forenses llevaban a cabo 140 mil exámenes médicos diferentes, de los que el Dictamen Especializado constituía sólo una pequeña fracción.
Sin embargo, el organismo sigue expresando su preocupación por la calidad del Dictamen Especializado conforme lo aplican los expertos forenses de la PGR quienes, según denuncian, de forma habitual no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, “además de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas”.
En la actualidad, derivado del fácil acceso a miles de noticias y denuncias de cualquier tipo, en México son cada vez más casos que se dan a conocer a la sociedad civil, sin embargo un gran número (aquellos que constituyen la cifra negra), quedan en el anonimato, sin ni siquiera levar a cabo un protocolo legal por la justicia, siempre detenidos por el miedo.
Tal es el caso de Hilda, madre de Mario, quien tenía 17 años (en 2015), cuando un grupo de elementos de la Marina pisaron tierras de la serranía en Durango, para ‘buscar a un capo’. “Mi hijo no quería levantarse, era domingo, pero lo obligué a salir por un mandado. Yo vi como lo golpearon, pero amenazaron con violar a su hermana si gritábamos, creo que todos lo vieron, sin ver, escondidos, porque no queda de otra.
Dijeron que era halcón, y se lo llevaron, yo me enteré que como ‘no les sirvió’ lo entregaron a la policía. Esos malditos lo terminaron de matar, el médico dijo que no tenía nada, mientras veía como chorreaba sangre de la cara, todavía más de la nariz y cómo no si se la destrozaron toda.
Lo soltaron sí, nada más para que llegara a morir horas después, porque le golpearon tan fuerte la cabeza que algo le pasó en el cerebro, dijo un doctor, cuando murió. Y por la forma en que pasó, tenía que llegar el Ministerio Público a hacerle un estudio para ver qué había pasado, por qué tenía esos golpes, que eran a simple vista la causa que muriera. Cuando les contamos cómo pasaron las cosas, no quisieron hacer estudios, nos dieron rápido el papel y casi nos obligaron a enterrarlo lo más pronto posible. Les dijimos que el médico que estaba con los policías dijo que no estaba golpeado cuando lo estaba viendo ya casi morir. No respondieron. Nos advirtieron que ni ellos se meten con el Ejército y la Marina”, narra la madre en un testimonio obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO.
Durante semanas vieron pasar por el mismo sitio a los elementos que habían torturado al joven. Siempre, aseguran, con miradas amenazantes y burlándose, enseñando sus armas y fingiendo que apuntaban a la casa, en algunas ocasiones escucharon que decían, “si les prendemos fuego en la noche, nadie va decir nada, morirían calcinados”, por lo que comenzaron a no poder dormir, ni vivir y la familia emigró de manera forzada.
“AI ha pedido desde hace mucho tiempo que los expertos forenses y los médicos legistas se separen de la PGR, los casos son innumerables, los golpean, incluso enfrente de sus familiares, o cuando los ven están sangrando o inconscientes, hubo un caso -documentado por Revolución TRESPUNTOCERO-, donde la persona casi se muere porque una costilla le había perforado un órgano, al parecer era el hígado, de todos los golpes recibidos por Fuerzas Armadas, lo operaron incluso luego de la movilización de la familias, sin embargo el expediente decía que no había padecido tortura.
La PGR es solamente una simulación de justicia, y no es una opinión sin argumentos, los casos de organismos nacionales e internacionales, las muertes por tortura, los sobrevivientes por tortura, todas las secuelas demuestran que eso es real, no hay un fundamento, cuando ONU dice que este delito es generalizado, habla principalmente -y muy cerca- de exclusivamente las Fuerzas Armadas, del Estado, del principal órgano represor en este país”, añade Rafael.
El órgano ha señalado en distintos informes “la clara falta de capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes forenses”, bajo la base que “resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices de la Procuraduría sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicológicos independientes”.
Aunque el Dictamen Especializado de la PGR fue actualizado el 5 de octubre de 2015, la nueva norma no ha modificado muchas de las cuestiones básicas destacadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, es decir, “las deficiencias siguen presentándose”.
Así es como el texto del Dictamen “puede dar lugar a obstáculos adicionales para que expertos independientes realicen exámenes forenses a las víctimas. Es decir, este documento requiere que todos los expertos independientes se acrediten de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación penal de México. Esa redacción tan vaga deja abierta la puerta a obstrucciones al acceso independiente a las víctimas”, sentencia el AI.
Además, “se teme que las normas oficiales y los marcos jurídicos de la PGR sigan dando un trato preferente a los exámenes médico forenses oficiales como prueba en los juicios”. Y es que, según las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la tortura, el único criterio que debe aplicarse para juzgar el valor probatorio de los exámenes forenses médicos y psicológicos es el valor técnico que esos exámenes demuestren.
Los cuales deben juzgarse de acuerdo a normas internacionales, tales como el Protocolo de Estambul, el cual pocas veces se practica y después de varios intentos, incluso de organismos no gubernamentales, que tienen que ejercer presión, lo cual no significa que logren acceder a este mecanismo.
En 22 casos documentados en dicho informe, solamente unos cuantos han sido sometidos a un Dictamen Especializado de la PGR, y de éstos, en la mayoría pasaron varios meses y años, antes que se diera acceso a la práctica de un examen, por lo que el proceso de investigación se estancó.
Como ejemplo se encuentra el caso de Ángel Colón, ex preso de conciencia, que fue torturado en una base militar mexicana en 2009. La PGR no llevó a cabo un Dictamen Especializado en su caso, pese a que durante años él persistió en sus denuncias de que había sido torturado.
En 2014, mientras estaba en prisión, unos expertos forenses independientes lo examinaron y concluyeron que había sido torturado. Pese a la existencia de este informe forense independiente, la PGR no ha realizado ningún progreso en la investigación de la tortura en el caso de Ángel, y ha insistido en llevar a cabo su propio Dictamen Especializado y someter a Ángel a un examen médico y psicológico, seis años después de su detención.
Rafael, admite, que concuerda con AI al asegurar que el Dictamen Especializado de la PGR “parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”. Agregando que, mientras eso sucede, las personas son víctimas nuevamente de tortura, malos tratos y amenazas psicológicas, lo que provoca que en muchos casos prefieren desistir, bajo el argumento que si detienen su proceso de exigencia de justicia, les dictan condena y la cumplen sin violencia.
Aunque el uso adecuado de los exámenes forenses médicos y psicológicos debe complementar y reforzar las investigaciones que deberían haber comenzado en el momento en que se denuncian la tortura y los malos tratos, esto sigue sin suceder en México.
