Por: Cecilia Balderas / Enviada especial
Segunda parte de tres
(04 de julio 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Yolanda Ruiz Cruz fue parte del grupo original de 86 simpatizantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) –entre menores, mujeres, ancianos y hombres- que fue detenido por elementos de varias corporaciones policiacas luego de haber participado en una marcha en respaldo a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado siete de junio de 2015.
Con el paso de las horas, el grupo se redujo hasta que quedaron únicamente los 25 jóvenes, presos en dos penales de Oaxaca: el Regional de Villa de Etla -de mediana seguridad- y el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Mengolí de Morelos, ubicado en Miahuatlán, considerado de máxima seguridad.
Ese domingo, la manifestación comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Cuatro horas más tarde, tras un mitin en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el grupo abordó un autobús que habían contratado y se retiró rumbo al Fraccionamiento Unidad Francisco Villa, ubicado en el municipio de Santa María Atzompa, donde la mayoría de ellos viven. Una camioneta con equipo de sonido, transitaba al frente, a escasos metros.
Mientras ambos vehículos avanzaban sobre el antiguo camino a San Jacinto Amilpas, al norte de la ciudad, varias motocicletas de la Policía Vial se les emparejaron y cerraron el paso; patrullas de la Policía Federal hicieron lo mismo, acompañados de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Todos desenfundaron sus armas para apuntarles.
“Violentamente nos pidieron que bajáramos del camión a lo que no accedimos porque no nos presentaron ninguna orden donde dijera que estábamos cometiendo algún delito, sólo íbamos transitando”, contó Yolanda a Revolución TRESPUNTOCERO.
Pero los uniformados no aceptaron un no por respuesta. A quienes iban en la camioneta los golpearon y a las decenas de personas que permanecían en el autobús, las amenazaron con aventarles bombas de gas para hacerlas descender. Ante las agresiones, decidieron bajar del camión y hablar con los uniformados, pero estos tenían otros planes.
“Inmediatamente que se abrieron las puestas del camión, nos jalonearon y bajaron violentamente. Íbamos mujeres, cinco menores de edad a los que también golpearon, adultos mayores de entre 60 y 80 años, también fueron golpeados”, recuerda Yolanda.
Minutos más tarde y ya golpeados, volvieron a meter a todos al camión; hicieron que se taparan el rostro con sus propias ropas y fueron prácticamente secuestrados, pues en ningún momento les informaron cuál o cuáles eran los delitos de los cuales se les acusaba o a dónde serían dirigidos. Los uniformados ordenaron al chofer del autobús que condujera hacia donde le indicaran y así lo hizo, entre jaloneos y más amenazas.
Luego de más de media hora llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en San Bartolo Coyotepec, donde un funcionario dijo a los uniformados que, en virtud de que no había ningún cargo en su contra, no podía responsabilizarse de la detención y mucho menos permitir su ingreso.
De regreso al autobús y otra vez con el rostro cubierto, avanzaron media hora más entre penumbras e incertidumbre. Una vez que se detuvo el camión, los bajaron uno a uno; los arrodillaron en una valla, los volvieron a golpear a todos y así permanecieron más de media hora. Después, les destaparon el rostro y les dijeron que estaban en el aeropuerto de Oaxaca, esperando un avión que los sacaría de la entidad.
Las reiteradas preguntas sobre el delito del que se les acusaba o el lugar al que serían conducidos, eran respondidas a golpes, por eso, después de un largo rato, la mayoría calló; aunque ante la insistencia de unos cuantos les advirtieron que, si bien les iba, serían llevados a Nayarit o desaparecidos como a los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, lo que no fue difícil de creer para los detenidos.
Después de varias horas de permanecer hincados en las inmediaciones del aeropuerto, el grupo fue conducido a otro autobús. Yolanda sólo pudo ver que tenía la imagen de un león con estrellas alrededor.
Volvieron a avanzar sin rumbo fijo. Llegaron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) donde por fin, les permitieron descubrirse el rostro. Fueron ingresados, les tomaron sus datos, fotografías, e incluso les buscaron tatuajes. Los menores de edad, también pasaron por este procedimiento de identificación pero minutos más tarde, fueron liberados junto con sus responsables y con las personas de la tercera edad que se encontraban presentes.
