(16 de julio, 2014).- Ayer las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos aprobaron las leyes secundarias en materia energética, en una sesión signada por la rebatiña entre los senadores de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN.
Uno de los contenidos cruciales que contempla esta iniciativa del Ejecutivo Federal es la ley de la Industria Eléctrica, que estipula la nueva estructura que tendrá la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la segunda empresa que más recursos genera al país, sólo después de Pemex.
Las funciones del sector eléctrico, antes unificado en la CFE, serán repartidas entre la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Lo que representará riesgos técnicos de responsabilidad administrativa, “la Sener tendrá la responsabilidad de tener disgregado este sector y será la encargada de definir las asociaciones y los contratos de la transmisión y la distribución”, aseveró Francisco Carrillo Soberón, coordinador del Comité Nacional de la Energía.
La Sener tendrá la responsabilidad de autorizar programas de ampliación y modernización en el sector eléctrico, pero también será “un investigador social que organizará las consultas con las comunidades indígenas y campesinas y propondrá al Ejecutivo Federal las servidumbres legales para las expropiaciones” de tierras, en beneficio de las transnacionales, por ser la actividad energética preponderante sobre cualquier otra actividad humana como se establece en el artículo 8vo de la Reforma aprobada en diciembre de 2013, explicó Carrillo Soberón.
Por su parte la Comisión Reguladora de Energía dependerá directamente del Ejecutivo Federal y “actuará como hermana de la Sener”, ésta determinará las medidas de atención a los usuarios, las tarifas reguladas y las tarifas de suministro básico en consonancia con los costos de producción de los diferentes operadores e intermediarios.
En la legislación no se establece un número determinado de empresas encargadas de la generación, transmisión, distribución y comercialización, por lo que en consecuencia los costos de la electricidad serán más elevados a causa de la participación de diversas empresas transnacionales tanto en la generación, como en la transmisión, la distribución y la comercialización, aclaró Carrillo Soberón.
“Hoy somos un sector unificado, pero vamos a estar sometidos a un sistema de tensiones entre los diferentes operadores del sistema eléctrico , por un lado los generadores, los distribuidores, por otro los transmisores, los comercializadores”.
Con ello la CFE ya no estará obligada a publicar las tarifas en el Diario Oficial de la Federación como venía haciendo. Por su parte, las quejas de los usuarios sobre las tarifas impresas de electricidad ya no se realizarán ante el comercializador con el que realizaron su contrato, sino ante la Procuraduría General del Consumidor en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía. Con lo cual se abre la oportunidad de que “las pérdidas no técnicas, es decir se traduce los fraudes, se incluirán en las tarifas” impuestas a los usuarios a quienes les tocará cubrirlas.
En lo que respecta al Centro Nacional del Control de Energía (Cenace), operará el mercado eléctrico conforme a la oferta y regulará los precios de la energía para los grandes empresas operadoras que representan el 60 por ciento del mercado nacional.
Para la CFE su prioridad será el generar ganancias para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que la eficiencia, la calidad y la confianza en el sistema eléctrico pasarán a ser obligaciones secundarias.
Ante cualquier desastre natural, terremoto, tormenta, huracán, inundación, o bien falla técnica la CFE dejará de ser la encargada del restablecimiento del servicio eléctrico en las poblaciones y urbes afectadas. Será la Sener quien determinará –con factura de por medio–, cuál o cuáles de los operadores serán los encargados de la reparación y reactivación del servicio.
Asimismo “se evita la responsabilidad del Estado para la electrificación” en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, a través de la creación de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, el cual estará integrado, dicta la ley: “por los excedentes que resulten de la gestión de pérdidas de energía en el mercado eléctrico”. Carrillo Soberón afirma que esto será a partir de las aportaciones voluntarias por parte de las empresas.
Como si esto no bastara, el desarrollo científico y tecnológico no se contemplan en la legislación, dejando en entredicho el futuro del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y del Instituto de Investigación Eléctrica, siendo que “el desarrollo científico y tecnológico es un activo, es una necesidad”, consideró Carrillo.
Por su parte Adolfo Miranda experto en planeación del sistema eléctrico nacional y ex trabajador e la CFE, hizo hincapié en lo establecido en las Ley promulgada en 1937 por Lázaro Cárdenas y la Ley propuesta por Enrique Peña Nieto.
La primera establece que “La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto dirigir un sistema nacional de principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”.
En tanto que la de Peña Nieto en dicta que “La CFE tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos del su objeto generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario”.
Enfoques que contrastan en el objeto en el que antes se establecía como un servicio público ahora la electricidad será para quien pueda pagarla.
