El llamado plan B de reforma electoral ya está en manos del Senado. La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, recibió la iniciativa acompañada de coordinadores parlamentarios de Morena y el PT, en un acto protocolario realizado a puerta cerrada y convocado de último momento.
Durante la recepción, Castillo calificó la propuesta como una “reforma trascendental” y expresó su confianza en que será avalada por la mayoría legislativa.
Recorte de privilegios y ajuste al gasto público
El documento plantea una reducción directa a los costos del aparato político, con medidas que buscan limitar gastos y beneficios en distintos niveles de gobierno.
Entre los puntos clave destaca que ningún funcionario podrá ganar más que la Presidenta de la República, además de la eliminación de bonos, seguros y percepciones adicionales para servidores públicos.
En el caso del Senado, se establece una reducción progresiva del presupuesto hasta alcanzar un 15% menos en términos reales, en un periodo de cuatro años a partir de 2026. El ajuste, según el texto, no afectará los derechos laborales del personal.
También se fija un tope de 0.7% del presupuesto para congresos estatales, con la indicación de que los recursos ahorrados se destinen a obras de infraestructura pública.
A nivel municipal, la iniciativa propone reducir el número de regidurías a un rango de entre siete y un máximo de 15, así como limitar a una sindicatura por municipio.
Revocación de mandato: nuevas reglas y mayor difusión
Uno de los cambios más relevantes está en la revocación de mandato, que ampliaría sus tiempos y modificaría su dinámica.
La propuesta permite que la persona sujeta a este proceso pueda difundirlo y “promover el voto a su favor”, algo que actualmente no está contemplado en esos términos.
El documento subraya que este mecanismo busca “permitir la evaluación democrática del ejercicio del poder público”, mediante la expresión directa de la ciudadanía sobre la continuidad o conclusión del mandato.
Además, se plantea ampliar el periodo para solicitar la revocación, de modo que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, lo que abriría la posibilidad de llevarla a cabo en 2027 y no en 2028 como establece la legislación vigente.
La solicitud podrá hacerse una sola vez, dentro de los tres meses posteriores al segundo o tercer año del mandato, y la votación se realizaría el primer domingo de junio, mediante sufragio libre, directo y secreto.
Límites y reglas para evitar uso indebido
El proyecto también incluye restricciones claras: queda prohibido el uso de recursos públicos para recolectar firmas, contratar propaganda o utilizar tiempos oficiales con fines de promoción del proceso.
Asimismo, durante los 60 días previos a la jornada, deberá suspenderse toda propaganda gubernamental en medios de comunicación.
En paralelo, el INE, los organismos electorales locales y tribunales deberán ajustar sus normas y presupuestos para cumplir con las nuevas disposiciones, mientras que la Cámara de Diputados y los congresos estatales estarán obligados a alinear sus presupuestos conforme a estos criterios.
Con su llegada al Senado, el plan B electoral entra en una fase clave que podría redefinir costos, reglas de participación y funcionamiento del sistema político en los próximos años.
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