Poco a poco, a las mujeres también se les permitió abandonar las instalaciones de la delegación de la procuraduría en Oaxaca. Un grupo de hombres fue liberado. Horas más tarde, ya sólo quedaban los 25 jóvenes retenidos.
Quienes ya habían sido liberados decidieron que no se irían sin sus compañeros. Se plantaron a las puertas de la PGR a pesar de la insistencia de los guardias que se retiraran. Ante la negativa, los amenazaron con volver a detenerlos. A excepción de cuatro personas que custodiaron toda la noche las instalaciones, el grupo se retiró con la promesa que al otro día, a más tardar a las 15:00 horas- los suyos serían puestos en libertad.
Todavía en la madrugada, quienes permanecieron en la zona solicitaron información y les dijeron que sus familiares estaban bien. La versión de que serían liberados en unas horas seguía vigente; sin embargo, ante la negativa de los uniformados por dejar que los vieran, los familiares solicitaron la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Con el apoyo de uno de los visitadores de dicha dependencia, lograron ver a los detenidos. Esa sería la última vez que podrían hablar con ellos en varios meses.
“Estaban todos golpeados, todos decaídos. Sólo fueron cinco minutos los que nos permitieron verlos y nos dijeron que por la tarde se los iban a llevar. Decidimos esperarlos, confiando en que no había ningunas prueba en su contra”, recuerda Yolanda, pero una vez afuera, la esperanza les duró poco, pues fueron desalojados por elementos de la Policía Federal y de la AEI.
Alrededor de las 18:00 horas arribó un grupo de camiones repletos de policías federales quienes les exigieron retirarse del lugar.
“Se pusieron violentos, nos jalonearon, a algunas nos golpearon, a otras nos volvieron a meter a la PGR a la fuerza para intimidarnos y después volvernos a sacar amenazarnos con que no podíamos estar ahí. Para que no les hicieran nada a nuestros familiares decidimos retirarnos y nos plantamos en un lugar más alejado, pero también de ahí nos fueron a quitar. Nos dijeron que nuestros familiares saldrían al otro día y nosotros confiamos en que así sería y nos retiramos”, contó la joven.
Al otro día, al llegar a la PGR, les informaron que sus familiares habían sido trasladados a otro penal, sin especificar a cuál. Ante la falta de información, denunciaron la desaparición forzada de sus familiares y comenzaron a buscarlos por sus propios medios.
Meses después, se enteraron que los suyos permanecieron un día en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la Ciudad de México y luego fueron trasladados a penales federales de máxima seguridad, acusados de terrorismo, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos electorales.
En los penales de Nayarit y de Veracruz estuvieron incomunicados varias semanas; no se les permitió tener visitas ni hacer llamadas; incluso a sus abogados les negaron la entrada a estos centros penitenciarios. Durante varios meses, una sola vez pudieron establecer comunicación con los detenidos.
Fabricación de delitos y dependencia judicial
Ederth Yván Gris Vargas es asesor jurídico del Frente Popular Revolucionario (FPR) y representa a 24 de los 25 presos políticos.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, fue tajante al declarar que cuando los simpatizantes del frente fueron detenidos -antes de llegar al fraccionamiento Francisco Villa- la policía los intimidó y les sembró bombas molotov pues curiosamente, el parte policial de los federales refiere que todos ellos fueron detenidos con un “objeto explosivo en una bolsa” y también reportaron el supuesto hallazgo de más explosivos en una camioneta, a pesar de las innumerables pruebas testimoniales de que nadie iba armado ese día.
El abogado sostiene que desde la aparición de los uniformados y detención de las decenas de personas, se violó su derecho a una adecuada defensa, pues la detención se realizó de manera arbitraria y se les mantuvo incomunicados sin informarles de qué se les acusaba y mucho menos de sus derechos.
Un actuario acudió a las oficinas de la PGR para informar de la existencia de un amparo para que los detenidos no fueran sacados del territorio oaxaqueño, pero una barrera de policías federales de impidió ingresar al lugar. Horas más tarde se promovieron denuncias por incomunicación, actos de tortura, golpes e intimidación; sin embargo, unas horas bastaron para que los 25 fueran conducidos a penales federales y alejados de sus familias.
Ante la insistencia por saber qué estaba pasando y por qué no les permitían tener una defensa normal, como lo contempla la Constitución, alrededor de las 23:00 horas del lunes se les permitió entrar a los abogados. La escena fue impactante: ninguno de los detenidos había probado bocado o bebido siquiera un vaso de agua; en otros más, era evidente que necesitaban atención médica de urgencia, misma que no les fue proporcionada.
