(23 de enero, 2015).- En un clima de criminalización de la protesta social en México, dos juzgados federales determinaron que la Ley de Movilidad del Distrito Federal es inconstitucional pues viola derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en su modalidad de manifestaciones públicas, anunció el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Luego de que en noviembre pasado dos juezas federales concluyeran lo mismo en tres amparos contra esta ley, tres amparos más fueron resueltos a favor de miembros de organizaciones sociales que integran la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” así como de organizaciones como Artículo 19 y de académicos de distintas casas de estudios.
“En estos amparos se reafirma la importancia que tiene la libertad de expresión para cualquier democracia, sobre todo en el contexto de las manifestaciones públicas, como un cauce para expresara el descontento social frente a las diversas problemáticas. Señalan los jueves que dicha ley restringe de forma ilegítima el ejercicio de la protesta pública al establecer la obligación de dar un aviso previo para realizarla. Asimismo, la norma es inconstitucional al negar la licitud de origen que tienen todas las manifestaciones, tratando de descalificar previamente su legalidad”, afirmó el Frente a través de un comunicado.
Además, señalaron que en los amparos ganados se logró determinar que la prohibición de utlizar vías primarias de circulación continua también es inconstitucional al restringir “desproporcionalmente” la libertad de expresión pues “resta la posibilidad de liberar la tensión social” a través de éstas.
En entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, Erik Gutiérrez, miembro del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, indicó que la Ley de Movilidad capitalina “no es la primera ni la única ley que pretende restringir e inhibir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y protesta; todos fundamentales y deseables dentro de una sociedad verdaderamente democrática”.
Desde abril del 2014, recordó Gutiérrez, el Frente denunció la presentación, y en algunos casos, la aprobación de más de 17 leyes violatorias de estos derechos constitucionales.
En este contexto, el Frente condenó las detenciones ilegales y arbitrarias en contra de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el pasado 19 de enero cuando ejercían su derecho a manifestarse en el marco de la visita de Enrique Peña Nieto a este estado.
*Las ausencias institucionales*
“Ante esta insistencia por parte de los gobiernos Federal y Locales para castigar, restringir e inhibir a las voces que disienten, el Frente ha tenido que recurrir, primero, a las Comisiones de Derechos Humanos, las cuales han fallado en pronunciarse a favor de los ciudadanos, y en algunos casos, incluso han llegado a aprobar la presentación de leyes de ésta naturaleza, siendo el caso más flagrante el de Puebla, cuando se señaló que la ‘Ley Bala’ representada por el gobernador Rafael Moreno Valle -que permite el uso de armas letales en contra de manifestantes-, era constitucional”.
Así lo aseguró Erik Gutiérrez, quien insistió en que ha existido una renuencia de las Comisiones de Derechos Humanos, tanto de la Nacional (CNDH) como la local (CDHDF) a cumplir con su labor y defender los derechos de la ciudadanía, razón por la cual esta organización ha recurrido a los tribunales para interponer amparos en contra de las leyes violatorias a los derechos humanos e incluso gestionar y obtener con ello, una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para plantear “retrocesos que se enfrentan en México ante la aprobación de este tipo de legislaciones y la renuencia de las Comisiones a actuar”.
El Frente entregó cartas acompañadas de un anexo técnico en el que se aseguraba la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad a la CNDH y a la CDHDF solicitando que actuara al respecto. A la fecha, indicó Gutiérrez, no se ha recibido respuesta alguna.
Es por ello, que Gutiérrez señala que el Frente pudo reunir más de 15 mil quejosos dispuestos a interponer un amparo en contra de esta ley, elaborando los recursos agrupados en 20 instrumentos diferentes, de los cuales, se han ganado seis.
“En estos seis amparos, los jueces han otorgado la suspensión definitiva de la aplicación de los artículos 212 a 214 de la ley únicamente a aquellos que se han amparado bajo esos seis recursos. Debe destacarse que estas sentencias sientan precedentes históricos en la materia y hacen uso de los criterios más avanzados en cuanto a la protección de los derechos humanos”.
El miembro del Frente destacó que “la CNDH y la CDHDF interpusieron, a regañadientes y literalmente en el último día que el plazo constitucional les otorga, acciones de inconstitucionalidad en contra de artículos específicos de la Ley. Esa acción por sí sola, obligará a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion a pronunciarse sobre la Ley de Movilidad”, lo cual dijo, no impide que los amparos interpuestos sigan su cauce en los tribunales y puedan generar jurisprudencia a favor de los derechos de libetad de expresión, reunión, manifestación y protesta.
Al existir la posibilidad de que éstos deban ser atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gutiérrez precisa que será ésta quien tega la última palabra sobre la Ley de Movilidad, “en última instancia, de ella dependerá si los derechos humanos se restringen mediante éste tipo de leyes, o si estos se protegen y armonizan en concordancia con lo establecido en el artículo primero de la Constitución”.
