La Comisión Nacional del Agua (Conagua) encendió las alarmas: 52 mil concesiones en todo el país presentan irregularidades que van desde títulos vencidos hasta un verdadero huachicoleo de agua, con permisos agrícolas transformados en negocios inmobiliarios, balnearios de lujo y campos de golf.
La revisión se desprende de los 536 mil expedientes que existen a nivel nacional. De ese universo, 66% corresponde al sector agrícola, pero una parte ha sido desvirtuada en operaciones que afectan directamente a productores del campo, quienes dependen de esos títulos para mantener sus cosechas y acceder a apoyos federales como los subsidios de energía eléctrica.
4 mil millones de metros cúbicos rescatados
El dato más poderoso es que, gracias a inspecciones, devoluciones voluntarias y el programa gubernamental de tecnificación de riego, ya se logró la recuperación de 4 mil millones de metros cúbicos de agua. Este volumen equivale a miles de presas medianas y representa un paso clave para garantizar el derecho humano al agua en comunidades que históricamente han padecido la escasez.
“Una gran parte viene de los distritos de riego, otra de procedimientos administrativos, devoluciones de hidroeléctricas y del acuerdo nacional por el agua, donde empresarios regresaron lo que no utilizaban”, explicó Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector de Administración del Agua.
De la tortillería al campo de golf
El mecanismo de fraude detectado es simple, pero devastador: permisos otorgados originalmente para producir alimentos se convierten en pozos que surten pipas privadas, urbanizaciones de lujo o complejos recreativos. En estados como Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México se han registrado clausuras de represas y pozos clandestinos, algunos con capacidad para surtir hasta 300 pipas semanales.
La investigación también apunta hacia figuras públicas y empresas privadas. El caso más visible es el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, señalado por tener aprovechamientos ilegales en una de sus propiedades.
En entrevista con El Universal, Rodríguez Alonso aclaró que la indagatoria no se centra en nombres, sino en la ilicitud del uso del agua, aunque adelantó que la información será transparentada una vez consolidados los expedientes.
Clausuras, sanciones y nueva era de control
El proceso de ordenamiento ya derivó en 256 clausuras y miles de procedimientos administrativos. Los concesionarios que desvirtúen el uso agrícola deberán regularizarse o enfrentar sanciones.
Además, se abrió un decreto de facilidades para que pequeños y medianos productores puedan regularizar sus títulos en un plazo de tres meses, ya sea en ventanillas, módulos o en la página de Conagua.
“Estamos revisando título por título. Teníamos seis bases de datos que no se comunicaban entre sí, ahora estamos consolidando y depurando. Nuestro objetivo es claro: ordenar las concesiones y frenar el huachicoleo de agua”, enfatizó el funcionario.
Un recurso que hierve en la ilegalidad
Con cada irregularidad descubierta, queda más claro que el agua no solo es un recurso vital, sino también un botín. Lo que estaba destinado a sembrar maíz o regar frijol terminó alimentando urbanizaciones, albercas y balnearios.
La meta de la autoridad es cerrar esas grietas y garantizar que el agua se quede en donde más falta hace: el campo mexicano y las familias que dependen de él.
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