“Cuando ingresamos, la delegada de la PGR, Elva Alicia Sánchez Domínguez –que actualmente se desempeña como coordinadora general de asesores de Gabino Cué– nos dijo que era un asunto de mero trámite, que los liberarían de inmediato y que sólo se estaba levantando un acta circunstanciada para que no se generara ninguna responsabilidad para la dependencia sobre cómo ingresaron y cómo salieron, que una vez que les tomaran sus datos, serían liberados”, explicó el abogado, pero eso no ocurrió.
A esas alturas, ya habían sido liberados los menores de edad, ancianos, mujeres y un grupo de varones adultos, pero justo cuando iban a liberar a los más jóvenes, se dio la orden de que no se hiciera, ratificaron la detención y comenzó todo el proceso jurídico en su contra. Nunca les informaron formalmente quién dio tal orden, pero el abogado tiene la certeza de que sólo pudo venir de la titular de la dependencia: Sánchez Domínguez.
Los funcionarios de la PGR argumentaron ante los abogados que los detenidos habían cometido delitos electorales, incluida la quema de casillas y urnas. Nunca presentaron prueba alguna pero sí obstaculizaron el trabajo de la defensa que horas más tarde, fue sacada a golpes del lugar. El litigante está convencido de que en el tiempo que tardaron las autoridades en consignar a los 25 detenidos, fabricaron la acusación en su contra.
La madrugada del martes fueron trasladados a los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit y Veracruz, catalogados como de máxima seguridad, aunque el delito del que los acusaron no es tipificado como grave, ninguno de ellos tiene antecedentes penales, es reincidente o se probaron indicios de delincuencia organizada; básicamente, fueron aislados sin argumento alguno.
Gris Vargas sostiene que dicho traslado fue un abuso, pues la Constitución establece que los detenidos deben permanecer donde se encuentren sus familiares o en el más cercano al jugar del juicio, por lo tanto, tendrían que haber sido conducidos a un penal del estado; además, el procedimiento se ejecutó de forma clandestina ya que nunca le notificaron a nadie.
La defensa se enteraría después, de que al llegar a los Ceferesos, fueron obligados a presentar su declaración sin presencia de un abogado. Hasta entonces, les informaron a los detenidos los delitos que se les imputaban.
La distancia, además de interferir con sus lazos familiares, ha representado obstáculos para la defensa, pues tardaron en poder nombrar formalmente al abogado defensor y la presentación de pruebas para desestimar los delitos, aunque ninguno de ellos haya podido ser fehacientemente acreditado por el Estado.
Como el Ministerio Público argumentó que habían detenido al grupo “en flagrancia”, el expediente fue consignado de manera inmediata al Juez Tercero de Distrito por los delitos de terrorismo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
No fue sino hasta que el juez abrió el proceso con la declaración preparatoria que los abogados se enteraron que los 25 también eran acusados del par de delitos arriba señalados. Algunos de ellos se reservaron su derecho a declarar, pero todos refirieron haber sido golpeados, torturados y sometidos a malos tratos. La defensa solicitó que se investigara la comisión de dichos delitos sin que hasta la fecha haya avances en dichas indagatorias.
La defensa presentó varios testimonios de quieres estuvieron presentes en la detención y todos coincidieron en que nadie portaba ningún tipo de artefacto explosivo o arma, que tampoco habían quemado casillas ni urnas y mucho menos realizaron actos de sabotaje al Estado.
Para desestimar la acusación sobre la portación de bombas molotov, los abogados impugnaron tres dictámenes de la PGR: el químico, de artefacto explosivo y el fotográfico. Un perito independiente corroboró que las botellas que supuestamente habían sido preparadas para ser detonadas, contenían algún tipo de detergente, ingrediente que inhibe la explosión y la combustión; sin embargo, el juez no admitió dichos resolutivos e hizo caso omiso de las denuncias sobre violación de derechos humanos.
