(27 de febrero, 2014).- “A lo largo del territorio mexicano conviven más de 60 pueblos indígenas, cuyas diferentes cosmovisiones y formas de organización social política y cultural, representan una enorme riqueza para la sociedad. El derecho de los pueblos indígenas a administrar la justicia en sus territorios, es parte del derecho más amplio a la autonomía y a la libre determinación, reconocido formalmente en la legislación nacional e internacional, pero en buena medida, ignorado por el Estado mexicano”.
Se trata de la introducción del documental “Raíces de nuestra justicia”, realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., que describe cuatro tipos de sistemas normativos indígenas alrededor del país.
Los J’emeltsa’anwanej, tseltales de El Bachajón, Chiapas; los Ayuuk de Jaltepec de Candayoc, Oaxaca; los wixarila de Bancos de San Hipólito, Durango; y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Costa Chica y de La Montaña, en Guerrero, son los protagonistas del documental que narra expresiones actuales de autonomía indígena y las dificultades que esto conlleva en las comunidades.
“Para la justicia indígena es muy importante que cada etnia reconozca cómo ellos pueden arreglar sus problemas, porque los mestizos no conocen el trato que se puede dar a los indígenas, tienen otra mentalidad y otra forma de arreglar sus conflictos. Cada etnia debe tener su justicia propia para que ellos puedan resolver sus problemas tal como ellos vean”, señala en el video, Juan Méndez, habitante de Chilón, Chiapas.
Las formas de organización van desde el poder comunal, la elección de representantes sin partidos políticos –como en el caso de los mixes en Oaxaca– hasta la conformación de la Policía Comunitaria en Guerrero desde 1995, en la cual participan cerca de 89 comunidades que toman decisiones a partir de una asamblea regional donde se nombra a coordinadores y comandantes regionales, todos con cargos de sólo tres años.
Acorde con el antropólogo Gilberto López y Rivas, se trata de procesos de readaptación, un cambio en los pueblos tanto indígenas como mestizos –como el caso de la Policía Comunitaria- en función de la violencia que se vive en sus comunidades.
“’Nosotros cuando arreglamos problemas no pedimos dinero ni multas ni castigos. Nosotros lo que hacemos es buscar la raíz del problema; donde empezó, cómo empezó y nuestro trabajo es la reconciliación de ambas partes’. Lo dialogan y llegan a un acuerdo”, explica Rebeca Gutiérrez Hernández, habitante de san Jerónimo Tulijá, Chilón.
A continuación, el documental completo en el cual las experiencias interculturales reinventan una justicia comunitaria, que a decir de los realizadores, representan la defensa colectiva más fuerte en contextos de violencia.
