Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(24 de marzo, 2015).- El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) calculó que la Secretaría de Hacienda podría llegar a recortar entre 200 y 250 millones de pesos, lo que significa el 1 y 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en 2016. Lo anterior en el borrador de presupuesto que debe ser entregado al Congreso de la Unión en los siguientes días.
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De ser ciertos los pronósticos se doblaría el recorte de este año, mismos que fueron señalados como de manera “preventiva” y que, de los 124 mil millones reducidos, la más afectada fue Petróleos Mexicanos (PEMEX) con 62 mil millones de pesos.
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“El recorte podría ser mayor si se dispara la inflación en Estados Unidos, lo que obligaría al Banco de la Reserva Federal a subir sus tasas violentamente, y por consiguiente al Banco de México”, señaló Ernesto O’Farril, presidente de la comisión de análisis económico del IMCP.
Agregó además que un alza en las tasas de referencia de BANXICO podría servir para parar la depreciación del peso pero esa acción obligaría a México a pagar mayores intereses, por la deuda, y además se frenaría la actividad económica por un encarecimiento del crédito.
Si esto llegar a ocurrir también complicaría a los ciudadanos con el encarecimiento del financiamiento al consumo, esto último incrementaría la morosidad en este rubro, ubicado ya en 8 por ciento convirtiéndose así en un “foco amarillo” según el IMCP.
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Por si no fuera suficiente anunciaron que también las finanzas públicas están amenazadas en 2016 producto de la caída del precio del petróleo, que estará por debajo de los 50 dólares por barril y ya no habrá coberturas petroleras que aseguren el costo de 76 dólares.
A su vez casi cuatro millones de contribuyentes, inscritos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) dejaron de pagar impuestos por 15 mil 649 millones de pesos desde el pasado año además de que se prevé que el nuevo régimen, que sustituyó a REPECOS (Régimen de Incorporación Fiscal) afecta a las arcas del gobierno.
Este panorama llevó al Instituto a instar al gobierno federal a replantear su política fiscal, ante este panorama, e imponer un impuesto al valor agregado (IVA) generalizado de 16% para aumentar y redistribuir la carga fiscal entre la basa de la población.
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Además recomendó repatriar capitales y deducciones personales sin límite para personas físicas, así como deducciones a la reinversión de utilidades, prestaciones, sueldos y una reducción al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