“Nos preocupó mucho la actuación del juez porque, lejos de verificar que el Ministerio Público había actuado de manera corrupta, permitió la convalidación de violaciones en perjuicio de nuestros compañeros. Nunca se pronunció sobre ese tipo de arbitrariedades y violación de derechos humanos”, explicó el abogado en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
También presentaron videos del momento exacto de la detención ocurrida mientras el grupo transitaba por el antiguo camino a San Jacinto Amilpas, pues un vecino grabó el hecho. En el material audiovisual que consiguió la defensa, se puede apreciar que cuando decenas de personas son bajadas del autobús, colocadas contra la pared y revisadas, no llevan armas. En la grabación tampoco aparecen las supuestas bolsas con bombas molotov.
La policía municipal de la localidad resguardó el sitio y en su informe oficial nunca dio cuenta de la localización de los artefactos explosivos pero, “casualmente, hay una patrulla que se ve en el video lleva esas mismas bombas, las mismas mochilas que les ponen a los compañeros, en la batea”.
A pesar de todos esos elementos, el juez Amado Chiñas Fuentes, no ponderó la inocencia de los detenidos pues -a juicio del abogado defensor- había suficientes pruebas para comprobar que no se había cometido ningún delito.
Además, durante la averiguación previa, el Ministerio Público estableció, luego de la opinión de un perito en artefactos, que era peligroso mantener las supuestas bombas y estas fueron destruidas, por lo que formalmente no existe ninguna prueba para incriminar a los detenidos aunque la defensa no puede revertir la acusación, irónicamente porque no existe el objeto del delito.
“El Estado ha sido no solamente injusto, sino muy arbitrario en la administración de la justicia. Nuestros compañeros, por una ficción legal, están siendo acusados por el Ministerio Público pero en esencia, es el Estado quien los está acusando. Están ahí porque al Estado no le conviene que salgan inocentes y se evidencie cómo fabrica, persigue y somete a proceso penales a personas inocentes”, denunció Gris Vargas.
Cuando el juez reiteró el auto de formal prisión por terrorismo y delitos electorales argumentando que “no se demostró la inexistencia del delito”, la defensa apeló la decisión y obtuvo un fallo a su favor, por lo que actualmente los detenidos sólo enfrentan el cargo por portación de armas de uso exclusivo del Ejército; sin embargo, como lo explicó el abogado, para que este delito se configure se requiere de “una conducta” de los implicados; es decir, que se haya comprobado que portaban los artefactos, cosa que no ha sucedido.
En síntesis, los 25 jóvenes siguen presos porque el juez ha concedido un valor excesivo a los dichos de los uniformados que fueron presentados como pruebas y desestimado la valoración de las pruebas ofrecidas por la defensa y aunque ya se han presentado quejas en los organismos de defensa de derechos humanos por su actuación, no ha habido respuesta alguna.
“El juez ha mostrado parcialidad en el caso, para juzgar, valorar las pruebas y para resolver los recursos que se han interpuesto. No se ha logrado la liberación de los compañeros porque el mismo juzgado retrasa el desahogo de las pruebas; el juez se ha convertido en un obstáculo para administrar la justicia”, apuntó el abogado litigante.
En una reunión en la que los defensores de los simpatizantes del FPR y representantes de organizaciones civiles -a la que Revolución TRESPUNTOCERO tuvo acceso- expusieron a Chiñas Fuentes su preocupación por la poca independencia del Poder Judicial para resolver conforme a derecho el caso y reclamaron que se limite a la defensa, se exceda en sus atribuciones y que los jueces de distrito tengan por consigna criminalizar la protesta social, el juez negó haber recibido consigna alguna.
Además, acusó a la defensa de proceder lentamente y de designar a personas que “no asistían a las audiencias”.
El abogado sostiene que el interés que tiene el Estado por mantener a los detenidos en prisión “es para decirle a la sociedad: ahí está, escarmienten, vean qué le sucede a quienes se atreven a cuestionar las cosas”; por otro lado, señalan al abuso judicial, la carencia de criterio y la falta de independencia del juez para administrar justicia, como otro de los elementos que hacen creer a la defensa que se trata de un delito político, aunque ningún Estado está facultado para condenar a personas que se manifiesten políticamente en demanda de mejores condiciones de vida.
Cuestionado sobre por qué, a pesar del cúmulo de irregularidades en su actuar, no se ha solicitado la sustitución del juez, Gris Vargas explicó que se busca que el caso sea juzgado por un jurado popular –procedimiento reglamentado en el Código Federal de Procedimientos Penales- pues “al ser un delito político, los jueces ya no gozan de imparcialidad, responden a los intereses del Estado”.
