(02 de agosto, 2014).- Como el grupo en el poder da por hecho que no habrá marcha atrás en la reforma energética, lo que urge tener es una estrategia realista que frene los objetivos entreguistas de los personeros al servicio de la oligarquía. Es preciso partir de un hecho incuestionable: caer en provocaciones de la derecha sería de funestas consecuencias para la lucha del pueblo en defensa de la nación. La experiencia histórica así lo demuestra, como también patentiza que la división de la izquierda ha sido el mejor aliado de los intereses oligárquicos de la minoría.
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el priísta Marco Antonio Bernal, se preguntó, con un gesto de asombro ante los periodistas: “¿Cuál debate?” Cabe la pregunta, desde luego, pero no en el sentido que le da el tamaulipeco Bernal, sino en el único realmente válido: la imposibilidad de un debate donde ya el grupo en el poder tiene las respuestas previamente hechas a todo lo que la oposición le señala. Según el priísta, “no puede haber debate si el piso de partida es que somos rateros, que sólo queremos hacer negocios”.
Aunque los hechos avalen que tal es la finalidad de la camarilla al servicio de la oligarquía, lo cierto es que el punto de partida del debate ha sido sistemáticamente rechazado por la derecha en el Congreso: la traición a la patria que significa ir en contra de los ordenamientos constitucionales. Una y otra vez se ha insistido, en ambas cámaras, que las reformas estructurales contravienen la letra y el espíritu de la Carta Magna, una y otra vez han sido rechazados los argumentos que así lo demuestran. La cantaleta ante las objeciones de la izquierda es una sola: “No ha lugar, por lo tanto se desecha”.
El debate siempre lo ha rehuido la derecha, porque sabe de antemano que lo tiene perdido: no tiene argumentos para rebatir las verdades inobjetables que son dichas en tribuna por legisladores consecuentes con la defensa de los intereses nacionales. Es paradójico que sea un gobernador californiano quien se muestre más preocupado por las consecuencias terribles para los mexicanos, derivadas de la reforma energética, de lo que deberían estar los legisladores en el Congreso. Esto demuestra que son válidos los señalamientos de que su principal interés está en “hacer negocios a costa de los bienes de la nación”.
Qué positivo sería que hubiera un debate, aunque no fuera de fondo, pero en la actualidad es imposible porque cada vez estamos más cerca del fascismo de nuevo cuño en México, en lo que se ha esmerado mucho la clase política al servicio de la oligarquía. Esto es lo que debe ser analizado muy seriamente por la izquierda verdadera, porque una vez consolidado el sistema, al gusto de los intereses dominantes de dentro y de fuera del país, será muy costoso revertirlo. Cuál debate, cabe preguntar a las bancadas de la derecha, cuando no están dispuestos sus integrantes a escuchar las propuestas contrarias a sus intereses.
La derecha en el Congreso dice estar convencida de que los órganos reguladores de las leyes secundarias serán suficientes para evitar que “nos coman vivos” las petroleras trasnacionales, como lo advirtió en días pasados el gobernador de California. ¿A quién quieren engañar con semejante “argumento”? ¡Y todavía se enojan porque se les dice en su cara que su único interés como legisladores es asegurar grandes negocios a la oligarquía! Así lo demuestra su convicción de liquidar los mandatos constitucionales, a cambio desde luego de algunas tajadas de los abundantes negocios que se abrirán a empresarios privados. ¿No es un buen ejemplo de esta afirmación el caso celebérrimo del ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella?
Lo bueno de la prensa escrita es que en las hemerotecas quedan las múltiples declaraciones y discursos de los miembros de la clase política al servicio de la oligarquía, como un testimonio inobjetable de que sus “justificaciones” a los actos antipatrióticos y antidemocráticos que llevan a cabo, la realidad se encarga de echarlos abajo. ¿Qué prueba la veracidad de tantas palabras a favor de la entrega del sistema político al Consenso de Washington a partir del año 1983? Nada absolutamente, como lo demuestra una revisión de los diarios en las hemerotecas del país.
