(20 de agosto, 2015).- Representantes de pueblos y barrios originarios del Distrito Federal manifestaron su descontento con la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano, la Ley de Medio Ambiente y el Programa General de Ordenamiento Ecológico, entre otras.
Demandaron ayer a los legisladores federales y locales y jefes delegacionales electos, así como al gobierno de la capital, que reformen los marcos legales necesarios para frenar o prohibir megaproyectos que son lesivos para su “patrimonio cultural, cohesión comunitaria y la integridad de nuestras tierras y territorios”.
La misión de esta organización es para que se prohíban megaobras como el proyecto carretero Arco Sur, el Tren Interurbano Marquesa-Santa Fe, la Autopista Urbana Oriente o la urbanización del Cerro de la Estrella.
Cada representación de las delegaciones Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimalpa, Tláhuac, Coyoacán y Cuauhtémoc tuvo su turno para exponer el caso en cuestión que afecta s patrimonio cultural; los resultados de ese encuentro serán entregados en los próximos días a los legisladores y autoridades centrales y delegacionales.
Entre los planteamientos está su exigencia de que se respete el derecho a la consulta en sus comunidades para que “cualquier actividad, programa o acción que nos afecte sea sometido a consulta de los pueblos y barrios originarios, y ese ejercicio sea de manera libre, informada y vinculante”.
Incluso, en los resolutivos que leyeron ante diputados federales y locales electos de PRD, Morena y PAN, detallan la necesidad de “buscar mecanismos de restitución por el daño ocasionado por la política de depredación que llevó a la desaparición de la propiedad colectiva de la tierra y el agotamiento de los recursos naturales, en especial la sobrexplotación de mantos acuíferos”