Pero para hacerlo, los abogados tienen que agotar todas las instancias jurídicas y demostrar que, a pesar de que han hecho uso de todos los recursos brindados por el Estado mexicano, se violentan los derechos de los inculpados; sin embargo, Gris Vargas reconoce que es difícil que se logre llevar a cabo el procedimiento, pues el mismo Estado entorpece cotidianamente el proceso.
La defensa también rechaza que los presos tengan siquiera contemplada la posibilidad de solicitar un indulto –figura que equivale al olvido de la pena y que puede concederla el titular del Ejecutivo federal cuando existe una sentencia y luego de que el Estado pudo probar que la comisión del delito- o amnistía –que depende del Legislativo luego que desaparece el delito por el cual fueron inculpados- porque no son culpables de nada.
“El Estado no tiene cómo sostener la acusación, lo que está haciendo es prolongando, con actuaciones netamente administrativas, el desahogo de las pruebas”, sostuvo el abogado.
Actualmente, el juicio se encuentra en “proceso de instrucción”. La defensa ha apelado el auto de formal prisión por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y exigido una explicación por el rechazo de pruebas periciales, procedimiento que está en vías de que se notifique la resolución.
Irónicamente, el abogado reconoce que la llegada de Alejandro Murat a la gubernatura de Oaxaca; es decir, el regreso del PRI y sus aliados, podría facilitar la liberación de los 25 presos de Etla y Miahuatlán, pues dada la poca legitimidad con que comenzará su gobierno por las denuncias y señalamientos de coacción y compra de votos, buscará legitimarse y la causa de los presos políticos del FPR, puede ser ideal.
Javier Aluz, preso en Etla, no comparte el optimismo del abogado pues considera que Murat traerá de regreso la política de su padre, José Murat; es decir, la política del garrote y la represión.
Incompetencia y dilación, sinónimos de complicidad
La defensa de los 25 ha desarrollado una línea de acción paralela al proceso jurídico: la denuncia de violaciones a derechos humanos.
Analy Peral Vivar, representante legal de la Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. -organización que acompaña a los familiares y presos del siete de junio- fue contundente al señalar que aunque el estado de Oaxaca niega que hubo una detención arbitraria, golpes o maltratos, es evidente que la aprehensión de los simpatizantes del FPR se realizó con tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que violentó sus derechos porque no existe justificación alguna para mantenerlos cautivos.
La abogada narró que cuando los jóvenes fueron llevados a la delegación de la PGR en Oaxaca, se presentaron visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO); sin embargo, ambas dependencias se negaron a dar seguimiento al caso.
Personal de la CNDH argumentó que como los detenidos todavía no habían sido puestos a disposición de un juez federal, carecía de facultades para dar constancia de la detención, por lo que se limitó a “observar” el proceso; en tanto, los representantes de la dependencia estatal, se declararon incompetentes porque los detenidos estaban en instalaciones de la PGR, una dependencia federal.
No obstante, ante la insistencia de los abogados, la DDHPO se vio obligada a dejar constancia de quiénes y cómo fueron detenidos, de los liberados –incluidos menores de edad y adultos mayores que presentaban golpes- y de las denuncias por robo de sus celulares y otros objetos personales que señalaron los afectados.
Días más tarde, sin siquiera levantar una queja en contra de los elementos policiacos de diversas corporaciones de la entidad que participaron en la detención de 86 personas, la Defensoría declinó el caso a la CNDH.
Apenas en abril pasado, la dependencia oaxaqueña reconoció que debió haber interpuesto la queja, por lo que un año después de los hechos, los funcionarios y uniformados involucrados en la detención serán objeto de investigación y llamados a rendir cuentas.
Cuando por fin la CNDH se sintió competente para conocer del caso, se inició la queja número 4405 en la Quinta Visitaduría, por la detención arbitraria de los 25. Los abogados presentaron el expediente completo y más pruebas que daban cuenta de las irregularidades del proceso, sin que hasta la fecha, la dependencia encabezada por Luis Raúl González Pérez, haya emitido una opinión al respecto.
Sin embargo, esa no es la única queja de la que la comisión tiene conocimiento por este caso: familiares de los detenidos presentaron una por desaparición forzada, pues por días enteros perdieron el rastro de los suyos y ni los abogados tuvieron conocimiento de su traslado a penales de máxima seguridad la madrugada del nueve de junio de 2015.
