El miércoles 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
Desde el anuncio del decreto, medios de comunicación y grupos de oposición afirmaron que la reforma promueve “expropiaciones”. Además, asegura que se trata de una reforma “inconstitucional”, que incrementará los precios para familias y empresas.
Sin embargo, la reforma a la Ley de Hidrocarburos no plantea las expropiaciones como eje de la modificación.
El dictamen aprobado deja sin efecto la facultad que tiene la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de limitar la participación de Pemex en el sector de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Por lo que, se eliminaría el principio de regulación asimétrica establecido en la reforma energética de 2013. El cual limitó la participación de Pemex en el sector, para permitir la entrada y operación de competidores privados en el sector de hidrocarburos.
Así, la reforma únicamente contempla la “transición” a un mercado donde “todos los participantes, incluyendo Pemex, se encuentren en igualdad de condiciones regulatorias”. De acuerdo con el diputado morenista Manuel Rodríguez.
Además, propone que las autoridades puedan suspender permisos de privados “a fin de garantizar los intereses de la Nación”. O, cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Lo que no, en automático, da paso a la expropiación.