Noé Alí Sánchez Navarro / @noesanz
(2 de noviembre, 2013).- Hace apenas unos días la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó a México en materia de derechos humanos y los resultados no fueron nada alentadores. En base al Examen Periódico Universal (EPU), la ONU pronunció 180 recomendaciones, 89 más de las que se registraron hace cuatro años.
Lo anterior no debería sorprendernos, a México le duelen muchas cosas en relación a este tema, algunas de ellos son: Las miles de desapariciones forzadas, los asesinatos a consecuencia del narcotráfico, la violencia de género y las agresiones a periodistas.
Durante la misma semana en que se divulgaron estas recomendaciones, el presidente Enrique Peña Nieto envió cinco iniciativas al congreso relacionadas con la protección y defensa de los derechos humanos.
De las propuestas del presidente, destacan: establecer los límites del Estado en la suspensión de derechos y garantías; adecuar el delito de desaparición forzada a los estándares internacionales; y retirar reservas a tratados internacionales sobre derechos humanos.
Lo que es una realidad es que las recomendaciones hechas por la ONU ponen en evidencia el aumento de las violaciones de los derechos fundamentales de los mexicanos, y que muchas de éstas quedaron fuera de las propuestas enviadas por el presidente.
Una de las situaciones más comunes en la llamada Guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente, Felipe Calderón, fue la presentación mediática y espectacular de narcotraficantes, sicarios y secuestradores. Se convirtió en algo normal que, al encender la televisión, en los noticieros se diera cuenta de la aprehensión de individuos relacionados con el crimen. La escena: un hombre de pie, con armas y droga a su alrededor.
Este tipo de presentaciones mediáticas se hacían con el objetivo de calmar a la opinión pública, de hacerle ver a la sociedad que la respuesta de los cuerpos de seguridad en la detención de criminales era rápida y efectiva, aunque en muchas ocasiones aquellos que estaban siendo presentados fueran inocentes.
Dos hechos que cimbraron a México y que son clara muestra de la deficiencia en protección y defensa de los derechos humanos fueron un atentado con “coche bomba” y la masacre de Villas de Salvarcar, ambos casos ocurridos en Ciudad Juárez en el 201 y que, a pesar de su impacto, contaron con muchas irregularidades en su proceso penal.
Desde hace tiempo, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han hecho ver que algo no está bien en ambos casos, principalmente porque se ha hecho responsable a gente que no tuvo relación con lo ocurrido, porque las declaraciones de los presuntos culpables fueron obtenidas a través de la tortura, además de haber sido detenidos sin una orden para hacerlo, es decir, sin investigación.
El caso del “coche bomba” se dio a finales de julio, en la avenida 16 de septiembre, una de las principales de la ciudad. Aquel día se cometió un atentado contra elementos de la Policía Federal con explosivos en un automóvil que estaba estacionado. El atentado causó varios heridos y tres muertos.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que desde hace tiempo ha denunciado el incremento de violaciones a los derechos humanos a partir de la “guerra contra el narcotráfico”, destacando la tortura y la desaparición forzada por parte de la policía y militares, también ha manifestado su preocupación por el proceso que tuvieron los supuestos responsables del hecho.
El centro ha denunciado que ante la gravedad del suceso, la cobertura de los medios de comunicación, la presión social y el compromiso adquirido con Estados Unidos por el Plan Mérida, el gobierno tuvo que apresurarse a encontrar a los culpables, razón por la cual responsabilizó a Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí.
Según el centro, los cinco hombres fueron detenidos de manera arbitraria tan sólo días después del atentado. Los familiares los buscaron en todas las corporaciones policiacas de la ciudad, pero los encontraron a miles de kilómetros de ahí, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), brutalmente golpeados y con daños psicológicos. En ese centro permanecieron detenidos más de ochenta días y luego fueron trasladados a diferentes reclusorios del país.
El caso de Villas de Salvarcar es aún más delicado. Hace unos cuantos días se presentó en la ciudad el documental #JusticiaParaIsrael, que narra el caso de Israel Arzate Meléndez, un joven que fue culpado de participar como sicario en ese hecho.
Como en el caso anterior, Israel fue detenido arbitrariamente y sin una orden, solo llegaron por él al lugar donde trabajaba vendiendo discos, le preguntaron si era Carlos Madrigal, contestó que él no era la persona que buscaban y de todos modos se lo llevaron.
A Israel lo torturaron treinta horas para obligarlo a confesar y culparse por un crimen que no cometió, además de amenazarlo con matar a su esposa.
Los señalamientos hechos por organismos nacionales e internacionales, la presentación de testigos e incluso que el mismo Israel haya declarado que fue víctima de tortura para culparse, no han sido motivos suficientes para que su caso sea reconsiderado.
En México existen muchas personas inocentes pagando una condena por un crimen que no cometieron, miles de casos a los que se les da carpetazo y se les archiva, hombres y mujeres que parecen ser invisibles al aparato judicial del país.
En la medida en que se haga justicia para estos hombres se les hará justicia a las víctimas, porque mientras ellos permanezcan detenidos sin tener un proceso transparente, los verdaderos responsables están en las calles.
La justicia simulada no nos sirve para nada.