Ya en los penales de máxima seguridad, permanecieron incomunicados durante varias semanas.
“Acudimos a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para que a través de ellos -ya que la CNDH no nos daba ninguna respuesta- pudieran investigar cómo estaban. Ellos sí tuvieron acceso al penal, fueron a verlos y nos dieron la certeza de que estaban en Nayarit y Veracruz”, narró la defensora en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Durante días, la PGR permaneció sin informar en qué juzgado sería radicada la causa penal, por lo que un visitador de la Defensoría recorrió con los abogados de los 25 varios juzgados para indagar sobre el trámite. No fue sino hasta cuatro días después de la detención que, de manera extraoficial, pudieron saber que la causa estaba radicada en el Juzgado Tercero de Distrito, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Una queja más por el traslado irregular se tramitó. De nueva cuenta, la CNDH sólo se dio por enterada e informó vía telefónica a los defensores que solicitaría al juez, un informe sobre su decisión, pero advirtió que carecía de facultades para incidir en dicha disposición.
Hasta entonces, la dinámica establecida entre ambas partes consistía en que la defensa enviaba las quejas vía correo electrónico y la dependencia se ponía en contacto por teléfono para informar de recibido y reiterar que si había algún avance en el proceso, se lo comunicarían a la defensa; sin embargo, luego de tres meses de no tener noticia alguna, la defensa exigió a la comisión responder por escrito por considerar que había una evidente dilación en su actuar.
“La omisión de la CNDH nos parece cómplice de la decisión del Estado de mantener presos a los compañeros; al no darnos ninguna respuesta, nos confirma que también está de parte del Estado y justificando esa detención arbitraria”, subrayó Peral Vivar.
La CNDH únicamente ha respondido por escrito a una queja que, por motivos de salud de los detenidos, interpuso la defensa y a través de la que exigieron que les dieran asistencia médica.
A las organizaciones y a los familiares de Javier Aluz, les preocupaba su estado ya que padece una cardiopatía y en todo el tiempo que había pasado preso nunca había tenido acceso a atención médica; otro de los detenidos reportaba problemas de columna. Al momento de la detención llevaba una faja pero se la quitaron los uniformados.
Sin embargo, ante la solicitud, la dependencia se limitó a informar que su personal acudiría a los penales para checar a los internos. En la misma comunicación advirtió que si no les permitían el ingreso a sus representantes, presentarían una solicitud por escrito a los directores de ambos penales.
Luego de que la defensa tuvo conocimiento de los actos de tortura padecidos durante la detención y traslado de los 25, promovió que se les aplicara el protocolo de Estambul, para documentar los hechos y valorar completamente su estado.
Todavía en Oaxaca, a escasas horas de haber sido detenidos, los médicos de PGR se negaron a certificar los golpes que ya presentaban los jóvenes. La misma situación se repitió en la Ciudad de México, pues para “facilitar” el procedimiento, el médico que los había revisado en la entidad del sur-sureste, viajó con ellos para volver a tomar nota de su estado una vez ingresados a las instalaciones de Camarones. Por segunda vez, se negó a certificar los maltratos y vejaciones de que habían sido víctimas.
Ante el silencio de la CNDH, la defensa volvió a solicitar la aplicación del protocolo, pero esta vez fue informada que los médicos que acudieron a los penales, se toparon con la desconfianza de algunos de los reos quienes se negaron a ser revisados y que si volvían a solicitar el trámite, este podría ser desahogado hasta 2017; es decir, dos años más tarde.
“Los que sí se quisieron certificar nos manifiestan que entraba el médico de la CNDH pero les decía: ‘no tienes nada, aguántate’ y no certificó absolutamente nada. Un compañero incluso les dijo que se levantaría la playera para que observaran sus lesiones pero se lo impidieron. El compañero Aluz, que está enfermo del corazón, le manifestó sus malestares al médico pero le dijeron que no tenía nada, a pesar de que no era un especialista en cardiología”, detalló la defensora.
Los abogados solicitaron por escrito los certificados médicos realizados por la CNDH, pero la dependencia se negó a entregarlos argumentando que era un proceso aún inconcluso.
