(1 de septiembre, 2014).- Subir o no subir el salario mínimo, ese es el dilema. Ante la propuesta del actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, según la cual pasaría de 67 pesos a 84 pesos la percepción mínima de ingresos del trabajador, se encuentran dos análisis económicos: uno que promueve el incremento para dotar al trabajador de poder adquisitivo y con ello detonar el consumo interno, y otro que anuncia que, de ser aprobada la propuesta, se corre el riesgo de aumentar los problemas inflacionarios.
Después de la Revolución Mexicana y como uno de los puntos de acuerdo, se resolvió incluir la figura del salario mínimo en la Constitución Mexicana de 1917, logrando con ello establecer algunos derechos del trabajador que durante el Porfirito prácticamente se habían eliminado y dejado a consideración de los patrones.
Fue, sin embargo, durante el gobierno de Abelardo Rodríguez cuando se estableció por decreto, el primero de enero de 1934, con el argumento de “elevar el estándar de vida de las clases laborantes”. En su conferencia a la Nación, Rodríguez señalaba que esta unidad serviría como base para “desenvolver su existencia [del trabajador] progresivamente”.
Con la creación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), en 1962, la decisión sobre el salario mínimo, que anteriormente estaba en manos de los representantes obreros, patrones o empresarios, pasaba a manos del Poder Ejecutivo, aunque formalmente contaba con 11 consejeros del sector obrero y 11 del sector empresarial.
Estos cambios al salario mínimo, sufridos durante los distintos sexenios gubernamentales, sin embargo, han estado determinados por muchos mecanismos y factores, mientras que en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1938, el poder adquisitivo de los trabajadores estaba por encima del de los actuales.
Por otro lado, durante el gobierno de Miguel Alemán, después de la segunda guerra y con la crisis de 1949, el salario mínimo perdió la mitad de su valor adquisitivo, corrigiéndose hasta el periodo de Ruiz Cortines, que con el llamado Milagro Mexicano y el crecimiento sostenido del 6%, con baja inflación y bajo endeudamiento, se inició un crecimiento real de los salarios disminuyendo con ello la pobreza del país.
Durante los gobiernos priistas de Luis Echeverría y López Portillo, se dio un fenómeno de alza en los salarios mínimos insostenida, producto de las especulaciones del boom petrolero, que derivó en la crisis de los 80´s y que no pudo ser solucionada por más de cuatro sexenios. Durante esta década el salario mínimo real tuvo una caída del 65%, producto de las malas decisiones económicas de 1976.
Es, sin embargo, durante esta década cuando se comienza a desmantelar el Estado de bienestar privatizando empresas estatales, combatiendo a los sindicatos y eliminando los derechos de los trabajadores.
Al mismo tiempo, la implementación del modelo conservador neoliberal originaba la concentración de la riqueza y el ingreso en poca manos, precarizando las condiciones laborales y salariales. Además, esa concentración derivó en un incremento de la desigualdad; grupos económicos se vieron beneficiados mientras que para la gran población se diluyeron las posibilidades de ascenso social al mismo tiempo que se empobrecía.
Para el especialista Miguel Santiago Reyes H., especialista de la Universidad Iberoamericana Puebla, la dinámica corporativa “que tuvo su origen en el sistema de partidos de Estado como el PRI” y el poder concentrado de los grupos económicos en el organismo hace que el salario mínimo no tenga ningún aumento considerable desde la década de los 80´s, contribuyendo al empobrecimiento de la población.
Aunque en los gobierno panistas, según los datos, se pudo detener la crisis y el aumento de la inflación, sin embargo, el salario mínimo no ha aumentado con respecto al crecimiento económico, que en los últimos sexenios ha sido precario, invisible, y ha tenido una pérdida del 4.5% respecto a la inflación.
De acuerdo a los datos del CONEVAL, si se compara la capacidad adquisitiva del salario con el número de canastas alimentarias básicas, referente para medir las condiciones de pobreza de las personas, en 2000 el salario mínimo podía adquirir 1.69 canastas, mientras que en 2011 la capacidad adquisitiva había disminuido a 1.61 canastas, es decir, 5.9%. Esta disminución, invariablemente, visibiliza un empobrecimiento de la población.
