La noticia fue confirmada durante una concentración realizada en Chihuahua, donde representantes del PAN señalaron que, al no cumplirse el requisito formal, la solicitud debía considerarse jurídicamente improcedente
La solicitud de juicio político promovida por diputados locales de Morena en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efectos luego de que los legisladores promoventes no ratificaran formalmente el recurso dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable. La determinación cerró, al menos por ahora, una ruta legislativa que buscaba analizar posibles responsabilidades derivadas de la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio chihuahuense.
La petición había sido presentada días atrás por un grupo de diputados morenistas, quienes argumentaron que la presunta intervención de personal extranjero en acciones de seguridad ameritaba la apertura de un procedimiento para determinar eventuales responsabilidades políticas. Sin embargo, la falta de ratificación impidió que el expediente avanzara a las siguientes etapas previstas en el proceso legislativo.
La noticia fue confirmada durante una concentración realizada en Chihuahua, donde representantes del Partido Acción Nacional señalaron que, al no cumplirse el requisito formal, la solicitud debía considerarse jurídicamente improcedente. Legisladores locales también reconocieron que el trámite no fue completado dentro de los tiempos establecidos.
El episodio ocurre en medio de una controversia política generada por las investigaciones relacionadas con un operativo contra instalaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en la Sierra Tarahumara. El caso ha provocado intercambios de posicionamientos entre Morena y el PAN, además de investigaciones federales para esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.
Por su parte, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las indagatorias deben conducirse conforme a la ley y con respeto al debido proceso. En distintas declaraciones, la mandataria ha señalado que corresponde a las autoridades competentes determinar responsabilidades a partir de las evidencias disponibles, sin adelantar conclusiones ni interferir en las investigaciones.
Mientras tanto, las autoridades federales continúan con las pesquisas relacionadas con la operación realizada en Chihuahua. El caso mantiene presencia en la agenda pública debido a las implicaciones que tiene en materia de seguridad, cooperación internacional y respeto a los procedimientos establecidos por la legislación mexicana.
