Por: Carlos Bauer
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Antes de ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto en materia de telecomunicaciones presentada el lunes 11 de marzo por el Consejo Rector del Pacto por México deberá tener la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales de dicha Cámara. Los integrantes de esta comisión han iniciado su legislatura con bastantes ocupaciones. Integrada por 17 diputados electos mediante mayoría relativa –voto directo– y 13 incluidos en las listas de representación proporcional –los llamados plurinominales–, durante el último mes la comisión fue la encargada de aprobar la Reforma Educativa y la referente al fuero de que gozan los funcionarios públicos de alto rango.
Esta iniciativa es la segunda de las diseñadas en el marco del Pacto por México que es llevada al Pleno –la primera fue la Reforma Educativa, aprobada el 26 de febrero pasado. De ser aprobada, de las “reformas estructurales” ya sólo quedarían pendientes las reformas fiscal y energética, cuyo camino quedó allanado después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobara por unanimidad el cambio en sus estatutos para permitir que sus diputados voten el IVA en alimentos y medicinas y la privatización de los energéticos.
Ya que su discusión se llevó a cabo entre los miembros del Consejo Rector del Pacto por México, la iniciativa se presenta con el acuerdo entre los partidos miembros de dicho pacto –PRI, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– de no realizar ningún cambio en el texto de la iniciativa a fin de acelerar su trámite: se cuenta con que la reforma sea aprobada y turnada al Senado en una semana a lo máximo.
Por tanto, parece que los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de dictaminar la constitucionalidad de la iniciativa antes de remitirla al Pleno, serán meros “palomeadores” de una decisión tomada fuera del recinto parlamentario. En la Comisión sólo hay un diputado identificado como miembro de la denominada “telebancada”, es decir, el grupo de legisladores que no sólo apoyan los intereses de las dos grandes empresas de televisión, sino que han tenido cargos dentro de ellas o cuyas carreras han sido impulsadas por el duopolio televisivo. Se trata de Antonio Cuéllar Steffan, quien habría brindado a las televisoras “asesoría jurídica, procesal y constitucional respecto del seguimiento de los procesos de licitación de la fibra óptica y del espectro radioeléctrico en la Cofetel en 2007”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales es Julio César Moreno Rivera, un perredista cuya carrera hasta ahora había transcurrido en la política local del Distrito Federal –dos veces diputado local, y delegado de Venustiano Carranza en el periodo 2006-2009– y quien aparentemente no ha tenido relación previa con el debate en telecomunicaciones. Otra perredista que integra la comisión es Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas acusada de malos manejos durante su gestión. En 2010 perdió la gubernatura a manos del PRI, tras haber postulado para sucederla a su hija Claudia Corichi Garcia, actual senadora plurinominal del PRD.
Una de las secretarias de la comisión es la diputada plurinominal del PVEM Ruth Zavaleta, también diputada en el periodo 2006-2009, pero por el PRD. Se le recuerda por haber sido uno de los primeros personajes de ese partido en reconocer a Felipe Calderón como presidente legal. En ese periodo fue presidente de la Cámara de Diputados entre 2007 y 2008. Antes se había desempeñado en la jefatura delegacional de Venustiano Carranza y como secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas.
Pese a la amplia presencia de licenciados en Derecho, de quienes conforman la secretaría de la comisión, el único que cuenta con una formación en derecho constitucional es el diputado panista por Querétaro Marcos Aguilar Vega, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Querétaro. El diputado se encuentra en litigio por difamación con el diputado local priista Ricardo Carreño Frausto, quien le acusa de haber presentado una iniciativa de ley que obligaría a todos los propietarios de automóviles en Querétaro a contratar un seguro automotriz porque un familiar suyo trabajaba en una compañía aseguradora.
Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, podría romper la unanimidad en la aprobación de la iniciativa, por ser uno de los tres miembros de la comisión que no se encuentran adheridos al Pacto por México, además de haber sido el único que votó en contra de la reforma al fuero constitucional.
