(18 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 12 de diciembre de 2011 la Policía Federal y estatal reprimió violentamente una manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Chilpancingo, Guerrero. El saldo después de los ataques fueron dos estudiantes muertos, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fallecieron a causa de los disparos; hubieron 24 detenidos y algunas estudiantes estuvieron a punto de ser violentadas sexualmente, sin embargo sí padecieron malos tratos y torturas; la policía obligó, mediante tortura, a Gerardo Torres Pérez, estudiante de 21 años de edad, a declararse culpable falsamente en los disparos contra sus compañeros.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 27 de marzo de 2012 la Recomendación 1 VG/2012, sobre la investigación especial que realizó por las violaciones graves a los derechos humanos ese 12 de diciembre. En la Recomendación se reconoce la legitimidad de la protesta realizada en aquella fecha y se consideró acreditada la existencia de violaciones graves a los derechos humanos imputables a autoridades federales y estatales, incluyendo la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes, la tortura de Gerardo Torres Pérez, la existencia de tratos crueles, detenciones arbitrarias y el uso irracional de la fuerza y de las armas de fuego.
Aunque en el informe de la CNDH se recomendó la sanción penal y administrativa de altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como la reparación del daño a las víctimas, esto no sucedió. La CNDH instó a las autoridades estatales a que se revisaran las políticas públicas que en materia educativa existen en dicha entidad federativa, dado a que son los estudiantes quienes han tenido que salir a las calles para exigir su derecho a la educación, sin que éste les sea concedido la mayor parte de las ocasiones. Varios son los puntos recomendatorios, de los cuales muchos se quedaron sin cumplir, encabezando la lista los crímenes que se encuentran todavía en la impunidad.
“La difícil situación que se vive en Guerrero, ante los hechos de Ayotzinapa, no es un evento que se haya generado de forma espontánea. Existían y existen problemáticas económicas, sociales, de seguridad y abandono por parte del gobierno Federal que daban cuenta desde hace algunos años de la descomposición en el tejido institucional y social de dicho estado”, afirma la antropóloga social Angélica Duarte.
Desde la llegada de Felipe Calderón hasta 2014, Guerrero se convirtió en el estado con mayor número de ejecuciones extrajudiciales, obteniendo el 36.5% de todos los homicidios a nivel nacional, según el informe Defender los Derechos Humanos en México: El costo de la dignidad.
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“Antes de la tragedia de los jóvenes normalistas, estos porcentajes debieron preocupar a un presidente preocupado por su pueblo, pero es probable que no conociera los índices, incluso se ha negado a aceptar que existen asesinatos extrajudiciales cuando son inminentes. La situación se gestó durante 2 sexenios y a nadie le ocupó. El panismo lo provocó con la lógica de represión que desarrolló Felipe Calderón, después Peña Nieto articuló, perfeccionó y ejecutó bajo la misma absurda justificación “guerra contra el narcotráfico” y bajo el falso argumento de la existencia de “un Estado fallido” que tan sólo permitió invisibilizar la responsabilidad del Estado”, afirma Duarte.
Y explica “en un sexenio y dos años de otro, el Estado mexicano modificó y creó leyes para legalizar la represión política, mecanismos de impunidad que le permiten abiertamente las violaciones a los derechos humanos, en donde su responsabilidad no es justiciable; el círculo de la criminalización de la protesta social fue la estrategia de Felipe Calderón y Peña Nieto, usada no sólo en Guerrero, sino en todo el país, y consiste en usar las leyes para castigar a los defensores de los derechos humanos y luchadores sociales, teniendo como primer objetivo la detención y prisión, pero en el camino es cuando se propician las desapariciones forzadas y los homicidios extrajudiciales”.
El activista social Alfredo Núñez afirma “en 2012 regresamos a la dictadura perfecta priista. Los viejos métodos de opresión y estrategias para acallar al pueblo han vuelto, cuya principal característica es la violencia hacia los movimientos sociales y a los jóvenes, los mecanismos de represión selectiva y compra de conciencias de este sistema reciclado, son los más usados en estados como Guerrero donde la pobreza, el hambre, el desempleo y las nulas oportunidades, son terreno propicio para luchar o rendirse al gobierno”.