El traslado
Varios meses después y luego de innumerables gestiones de los abogados, 17 de los detenidos que permanecían en los penales federales de Nayarit y Veracruz, fueron trasladados al Penal Regional de Villa de Etla y ocho más al Cefereso de Miahuatlán, ambos ubicados en Oaxaca.
Los abogados pudieron concretar la solicitud, luego de que se cayó la acusación de terrorismo contra los 25 por falta de elementos por lo que inmediatamente, promovieron un amparo para que no permanecieran en penales de máxima seguridad, pues tampoco cubrían el perfil de delincuentes peligrosos.
Concretar el traslado tardó meses, ya que funcionarios de los centros de rehabilitación de Oaxaca argumentaron en diversas ocasiones carecer de espacio para ellos, aún y cuando ya se había sentado el precedente en la CNDH, en la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca, e incluso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -a través del Alto Comisionado- de que los detenidos eran golpeados y torturados por los demás presos y custodios.
A pesar de la insistencia y de que incluso la defensa ha participado en varias reuniones con el titular de la CNDH, la comisión no ha dado seguimiento a las quejas interpuestas.
Otra de las solicitudes que presentó la defensora de derechos humanos, fue para que durante el traslado de los presos a Oaxaca, estuviera presente un visitador, en particular para evitar los malos tratos y vejaciones de que ya habían sido víctimas los 25 en los viajes anteriores. Aunque la dependencia se comprometió formalmente a enviar un representante, volvió a hacer caso omiso.
Durante su estancia en los centros federales, ocho de los detenidos se declararon de origen indígena; cinco de ellos estaban en Nayarit y tres más en Veracruz. Por dicha “particularidad y por falta de intérpretes que les explicaran el proceso que se llevada en su contra, el juez determinó que no había concluido el plazo constitucional para consignarlos, por lo que seguían acusados de dos delitos: terrorismo y portación de armas; por lo tanto, no pudieron ser trasladados a Etla junto con sus compañeros.
Casi medio año permanecieron internados en los penales de máxima seguridad sin auto de formal prisión aunque la Constitución señala que este trámite –o la auto de libertad- debe ser formalizado en un máximo de 72 horas o seis días, siempre y cuando se solicite una prórroga.
“Cuando se quedaron solos en los Ceferesos de Nayarit y Veracruz, se les aplicó un perfil criminológico con el que se les clasificó como reos de mediana y alta peligrosidad; sin embargo, este procedimiento se realizó sin la intervención de intérpretes a pesar de que algunos de ellos no hablan bien el castellano. Este estudio propició que el Ministerio Público solicitara al juez que los trasladara a un centro de alta seguridad en Oaxaca”, explicó la defensora.
Apenas en marzo pasado, fueron llevados al penal de alta seguridad de Miahuatlán donde sus familiares, cuando consiguen recursos para viajar más de cuatro horas para verlos, tienen que pasar más de cinco denigrantes revisiones y filtros.
Aunque en Etla los 17 ya no son agredidos físicamente, los detenidos reportan que prevalece la “estigmatización y un trato diferente por proceder de penales de alta seguridad”.
Cuestionada sobre la posibilidad de que se adelante la aplicación del protocolo de Estambul, Analy Peral Vivar explica que es viable, siempre y cuando se la defensa la que consiga peritos independientes porque la CNDH y la PGR les informaron tienen fechas disponibles lo que resta del año.
Por sus dimensiones, el caso ha traspasado las fronteras y varias instancias internacionales ya le siguen la pista.
La defensa envió una petición para que el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU emita una postura sobre el particular y de acuerdo a la comunicación establecida con dicho organismo, están por publicar la resolución sobre el mismo; además, representantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU han visitado al Juez Tercero de Distrito para sensibilizarlo respecto a la situación médica y de violación a derechos que han tenido que soportar los internos.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) promovieron una solicitud de medidas cautelares para los familiares de los presos luego de que recibieron por amenazas y para los internos solicitaron medidas similares a consecuencia de los interrogatorios extrajudiciales a los que fueron sometidos en los penales de máxima seguridad. La defensa se encuentra a la espera de la respuesta para ambas peticiones.
“Los familiares de algunos de los presos de Miahuatlán nos manifestaron que ya no querían que siguiéramos presentando amparos porque cada que llegaba la notificación del amparo, los golpeaban como resultado de la queja”, explicó la joven defensora de oscura cabellera y gruesos anteojos.
