(31 de marzo, 2015).- Luego de que la cansillería rechazara el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y desaparición forzada en México, organizaciones civiles nacionales e internacionales enviaron una carta a Enrique Peña Nieto para mostrar su desacuerdo con la decisión de evadir las recomendaciones en materia de derechos humanos.
“En particular, el posicionamiento del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, quien calificó el Informe del Relator sobre tortura como ‘no profesional y poco ético’, es de profunda indignación ante la situación actual que vive México en materia de derechos humanos”, señala la carta.
Situación que se agrava al evidenciar el respaldo de las demás instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de José Antonio Meade. Esto, porque las organizaciones consideran preocupante que la secretaría rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar el aumento de quejas registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales.
Por otro lado, en el texto se hace referencia a los reportes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez y al del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
“La preocupante y desafortunada postura de la SRE de no querer ‘trabajar más con el Relator de tortura’. No sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México es parte, sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro País”.
Por lo que, consideran que la decisión del Gobierno Federal de descalificar y omitir las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, manifiestan un cambio negativo en la política exterior.
“Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales, a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos”, enfatizaron.