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Ramiro, un campesino perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan, ya ha padecido los embates de las fuerzas policiales en Guerrero. Comenta “todo el pueblo hemos decidido estar unidos para defendernos como comunidad, pero no de los narcotraficantes o delincuentes, si no de la policía, quienes nos amedrenta, nos amenazan y hasta golpean a nuestros chamacos, como medidas de represalia, dicen que todos los de abajo somos revoltosos. Por eso estamos en contra de cualquier organización que venga a atropellar a nuestro pueblo”.
Al mismo tiempo afirma “no nos vamos a callar, el gobierno quiere que nos agachemos y sigamos aguantando esta miserable vida, de represión, burla, pobreza y hambre. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos puso al peor de los gobiernos, a un asesino que se venga del pueblo, por saberse repudiado. Hoy los jóvenes saben que si el gobierno dice que la educación es primordial, solamente es publicidad, porque a los nuestros los tiene marginados, por eso no les dejan otro camino que agarrar un arma, en lugar de un cuaderno”.
“Fue suerte el que se supiera lo que pasó en Ayotzinapa, porque no es el primer caso donde la policía y el ejército golpean, disparan, matan y desaparecen a los jóvenes, a los que luchan por los que no tenemos nada. Es el ejército el principal homicida de nuestra gente, dicen que nosotros somos la semilla de la insurgencia y deben exterminarnos por órdenes de su gobierno. Hoy tenemos elementos encima de nosotros, a la Policía Federal, Gendarmería, Ejército y Marina, afuera dicen que es para cuidar nuestra seguridad, pero ya adentro nos advierten que es para controlarnos, para que tengamos miedo de hablar”.
Duarte argumenta “de haber logrado encubrir las desapariciones de los 43 alumnos normalistas de Guerrero, el ejército incluso hubiera catalogado, a más de alguno como un falso positivo, haciéndolos pasar por criminales o con nexos con el narcotráfico. Las fuerzas armadas en México se manejan bajo esa estrategia, inculpar al inocente de ciertos de crimines o delitos graves, porque o ya está muerto o está bajo amenaza de muerte él y su familia. Hechos como Ayotzinapa solamente son otro reflejo de las acciones del gobierno, usando como medio al ejército, tal y como se vivió en la Sierra de Tecpan, en Guerrero, quienes fueron los primeros falsos positivos descubiertos”.
A finales de 2012 en la Sierra de Tecpan, Guerrero, el ejército que se encontraba realizando rondas frecuentes a la zona, dieron muerte, en ejecución sumaria, a seis jóvenes de esa región. Poco después, frente a los medios de comunicación informaron que en un ‘intenso’ combate, pudieron abatir a un grupo de sicarios. A contraposición, familiares, vecinos y habitantes de la zona denunciaron que elementos militares los amedrentaron durante todo el año, a ellos y a sus animales o sembradíos, acosando a las adolescentes y mujeres jóvenes.
En las declaraciones a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, afirmaron que “los militares nos tratan como enemigos y quieren despojarnos de nuestras tierras, vivimos acechados por ellos, en Guerrero un día va haber una masacre y nadie se va dar por enterado, mucho menos el gobierno al que no le importamos”.
Alfredo Núñez comenta “desde hace una década las comunidades de Guerrero, principalmente las zonas indígenas son resguardas por militares y policía federal, con el objetivo de vigilar y evitar posibles levantamientos, los cuales serían producto de la pobreza, marginación y abandono. Esa ha sido la realidad permanente de uno de los estados más pobres, combatido y asediado del país”.
Hasta finales de diciembre de 2014, en Guerrero había 800 personas extraviadas o no localizadas, bajo la denuncia de ‘desaparición forzada’, registradas ante la Procuraduría General de la República (PRG), incluyendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014, ocho de cada diez guerrerenses, equivalente al 78.9% perciben que su entidad es insegura. A nivel municipal, casi siete de cada diez habitantes de Guerrero, 68.4% asegura que su ayuntamiento es un sitio peligroso y nada más 29.8 % percibe sus municipios como un sitio seguro para vivir.
Según el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Cristof Heyns, “casos como los de Guerrero, instan a promulgar la legislación federal y estatal pendiente de aprobación para hacer efectiva la reforma constitucional sobre los derechos humanos. Instar a que la Procuraduría General de la República (PGR) sea completamente independiente del poder ejecutivo con arreglo al nuevo marco constitucional. Además de ello México debería crear una institución nacional de servicios forenses. Esta institución debería ser autónoma y prestar sus servicios a todas las partes y autoridades que intervienen en juicios federales y/o estatales, las comisiones de derechos humanos y los ciudadanos civiles”.
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