Norberto Emmerich y Joanna Rubio / Colaboradores
(28 de mayo, 2014).- Hace pocos días diez reos condenados a muerte en Irán por narcotráfico fueron ahorcados en la prisión central de la provincia de Kerman. De los países que siguen aplicando la pena de muerte, los que más hacen uso de este castigo son Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen.
El derecho internacional especifica que los países que no hayan abolido la pena de muerte solo pueden aplicarla para los delitos “más graves”. ¿Qué es un delito más grave en relación al resto? En Irán es considerado un delito grave el sexo premarital y se castiga con la lapidación del acusado. Pero de igual manera se ha sentenciado a muerte a enfermos mentales por matar a un policía (como fue el caso del mexicano Edgar Tamayo). Definir la gravedad de un delito depende del cuadro social en el que se desarrolla. En Uganda se está estudiando un proyecto de pena de muerte por homosexualidad.
No se trata entonces tanto de los delitos que se cometen como del mensaje político que se envía a en una sociedad dada en un momento específico.
El populismo penal es una de las grandes tentaciones en las sociedades azotadas por el crimen. Apostar al endurecimiento de las penas suena bien en los encabezados de los diarios y muchas veces es una promesa que reconforta a los familiares y a las víctimas del crimen. Sin embargo, en las democracias occidentales esto pareciera ser una demostración de lo que Foucault describía en las primeras páginas de su célebre obra Vigilar y Castigar. Al final, los sistemas punitivos son sistemas de control y de mantenimiento del poder.
La pena de muerte es utilizada como una humillación total ante un crimen, ya que este castigo no da espacio a la incertidumbre de que el supuesto crimen no haya sido castigado. De esta manera se somete al cuerpo y la prisión prevalece como un soporte institucional. Esta práctica no es consecuencia de determinadas teorías jurídicas sino que es una parte de una anatomía política, donde se cercan y dominan los cuerpos convirtiéndolos en un mensaje político.
Los procesos de castigo son una función social compleja. Para comprender los métodos punitivos capitales es indispensable analizarlos desde una perspectiva política y no únicamente como una consecuencia de la aplicación de la ley. La confluencia de estos dos conceptos (ley y política) abre nuevos debates para examinar el cuerpo de la pena capital como un proceso de formación epistemológico-jurídico y estudiar las afectaciones que las relaciones del ejercicio del poder obran sobre ella.
La teoría penal no busca castigar el crimen sino a los individuos. Busca castigar lo que estos individuos son, no lo que estos individuos hicieron. Esta sería una semiótica punitiva expresada como política del cuerpo. Este ejercicio del poder no sólo excluye, señala, aísla, mata, sino también produce. Para Foucault el proceso penal produce rituales de verdad, produce una realidad y envía un mensaje político que busca producir un determinado tipo de individuo.
Es el discurso que enarbolan muchos de los defensores de la pena capital que buscan, quizá sin saberlo, la ampliación del dominio político a través de los sistemas punitivos en un discurso disfrazado de protección a la población o resarcimiento a los daños hechos a la sociedad. Sin embargo, el discurso público se preocupa muy poco sobre los efectos que podría tener la pena de muerte como elemento disuasorio. Este tema es trascendental, puesto que el discurso ideológico común está impregnado de sobresimplificaciones y errores que podrían llevar a tomar malas decisiones en este sentido.
En las instancias internacionales parece haber un consenso: la pena de muerte debe ser abolida si se la evalúa desde una perspectiva de derechos humanos. Tan sólo el año pasado 2013, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, y el relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, mostraron su preocupación ante el hecho de que la pena capital esté aún vigente en un tercio de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
No existen pruebas contundentes, al menos en Estados Unidos, de que la amenaza de pena de muerte sea disuasoria por sí misma. Se ha encontrado evidencia, por otra parte, que el desincentivo más efectivo para la comisión de un crimen es la percepción real de que se corre peligro de recibir una sentencia. Es decir, el disuasor es el sistema en sí mismo y no el endurecimiento de sus penas.
Bajo esta perspectiva, la pena de muerte no constituye un elemento capaz de disuadir la comisión de un crimen, pero sí ejerce un control que sobre la base de la humillación del cuerpo constituye un supuesto resarcimiento a la comunidad, pero la prevención del delito no son temas que preocupen a los gobernantes.
