La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó la clausura temporal total de 17 polígonos que abarcan una superficie conjunta de 130.8 hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. La acción de inspección y vigilancia se derivó de la venta e intermediación irregular de terrenos dentro de esta Área Natural Protegida (ANP) de jurisdicción federal.
De acuerdo con la Profepa, en los terrenos intervenidos se promovían y comercializaban predios pertenecientes a los proyectos inmobiliarios «San Josué» y «Martha Elena». Dichas obras se realizaban en total contravención de la normatividad vigente, al carecer de las autorizaciones obligatorias en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Para la ejecución de la diligencia se desplegó un operativo interinstitucional coordinado entre las autoridades federales y el Gobierno del Estado de Yucatán, sumando un total de 437 servidores públicos en campo. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán aportó 357 elementos para garantizar la seguridad operativa, trabajando a la par de 15 inspectores de la Profepa, 35 integrantes de la Guardia Nacional y 30 efectivos de la Secretaría de Marina, logrando intervenir simultáneamente toda la extensión territorial sin registrarse incidentes.
La participación del gobierno estatal se enfocó en mantener el orden público, salvaguardar la integridad de la población y proteger al personal participante. A través de estas acciones, la administración encabezada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena y el Gobierno de Méxic refrendaron su compromiso de coordinación para la preservación de los ecosistemas, el respeto al Estado de Derecho y la aplicación estricta de la ley ambiental.
La Reserva de la Biosfera Ría Celestún es un humedal de relevancia internacional catalogado como sitio clave para la pesca ribereña, el turismo sustentable y la anidación de especies continentales, además de alberga amplias extensiones de manglares. La degradación de estos entornos pone en riesgo la estabilidad ecológica y la economía de las comunidades locales que dependen directamente de sus servicios ambientales.
Ante la proliferación de fraudes o ventas irregulares, la Profepa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado exhortaron a la ciudadanía a verificar que los desarrollos cuenten con todos los permisos ambientales en regla antes de realizar cualquier transacción inmobiliaria. Este trámite de consulta es totalmente gratuito y funciona como una herramienta indispensable para proteger el patrimonio familiar frente a proyectos que violan la legislación vigente.