No pretendemos dar una respuesta al interrogante mundial del por qué en este siglo lleno de tecnología y defensor de libertades individuales sigue aplicándose la muerte como castigo, pero sí contribuir al debate para comprender por qué la aceptación pasiva y burocrática de la muerte como símbolo de civilización y tranquilidad se condice con un proceso de inoculación construido en siglos de tortura y sumisión, que terminaron por acallar y allanar toda rebeldía. Sobre ese origen se montó luego la semántica de la represión legal y el monopolio legítimo.
La historia también se constituye discursivamente y las distintas interpretaciones de un proceso son posibles lecturas alternativas de una misma historia. Cada versión tiene diferente implicancia para la constitución de las subjetividades y el predominio discursivo de una explicación sobre un conjunto de otras posibles implanta un significado e influye en las expectativas, comportamientos, deseos y preferencias de los sujetos. Esta creación de significado es más aguda en los casos en que el sujeto se comporta como un mero “recipiente” que no encuentra mecanismos para elaborar su propio discurso. El exitoso intento estatal por crear una interpretación única de seguridad es el ingrediente que vuelve legítima la pena de muerte.
Y las instituciones llevan adelante esta tarea inoculadora con total conciencia. En la realidad, social y biológica, el hombre no puede existir fuera de la sociedad. El hombre recién nacido debe ser humanizado y para ser humano debe ser socializado. Esta sociedad no es una abstracción ideal, su existencia puede determinarse a través de las instituciones, en las que se encarnan los imaginarios sociales, aquellos significados que dan sentido a la vida, a la sociedad y a las opciones posibles, deseables y realizables. No tiene sentido material especular sobre la polaridad entre individuo y sociedad, porque el individuo realmente existente es una reproducción de la sociedad.
Las instituciones y sus imaginarios no pueden existir si no se conservan, para conservarse y sobrevivir deben adaptarse, y para adaptarse necesitan del poder. Nuestro mundo, que para escribir la historia presente contiene secuelas de la historia precedente, es un mundo histórico-social forjado por sus instituciones.
Si todo lo nuevo tiene secuelas de lo viejo, la sociedad no puede sino producir individuos sociales conformes a ella, conformados por ella y productores de ella. Sobre este poder reproductor implícito y rutinario se montará siempre un poder explícito y excepcional, con sus dispositivos disciplinarios y de control específicos.
La necesidad de este poder se justifica por la existencia de tres factores: en primer lugar, el mundo pre-social, entendido como las pulsiones y tendencias hacia la individuación no institucionalizada, anárquica y anómica, debe socializarse, incorporarse a la dinámica de rutinas operativas estandarizadas de la sociedad capitalista. La aparición de individuos “libres” es una amenaza de primer orden para el orden social.
En segundo lugar la psiquis de los hombres particulares no puede ser formada ni socializada sin la intervención de las instituciones. Ellas proveen no solo una economía de esfuerzos a través de los procedimientos, sino también de las normas y valores a las que esos procedimientos corporizan. Los valores del trabajo, la obediencia a la autoridad, el cumplimiento de la ley y la oferta de la vida por la patria, son socializados por instituciones, principalmente la escuela y la familia. Y cuando éstas fallan, por la cárcel y la pena de muerte.
En tercer lugar, toda sociedad contiene un impulso hacia el porvenir, porque reproducirse es sobre todo perpetuarse. La actual construcción exitosa del futuro no es la apuesta a un mundo mejor, sino la implantación del imaginario de un futuro atemporal políticamente determinado. La sociedad necesita que sus instituciones representen la posibilidad del cambio en la continuidad. Cualquier pretensión de ruptura en el continuum temporal convocará las capacidades disciplinarias del poder explícito.
Para ello se necesitan instancias instituidas sobre la base de tomar decisiones sancionables respecto de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, la posibilidad de legislar, ejecutar, resolver los conflictos y gobernar. Se comprende entonces que el poder explícito sea el garante instituido del monopolio de los significados legítimos de la sociedad. Cualquier entidad individual o colectiva que pretenda difundir o implantar significados alternativos será silenciada, con los mecanismos que cada sociedad nacional estime convenientes, lo que incluye la dictadura como régimen político y la pena de muerte como procedimiento penal.
